Vicente Aupí, Guía del clima de España. Omega, Barcelona, 2004
Bloques de hielo que se precipitaron sobre España en enero de 2000, la catástrofe de Biescas de 1997 o la caída a -30º C de los termómetros del observatorio de Calamocha en la madrugada del 17 de diciembre de 1963, pueden ser tan “normales” como los periodos en que los datos del clima son estándares. Una ciencia como la meteorología, que ilustró con la célebre imagen del “efecto mariposa” la física del caos, parábola de divulgación científica más que otra cosa, intenta en el momento actual determinar el alcance del denominado cambio climático. Los científicos intentan ponerse de acuerdo sobre la realidad del cambio originada por el impacto de la sociedad industrial sobre nuestro planeta. Sin embargo, ahora que el concepto “cambio climático” empieza a ser aceptado y utilizado por la gente de la calle tras las olas de calor de los últimos veranos, tampoco pueden ser considerados todos los fenómenos “anormales” como síntomas de ese cambio climático. Un buen ejemplo de estos excesos es el haber oído, por el autor de estas líneas, que el Tsunami del sureste de Asia podía tener su origen en el cambio climático, cuando no se trata de un fenómeno meteorológico sino sísmico.
El libro intenta dar respuestas a algunas de estas cuestiones y pretende contextualizar la “anormalidad” de algunos fenómenos en la “normalidad” de las series climáticas y en el comportamiento de la atmósfera, “la máquina más compleja que existe en la naturaleza” según el autor. Sin negar la evidencia de un calentamiento global (página 28 del libro), perceptible en las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo, es cierto que no seremos capaces de valorar este fenómeno si atribuimos al fenómeno cualquier situación “anormal” y no despejamos las verdaderas incógnitas.
Este interés por incorporar a la reflexión el impacto en la sociedad de los fenómenos atmosféricos es uno de los logros de la obra. Es consecuencia de la actividad periodística del autor sobre temas meteorológicos en el periódico de mayor tirada de la Comunidad Valenciana (Levante-El Mercantil Valenciano); se añade además la capacidad divulgativa del autor, que incorpora al texto numerosas ilustraciones y tablas de series climáticas. Todo ello acaba haciendo un libro divulgativo de un tema complejo pero que tiene a nuestra civilización “pendiente del cielo”, quizá, más que en aquellos tiempos, no tan lejanos, en que el ser humano no disponía de instrumentos de medición ni instrumentos conceptuales para comprender y predecir los fenómenos atmosféricos. El carácter divulgativo se ve acrecentado por una cuidada edición con numerosas fotografías del trabajo de campo del propio autor en su mayoría, imágenes de satélite y mapas del tiempo, en color, mérito que cabe atribuir a la editorial Omega.
El Capítulo 1, como se ha dicho, nos adentra en las implicaciones sociales del clima y los evidentes síntomas del calentamiento de las últimas décadas. Sigue un Capítulo dedicado a los extremos climáticos, a las puntas de sierra de las series estadísticas recogidas por los observatorios repartidos por la geografía española. El tercero está dedicado a "Los caprichos de la atmósfera", donde se dan cita los tornados, la catástrofe de Biescas y los inviernos cálidos y veranos fríos, como consecuencia de la confluencia de factores que desencadenan fenómenos caprichosos” en el comportamiento atmosférico. El Capítulo 4 está dedicado a las anomalías climáticas iniciadas en el siglo XX, esas de las cuales está pendiente la sociedad actual; mientras que el Capítulo 5 se centra en el escenario climático actual, el de nuestros días. El 6 es un capítulo dedicado a los escenarios climáticos posibles: anticiclones invernales, nevadas, temporales de levante, nieblas… El capítulo 7 hace un repaso a los rasgos climáticos de las comunidades autónomas como consecuencia de la variabilidad climática de la geografía española. El Capítulo 8 es un prontuario cronológico de fenómenos históricos del clima de España. Finalmente, el Capítulo 9 se centra en el cambio climático en España pues “figura entre los países donde los modelos teóricos elaborados por diversos grupos de científicos auguran una subida de las temperaturas paulatina en las próximas décadas, y claras alteraciones del régimen de precipitaciones”. Las tablas de datos de los observatorios de la red principal, con temperaturas máximas, mínimas, medias, precipitaciones, de todo el país…, cierran el volumen.
Sólo cabe una última reflexión suscitada por la lectura del libro desde la interdisciplinariedad de quien se ocupa de la investigación arqueológica desde hace años. Los estudios sobre el clima son deudores de las series estadísticas existentes desde mediados del siglo XIX, según las zonas. Sin embargo, la preocupación de nuestra civilización por el cambio climático hace que se dediquen esfuerzos a observaciones indirectas sobre el clima y el edio ambiente desde las disciplinas históricas y arqueológicas. El Consejo de Europa financió un proyecto, Archaeomedes, que pretendía rastrear el origen de las causas de la desertización y desertificación, para lo cual recurrió a historiadores y arqueólogos liderados por Sander van der Leeuw de la Universidad de Cambridge, y posteriormente de La Sorbona. Las transformaciones agrarias de los paisajes desde el Neolítico, la presión medioambiental de la sociedad imperial romana eran evidenciados y rastreados por los análisis edafológicos y sedimentológicos de los estratos que cubren yacimientos arqueológicos que tienen una determinada cronología; o por las transformaciones de las estructuras agrarias evidenciadas por los análisis de la morfología de los paisajes agrarios.
Los fenómenos extraordinarios en forma de riadas y aluvionamientos o de erosión, también son perceptibles y contextualizables en periodos históricos a través de los restos de instalaciones agrarias de las sociedades pretéritas. De esta forma, la observación restringida en el tiempo, aunque intensiva, de las series estadísticas existentes desde el siglo XIX se ven completadas por observaciones extensivas pero de “larga duración” que permiten calibrar las anomalías climáticas en un periodo muchísimo mayor que el que ofrecen las series estadísticas.
Solamente pondré un ejemplo. Los registros arqueológicos que encontramos en el Mediterráneo permiten observar picos de inundaciones y procesos erosivos posteriores en varios siglos a la época imperial romana y que han sido interpretados como la consecuencia directa de la fuerte presión ejercida sobre el medio en el momento de máxima explotación agropecuaria destinada a una economía de mercado: los siglos I y II d.C. Una observación puntual en un periodo de tiempo corto, los 150 años que transcurren entre mediados del siglo II d.C. y el siglo III d.C. podrían haber incitado a interpretar los síntomas del cambio climático de ese momento como picos en las series estadísticas, aunque no la realidad de las transformaciones profundas que se percibirían con posterioridad. Igualmente, la percepción climática que un observador del siglo V d.C. podría tener jamás habría podido conectarla con los momentos de mayor presión sobre el medio de algunos siglos atrás. La enseñanza parece evidente, si queremos entender los fenómenos anómalos del clima actual que anuncian un panorama poco alentador de futuro, debemos retrotraernos a los del pasado, analizando los del presente y separando el polvo de la paja, los fenómenos normales de los extraordinarios. Como diría March Bloch “es el presente el que plantea y formula las cuestiones del pasado y es el pasado quien esclarece la extraña singularidad del presente”.
En definitiva un libro que no puede faltar en la biblioteca de aquellos que de vez en cuando miran al cielo y se preguntan si caerá sobre sus cabezas.
La percepción del patrimonio que tiene buena parte de los planificadores del suelo, sea urbano o rural, ha cambiado en los últimos veinte años. Como consecuencia de gestiones improvisadas y a pesar de los avances logrados, el resultado actual se encuentra en franco retroceso. Ello se traduce en la pérdida cotidiana de patrimonio cultural de toda índole, aunque fundamentalmente arqueológico, y no tanto por una falta de preocupación explícita, sino por una gestión que no ve más allá de lo inmediato, por una percepción del patrimonio como algo contemplativo que en la práctica cotidiana genera problemas. Sin embargo, el patrimonio no debe ser un freno para el desarrollo y la gestión del territorio, sino un útil de gestión y un factor estratégico.
A ello se añade una nueva urgencia derivada de la paulatina desaparición de los paisajes rurales y de la Huerta que conlleva el daño colateral de la disipación de la institución del Tribunal de las Aguas, tal y como ha puesto de relieve el Escrit sobre el perill de desaparició del Tribunal de les Aigües en el marc de l'amenaza de desaparició de l'Horta, de 28 de junio de 2004.
Esta situación se debe, en parte, a la desconexión de las políticas patrimoniales y las de investigación y desarrollo (I+D). La gestión diaria del patrimonio carece de relación con las líneas de investigación básica, fundamentalmente por la falta de implicación de la universidad ante la ausencia de demanda de las administraciones a aquélla para la creación de líneas de investigación que resuelvan los problemas de la gestión diaria. En ese sentido extraña la ausencia de una formación específica en las universidades, donde aún no se han creado titulaciones ni existen prácticamente asignaturas específicas sobre arqueología de gestión, del paisaje, y menos aún en arqueología preventiva, a diferencia de las universidades francesas e italianas.
Estos conceptos (paisaje, arqueología preventiva...) son críticos con una idea de la arqueología en general y de la excavación en particular como un método de conocimiento puntual y destructivo de un recurso patrimonial no renovable. La arqueomorfología o los análisis morfodinámicos de los paisajes rurales y urbanos se centran en los territorios como principal objeto de la investigación, las formas de los paisajes como sistemas estructurantes de la actividad agraria y como marcadores culturales en el medio, y las formas del hábitat como identificadores de la presencia humana.
La arqueología del paisaje y el análisis morfológico de las formas agrarias mediante cartografía histórica o actual, la fotografía aérea o las escenas satélite, junto a los datos derivados de las prospecciones sistemáticas, es la técnica más adecuada para el desarrollo de cartografías y documentos de evaluación del patrimonio y atlas de cartografía histórica integrados en sistemas de información geográfica (SIG) aplicados al concepto de riesgo de impacto arqueológico en la arqueología preventiva y la protección de bienes culturales.
Frente a las cartas arqueológicas tradicionales confeccionadas en los años 80 y 90 como simples dispersiones de puntos sobre un plano, que resultan prácticamente inoperantes para la toma de decisiones prospectivas, debería poderse definir los elementos constitutivos de documentos de gestión urbana y territorial histórico-arqueológica cuyo espíritu deberia ser el diseño de planos de potencialidades patrimoniales, ambientales y de aquellos aspectos técnicos que permitieran la ordenación territorial como un planteamiento anticipador y estratégico para determinar los valores más oportunos y transformadores de una política territorial, como aconseja la Estrategia Territorial Europea (ETE).
Para ello debería definirse una metodología de catalogación, protección, conservación y explotación sostenible del patrimonio paisajístico, así como la creación y perfeccionamiento de métodos no destructivos de catalogación y conocimiento científico en el marco de una arqueología preventiva a través de una arqueología del paisaje.
La definición de la Convención Europea del Paisaje (Florencia, 2000), que establece que un paisaje es "una parte del territorio percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta dela acción de factores naturales y/o humanos y de sus interpretaciones", debe ser dotada de contenido. Se hace urgente definir una política patrimonial sobre el paisaje a aplicar en el ámbito de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de proteger y ordenar los paisajes de la Comunidad.
De esta forma es imprescindible, como establece el artículo 5 de dicha convención, el reconocimiento jurídico del paisaje, la definición y aplicación de las políticas que le afectan, y la integración del paisaje no solamente en las políticas de ordenación del territorio. como ya hace la ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana, sino también en las políticas de urbanismo, culturales, ambientales, agrarias, sociales y económicas.
Prefacio de Gérard Chouquer
Es raro que un investigador formado en una especialidad, se dé a conocer más tarde como uno de los mejores en otra bien diferente. Es el caso de Ricardo González Villaescusa, que ha pasado con acierto de la arqueología funeraria -objeto de una tesis publicada- al estudio de las formas históricas de los paisajes. Los textos reunidos en este volumen datan todos del periodo comprendido entre 1995-2000, y son testimonio de su actividad y de su curiosidad científicas.
Desearía en este prefacio subrayar algunos aspectos importantes de su trabajo, en razón del contexto científico y de su participación en la evolución de los debates que se llevan a cabo sobre los paisajes y su estudio.
Conviene, antes que nada, resaltar la aportación de Ricardo González Villaescusa al debate teórico y a la construcción de las herramientas del análisis morfológico. Quizá el lector sepa que desde hace una decena de años, un grupo de investigadores que coordino emprendió la tarea de realizar una serie de análisis morfológicos con el fin de reflexionar sobre los presupuestos normales que conciernen a las formas agrarias habitualmente atribuidas a una u otra sociedad antigua. Esta labor surge de una primera renovación que fue conducida por los historiadores de la antigüedad, en los años 70 y 80, sobre el tema clásico de las centuriaciones, y que condujo a una reafirmación de las condiciones en las cuales era abusivo pretender identificar una centuriación romana. Pero al mismo tiempo que se conducía esta empresa de retorno al rigor el entusiasmo por el objeto provocó, paradójicamente, nuevos extravíos..., y florecieron las falsas centuriaciones.
Es también la época en que las sociedades medievales no tenían formas, es decir, los medievalistas no veían el interés en buscarlas. Se vivía sobre la base de los trabajos de la arqueología anglosajona que planteaban el siguiente supuesto: la puesta en marcha de los openfields se habría producido en el marco de una planificación bastante generalizada de los terrazgos agrícolas. A principios de los 90, los medievalistas recordaban todavía este doxa.
El trabajo de nuestro grupo -al cual Ricardo González Villaescusa se unió desde principios de los años 90 y que ha seguido fielmente, pese a la incomodidad de los desplazamientos y estancias lejos de su país- ha consistido en emprender una refundación bastante completa o, más exactamente, a tomar progresivamente consciencia de la necesidad de esta refundación.
El lector interesado podrá encontrar en las recientes publicaciones que se encuentran citadas en la bibliografía del volumen, la descripción de esta corriente de morfología histórica y dinámica, sus conceptos y elaboraciones, su epistemología y su metodología. Me limitaré aquí a decir rápidamente que Ricardo González Villaescusa mostró una aptitud a conceptualizar que nos sedujo a todos desde el primer momento. Recordamos bien cuando nos propuso el concepto de regularidad orgánica, cómo llamó la atención sobre la importancia de la conexión en el seno de los sistemas y redes parcelarias de riego, cómo reflexionó sobre las condiciones de la morfogénesis de los sistemas parcelarios coherentes, y cómo supo, finalmente, trasladar estas nociones a la interpretación de interesantes documentos cartográficos.
Con la lectura de los capítulos de este libro, sorprenderá al lector el camino que el autor ha hecho avanzar a la investigación española. Es él quien personifica la transición, o si se prefiere, la articulación, entre geógrafos, arqueólogos y morfohistoriadores. Cuando en 1974 era publicada en Madrid la famosa recopilación Estudios sobre centuriaciones romanas en España, recordamos que la empresa fue llevada a término por geógrafos. En esta época, el estudio de las formas agrarias sólo podía llevarse a cabo por los geógrafos "rurales” y no por historiadores o arqueólogos, presa de sus respectivas fuentes. Más tarde el estudio de las formas sería pretendido, léase recuperado, después contestado y rechazado por la arqueología. Se han realizado ensayos para definir una arqueología de los paisajes, que han chocado con la irreductibilidad de las escalas. Ricardo González Villaescusa ha podido comprobar, por sus experiencias de colaboración entre arqueología y morfología, en el País Valenciano como en Francia meridional o Marruecos, la dificultad que entrañaba el diálogo entre ambas disciplinas, la fuerte incomprensión y los limitados puntos de contacto. Pero ha contribuido a hacer tomar consciencia de que el análisis de las formas históricas es asunto de especialistas y que no podía ser incorporado por la arqueología sin precaución.
Hoy, yo definiría a Ricardo González Villaescusa como uno de los morfohistoriadores más sólidos por su preocupación constante por ligar una forma agraria a la sociedad que la produjo; y de los investigadores más abiertos por su resistencia a ser víctima del periodo histórico que es su especialidad de origen (la antigüedad). Aunque yo he roto algunas lanzas contra los procedimientos rutinarios de la práctica morfohistórica, reconozco hoy con agrado que él ha sido uno de los que han demostrado la posibilidad de la refundación de esta práctica sobre bases rigurosas.
Este último aspecto me parece fundamental y me conduce a formular un matiz a una idea importante; matiz que, por otra parte, es en beneficio del autor. Ricardo escribe en el último capítulo que es necesario pasar por una fase transitoria de producción de hipótesis morfológicas, que no pueden ser confirmadas en lo inmediato; situándose así en la idea de que una organización de las formas, leída en un mapa o fotografía aérea puede, y debe, ser controlada sobre el terreno mediante la arqueología.
Su participación como morfohistoriador en proyectos arqueológicos nos ha hecho poner en duda dicha afirmación. El plano morfológico es a menudo independiente del plano arqueológico, y esto se plasma en diferentes niveles. Sabemos muy bien que si nos dedicamos a excavar cunetas, campos o un hábitat inscritos en una centuriación de la que sabemos que nace de una u otra iniciativa política, la excavación podrá producir perfectamente un resultado desfasado (por ejemplo de uno o dos siglos posteriores), sin que, no obstante, se pueda decir que la excavación condena la hipótesis morfológica: nada impide a un agricultor excavar y orientar una cuneta, o construir su casa, teniendo en cuenta una forma agraria preexistente, que es mucho más antigua. Incluso, ¿no encontrar en la excavación la huella de un eje teórico de la retícula centuriada condena la reconstrucción, o bien esto significa, simplemente, que el eje no fue construido en este lugar preciso? A este tipo de situaciones nos enfrentamos en las excavaciones ocasionadas por los trabajos morfológicos y arqueológicos del TGV Mediterráneo en los que participó el autor. Y esta experiencia sirvió para tomar nota de una discontinuidad frecuente entre los respectivos planos del análisis morfológico y de la excavación arqueológica.
Ricardo González Villaescusa ha encontrado serios motivos para retornar al ámbito de las formas agrarias, tal y como demostró su artículo sobre los límites jurídico-administrativos de la ciudad de Nîmes (Fiches, González Villaescusa 1997), donde las formas invocadas en la argumentación no podrán ser validadas nunca por la arqueología de campo.
Este libro es también un testimonio de su colaboración con el equipo de arqueología agraria de Miquel Barceló, en uno de los momentos más interesantes de su recorrido científico, en el que me gustaría insistir por la trascendencia de esta colaboración.
A principios de los 90, Miquel Barceló criticaba las tradiciones académicas españolas, marcadas por la obsesiva búsqueda de las centuriaciones romanas. Al mismo tiempo, planteaba las bases de una arqueología de los paisajes medievales que consistiría en algo bien distinto de las prospecciones arqueológicas. Se lamentaba, ciertamente, de que la arqueología del paisaje no fuera otra cosa que la arqueología extensiva, la de las recogidas de fragmentos cerámicos y de las simples distribuciones sobre un mapa de estos materiales, y no un estudio de los espacios de trabajo de las sociedades rurales medievales.
Esta propuesta se formulaba por una crítica que suscribo plenamente y que consistía en afirmar cómo los historiadores y los arqueólogos en la retórica del ir y venir del "territorio" al "poblamiento" y viceversa, acaban «perdiendo a los campesinos, a la gente, por el transitado camino de ida y vuelta, colocando, en el mejor de los casos, fetiches administrativos en el centro vacío de su investigación» (Barceló 1995, 69).
La cuestión implícita que se planteaba con la pretensión de una colaboración de un morfohistoriador con este equipo de arqueología agraria, era el de la naturaleza de los resultados que el análisis morfológico era susceptible de aportar a esta problemática. Supongo que Miquel Barceló, con la causticidad que le conocemos, debía preguntarse si la morfología iba a producir, como a menudo, resultados dogmáticos, o si era posible algo bien distinto.
Ahora bien, la principal aportación de Ricardo González Villaescusa ha sido hacer surgir las creaciones parcelarias medievales, en la gama de sus formas originales, y demostrar así que toda una faceta de la investigación está por crear. Lo ha hecho en el marco de las villanuevas de colonización, pero también en el estudio de los parcelarios de regadío, incluidos los de gran tamaño como los ejemplos de las grandes huertas de Valencia y Murcia.
Varios capítulos de este libro dan cuenta de esos resultados. No es cierto que sean los resultados esperados por los arqueólogos medievalistas, pues desplaza el habitual objeto e interés de éstos. Es precisamente sobre este aspecto donde se hace necesaria una observación. No puede prejuzgarse los resultados del análisis morfológico de los espacios medievales, máxime en la medida en que nada, hasta ahora, había sido realizado. Incluso, más precisamente, no puede prejuzgarse la escala a la que los resultados surgen: la escala microlocal no es siempre la mejor ni la única.
No debe generalizarse esta enseñanza. ¿Es obligatoriamente en el marco de una microarqueología (empleo el término en el sentido en que hablamos de microhistoria), o en el de la arqueología extensiva de los openfields, como los arqueólogos ingleses nos han invitado a hacerlo, donde podrán hacer los descubrimientos morfológicos más significativos? La demostración se hace patente en este libro: conviene dejar al morfólogo una auténtica libertad de investigación; salvo que pretendamos decirle lo que tiene que encontrar, lo cual sería volver al dogmatismo y caer en errores en los que los directores de investigaciones y enseñantes caen a menudo.
El trabajo de Ricardo González Villaescusa reclama nuevos desarrollos en el dominio de la morfología dinámica. ¿Quién mejor que él podrá estudiar junto a las planificaciones antiguas y medievales, estos paisajes de la experiencia que son la esencia de las formas agrarias y urbanas? Su capacidad de modelización y su soltura para desenvolverse entre documentos planimétricos son los mejores garantes de esta evolución. Sería de gran utilidad que pudiera formar a jóvenes investigadores en estos métodos y que animara un grupo de morfología dinámica sobre los paisajes urbanos y rurales españoles.
Referencias bibliográficas del Prefacio
BARCELÓ, M. 1995: "Crear, disciplinar y dirigir el desorden. La renta feudal y el control del proceso de trabajo campesino: Una pro¬puesta sobre su articulación", Taller d'Història, 6, 61-72.
FICHES, J. L., GONZÁLEZ VILLAESCUSA, R., 1997: “Analyse morphologique et limites de perticae. Le cadastre A d'Orange et le territoire de la cité de Nîmes”, Les formes des paysages. Tome 3 L’analyse des systèmes spatiaux, G. Chouquer (dir.), París, 127-134.
Ce recueil préfacé par Gérard Chouquer réunit 17 textes (en partie inédits ou sous presse) que Ricardo González Villaescusa a écrits entre 1995 et 2000 et qui illustrent la place que ce chercheur – à l’origine spécialiste d’archéologie funéraire – a prise dans les débats autour des paysages et de leur étude. Maîtrisant l’analyse des formes agraires dans une perspective historique, il a surtout montré –et c’est l’essentiel de l’ouvrage– la place des créations parcellaires médiévales liées aux villes neuves de colonisation dans les régions de Valencia et de Murcia et étudié la relation entre parcellaires et irrigation en Espagne et au Maroc. Mais il a été aussi conduit à intervenir dans des projets archéologiques comme le TGV-Méditerranée, ce qui explique que ce volume traite, pour une petite part, des campagnes de Gaule. C’est, en effet, à l’occasion d’un séjour à Tours et avec le soutien du Centre de Recherches Archéologiques du CNRS et du Service régional de l’archéologie de Languedoc-Roussillon qu’il a approfondi le travail d’analyse de photographies aériennes et de cadastres napoléoniens entrepris pour le TGV dans la zone des Costières de Nîmes. Ainsi, le chapitre 3 (p. 85-172), auquel Gérard Chouquer a collaboré, correspond à un rapport inédit, préparé entre 1995 et 1997 sous le titre original Le rôle de la création parcellaire dans la dynamique des paysages. Secteur nîmois.
Ce chapitre, illustré de 25 figures de photo- ou carto-interprétation, comporte une présentation des unités géographiques de la région étudiée, qui se situe au sud-est de Nîmes entre les basses vallées du Gardon et du Vistre. C’est une région où l’on a reconnu depuis longtemps des traces de centuriations mais qui n’avait jamais fait l’objet d’une analyse approfondie et systématique des parcellaires. C’est ce travail qu’a réalisé R. González Villaescusa en relevant les limites actuelles et les traces fossiles pouvant se rapporter aux réseaux de Nîmes et à l’Orange A, en portant une attention particulière aux zones de contact entre ces systèmes et en montrant la construction en diagonale des centuriations Orange A et Nîmes A. Il confirme que le réseau Nîmes C n’est pas une centuriation classique mais un "système cohérent" dont les éléments s’organisent de manière moins rigoureuse. Il discute d’ailleurs (p. 141-146) de la morphogenèse de tels systèmes que G. Chouquer avait mis en évidence et dont F. Favory avait critiqué la qualification d’"indigènes" Il revient d’ailleurs à RGV d’avoir identifié un autre de ces systèmes cohérents, celui dit de la Vistrenque, qui se développe autour du fleuve et se caractérise surtout dans le parcellaire fossile, ce qui peut être un signe de son ancienneté.
RGV appuie ses observations sur les résultats d’interventions archéologiques faites à l’occasion du TGV ou du gazoduc "Artère du Midi". Il analyse les relations entre les parcellaires et l’aqueduc de Nîmes et met en évidence un certain nombre de tronçons routiers anciens, considérant l’un d’eux (qui constitue un axe fort du système de la Vistrenque) comme la strata publica désignée dans une charte du VIIe s. reprise dans un texte carolingien.
Son étude, qui s’emploie aussi à caractériser les parcellaires médiévaux et modernes, montre que le système Orange-Nîmes, inventé par A. Perez et M. Assénat, n’apparaît autour de Nîmes que dans le parcellaire de Marguerittes où il présente des caractères typiquement médiévaux. RGV avance également l’hypothèse que la centuriation Nîmes B aurait pu être revitalisée, en piémont de garrigue notamment, durant le Moyen Âge, période qui pourrait ainsi s’avérer particulièrement importante dans la genèse des parcellaires des Costières.
Dans l’esprit de RGV, ce texte était un rapport d’étape, un état des lieux nécessaire avant d’approfondir des recherches qu’il n’a pas eu la possibilité de poursuivre. C’est, en tout cas, une analyse incontournable non seulement pour ceux qui s’intéressent aux campagnes nimoises ou aux centuriations, mais pour tous ceux qui conduisent une réflexion sur les matériaux de l'histoire des paysages; ils trouveront dans les autres chapitres de l’ouvrage une matière riche et très bien analysée.
Aún con la tinta fresca, en estas mismas páginas se daba cuenta del bárbaro expolio a golpes de pico del excepcional yacimiento paleolítico de la Cova de Bolomor de Tavernes de la Valldigna (Levante-EMV, 20, 21 y 22-09-05), del que procede, nada menos, que el resto antropológico conocido más antiguo de las tierras valencianas, un molar de neanderthal, datado hace más de cien mil años, así como antiquísimos testimonios del primer uso del fuego (250.000 años B.P.) por parte de nuestros lejanos antecesores. Acontecimiento que ha venido a poner en evidencia de nuevo y por enésima vez la precariedad y la indefensión en la que está postrado el patrimonio arqueológico de todos los valencianos ante el pillaje de bandas de asaltantes que abastecen a sus anchas, por iniciativa propia o por encargo, el comercio clandestino y el coleccionismo ilícito de antigüedades, como el presuntamente ilustrado por el Conde de Faura (Levante-EMV, 15-09-03).
La destroza de la cueva de Bolomor, considerada como la Atapuerca valenciana, es la gota que colma el vaso del actual escenario de desvalimiento de nuestro excepcional legado prehistórico, puesto en valor desde los años veinte del pasado siglo por el Servicio de Investigación Prehistórica (SIP) de la diputación de Valencia, fundado por Isidro Ballester Tormo y regido con posterioridad por los recordados maestros de arqueólogos D. Fletcher y E. Pla. Así pues, no puede considerarse este aciago suceso como un hecho ocasional ni mucho menos único, a pesar del amago de desvío de atención -con el esperemos interino silencio de la Sección de Arqueología del CDL de Valencia- por parte del Director General de Patrimonio Artístico de turno, el cirujano Muñoz Ibáñez, quien, observando los toros desde la barrera de la avenida de Campanar, sin ningún rubor, ha dado un preciso capotazo leguleyo hacia la preceptiva vigilancia de la Guardia Civil, y obviando sin complejos que todo el resto de competencias patrimoniales son de celosa incumbencia autonómica. Ámbito administrativo al que compete por cierto el adecuado vallado y la suficiente protección de todo tipo de cuevas, abrigos y asentamientos históricos. Olvidando la desprotección a la que están sometidos otros yacimientos igualmente de la Safor como la Cova de les Meravelles, Rates Penaes, Barranc Blanc, Penya Roja, Cova dels Llops, Cova Negra y Capurri, expuestos a impunes latrocinios por falta de metódica planificación de su control y de su seguridad, denunciada en el 2003 hasta por el arqueólogo de la RACV, J. Aparicio, sin que le hayan hecho ni caso.
Capítulo en el que en los últimos años han proliferado impunemente, sin freno constatable desde la administraciones concernidas, las destrucciones de yacimientos tan emblemáticos como el poblado ibérico de El Oral (San Fulgencio), esta vez sí denostada por los profesores del Área de Arqueología de la Universidad de Alicante el 17 de febrero de 2004; la extraordinaria aldea neolítica de Piles, víctima de la fiebre inmobiliaria en junio de 2004 o el mítico enclave neolítico mediterráneo de la Cova de l'Or (Beniarrés) (Levante-EMV, 25-06-05); así como también el expolio de los restos sumergidos del Grau Vell de Sagunto (2002), el irredento robo de un capitel romano en la calle Tapinería de Valencia (2003) o las actuales amenazas urbanísticas sobre el enclave de arte rupestre de La Sarga de Xixona, declarado Patrimonio de la Humanidad, sin que haya trascendido apenas, no ya la detención de los autores materiales de estos irreparables desmanes, sino la mera imposición de multas o sanciones administrativas disuasorias contempladas en la Ley 4/98 (LPCV) a las personas físicas o jurídicas implicadas en tales tropelías empobrecedoras de nuestro irremplazable acervo cultural.
Levante-EMV, Territorio y Medio Ambiente, 31 de julio de 2005
"La crisis ecológica (...) se presenta ante todo como una revuelta generalizada de los medios. Ya nada ni nadie quiere aceptar servir de simple medio para el ejercicio de una voluntad cualquiera pretendida como fin último. El más ínfimo gusano, el más pequeño de los roedores, el más seco de los arroyos, la más lejana de las estrellas, la más humilde de las máquinas automáticas, exigen ser tomados también como un fin (...)?
Bruno Latour, Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, París, 1999.
Por razones laborales conozco gente de toda la geografía valenciana, desde el Sénia al Segura. Hace un par de años una persona de la Vega Baja me explicó que desde allí la polémica del trasvase del Ebro se veía de otra manera. Pensé en lo que me decía pero no argumenté nada. Hace menos de un mes, una persona del Baix Maestrat me afirmó que desde allí la discusión no lo era tanto al cambiar el punto de vista. Como quiera que mi opinión, aun empatizando con los diferentes intereses en liza, no cambia según el lugar desde donde abordo el problema, discutí brevemente con esta última, no en torno a la conveniencia o no del trasvase del Ebro, sino sobre si la opinión podía estar fundamentada en la pertenencia o no a comarcas que desean ese trasvase, o a comarcas que se ven perjudicadas por el mismo. Afortunadamente no cambié la opinión de mi interlocutora y este artículo es fruto de mis reflexiones en torno a esa conversación.
El mismo autor que encabeza estas líneas, Bruno Latour, nos habla de que lo inconmensurable es la guerra. Hablaremos de conmensurabilidad cuando formas del territorio de naturaleza diferente (una forma física y una forma social) se articulan por formas y medidas comparables, obedeciendo a la misma escala y a la misma lógica de ordenación espacial. Por ejemplo, la red de ferrocarriles es conmensurable a la escala nacional en que fue proyectada y creada, pero inconmensurable a la escala local de la ciudad de Valencia, mientras que la red de transportes urbanos es conmensurable con la ciudad.
Esta noción debería formar parte de la reflexión previa a toda reordenación del paisaje para evitar el eterno divorcio entre territorios, redes e infraestructuras y que éstas no subordinen, fragmenten o representen un obstáculo infranqueable. Evitaría el síndrome NIMBY, acrónimo de Not In My BackYard, -no en mi patio trasero-, o rechazo por los lugareños de las infraestructuras que no les benefician directamente (centros penitenciarios, incineradoras de residuos urbanos de áreas metropolitanas, redes de trenes de alta velocidad... Todo estudio de impacto en el paisaje debería tener en cuenta la forma en que las nuevas infraestructuras u ordenaciones territoriales pueden crear nuevos órdenes conmensurables que evitaran a medio y largo plazo los conflictos.
Pero volvamos a los trasvases, ¿en qué medida son inconmensurables? Si nos atenemos a la lógica del Estado (forma social), en que se proyecta la realización del trasvase (forma social), entre cuencas hidrográficas (forma física), son conmensurables. Pero es evidente que la realidad autonómica introduce una variable que aboca los trasvases a la inconmensurabilidad ya que los gobiernos autonómicos son formas sociales que tienen un reconocimiento jurídico y un respaldo social. Superable, desde el punto de vista de quienes se apoyan en la integridad del estado pero que, aun así, no evita el conflicto entre las comunidades afectadas.
Perspectivas
Un trasvase es inconmensurable (conflicto) cuando se ve desde la perspectiva de las cuencas hidrográficas afectadas (espacio) y desde los efectos a largo plazo de una decisión de estas características (tiempo). Para evitar la hidroesquizofrenia que afecta al país, puede mirarse desde la óptica del proyecto de trasvase de aguas del Ródano a Barcelona, plan que prevé una canalización enterrada de 330 km, desde Arles a Barcelona, destinada a transferir 1.300.000 metros cúbicos al día.
Los argumentos de sus defensores son semejantes a los que defienden el trasvase del Ebro: aumento de la demanda de agua en Barcelona y su área metropolitana, excedentes hídricos que sobran en la cuenca del Ródano y que "se pierden"en el mar, solidaridad interregional en la Europa de las regiones...Y entre algunos de los argumentos en contra se pueden encontrar el que Cataluña lidera tras Andalucía el número de campos de golf del país. Son conmensurables o inconmensurables desde el punto de vista de sus defensores o detractores, es decir, desde los diferentes "allí" utilizando la argumentación de mis interlocutores. Lo que conlleva, en definitiva, la utilización de cuencas hidrográficas como un medio para obtener unos fines, en lugar de entender "el más seco arroyo" como un fin en sí mismo.
La paradoja está servida, en palabras del geógrafo Michel Drain, conseguir el trasvase de aguas del Ródano a Barcelona no solo animaría una política de gestión mercantilizada e insostenible del agua en España y Europa, sino que, además, las soluciones a los problemas locales se resolverían generando otros problemas locales y huyendo de las soluciones sostenibles a largo plazo. Si es cierto que existe un crecimiento progresivo de la demanda de agua, ¿por qué el problema terminaría con uno o dos trasvases?
Parafraseando el lúcido Trinquet del biólogo vallero Francisco Cepillo «Palos de golf y zanahorias tecnológicas» (Levante-EMV, 25-06-05), relativo al recalentamiento inmobiliario en curso, no puede por menos que presumirse unos severos impactos colaterales en nuestro patrimonio paisajístico y cultural, entre otros muchos parajes, claro está, en el propio monasterio cisterciense de la Valldigna o como presuntamente en la red de acueductos de origen romano de la partida de Porxinos, objeto de los desvelos del recordado maestro de arqueólogos valencianos Domingo Fletcher Valls.
Casuística que trasladada al ámbito urbano trasluce toda una retahíla de eufemísticos palos arqueológicos, dolorosos despropósitos organizativos patrimoniales cercanos en el tiempo, de los que se han hecho preciso eco las cabeceras locales, entre los que todavía se recuerdan vivamente la paralización por parte de la Conselleria de Cultura de las obras del aparcamiento subterráneo del eje Reus-Ruaya, ante la aparente falta de seguimiento arqueológico de sus movimientos de tierras; los retrasos burocráticos admitidos por el Director General de Patrimonio, Manuel Muñoz, en la concesión de los permisos de excavación de los alcorques de la plaza del Patriarca (Levante-EMV, 8-04-05); los poco más que ignotos estudios históricos sobre el territorio de la huerta de La Torre, escamoteado por el intelectualmente trilero proyecto de Sociópolis, en línea con el vibrante artículo «Noche de deseos» del arquitecto Rafael Rivera (Levante-EMV, 24-06-05), o las expresas denuncias de los expertos en patrimonio subacuático sobre la supuesta falta de control de las obras portuarias de la America's Cup (Levante-EMV, 29-04-05).
Elenco que perfila el escenario de trazo grueso del presente de la Arqueología Urbana de Valencia, de escaso peso específico en cuanto a su formato subsidiario de gestión, que por el contrario en los años 80 y 90 -exceptuando el necrofílico interregno brochiano- constituía un prestigiado modelo integral a imitar entre los Servicios Arqueológicos Municipales emergentes, como los de Dénia, Gandia, Xàtiva o Liria, pero que con la generalización de la discrecionalidad administrativa autonómica auspiciada por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV, 4/98), tal cual el nonato Reglamento de Excavaciones Arqueológicas anunciado a humo de pajas por David Serra en el 2004, y la venal mercantilización de esta actividad financiada por los promotores privados, ha dejado de ser un referente en esta materia, tanto práctico como bibliográfico, en el concierto de las ciudades históricas del estado español.
Ahora merecidamente abanderadas por la pacense Mérida y su ejemplar Consorcio Monumental, organismo autónomo responsable de la planificación global de los trabajos arqueológicos que se desarrollan en la antigua colonia romana Augusta Emerita.
Paisaje con figuras desdibujadas, con el que en modo alguno debiera contemporizarse ni calar en la perspicaz opinión del vecindario, con el subterfugio de las recurrentes zanahorias caniculares de los indudables éxitos exteriores de los arqueólogos valencianos bajo las cenizas napolitanas de la lejana Pompeya, oportunamente ventiladas por la prensa doméstica la pasada primavera, a no confundir con los dorados frutos del quizá más cercano Jardín de las Hespérides.
Levante-EMV, Territorio y Medio Ambiente, 6 de marzo de 2005
No me cansaré de repetir, como vengo haciendo desde hace años y en esta misma sección, que los paisajes deben ser valorados, utilizados para la ordenación del territorio y, en última instancia, cuando no puede hacerse otra cosa, antes de su definitiva desaparición, éstos deben ser inventariados y documentados como cualquier elemento del patrimonio que desaparece ante el inevitable avance del desarrollo, como quiera que se entienda éste.
Lo hice en 1998 y hace muy poco se me brindó de nuevo la posibilidad de seguir haciéndolo. También decía en una reciente mesa redonda, celebrada en Cullera en torno al proyecto de urbanización de la Bega, que los arqueólogos acabamos teniendo complejo de forenses al dictaminar la muerte clínica de espacios y yacimientos destinados a pasar a mejor vida y que, finalmente, tomamos unos cuantos datos para aliviar la conciencia del progreso y dejar constancia de la existencia de un testimonio más de las sociedades del pasado. Una verdadera gestión de lo patrimonial sería poder disponer de todos esos datos previamente (patrimoniales, paisajísticos, paleoambientales…) de manera que cuando un promotor privado o público se dispusiera a ordenar un territorio, pudiéramos plantear alternativas sostenibles y viables que consensuaran todos los intereses en juego con el conveniente debate científico y social.
Ya se ha expuesto con otros criterios en el marco adecuado que no pueden compartirse las razones que conducen a la urbanización de la desembocadura del Xúquer. Pero en esta ocasión, si el paciente acaba como todo parece indicar, parece oportuno recordar algunas de las señas de identidad que hacen que la Bega sea un paisaje singular merecedor, cuanto menos, de un tratamiento preventivo, como se defendió en Valencia para La Punta o Campanar, a pesar de su aciago final. Cualquiera que sea el futuro de los paisajes estamos obligados a que las plusvalías producidas por su urbanización generen, cuanto menos, conocimiento sobre los paisajes que destruye.
La Bega es un paisaje histórico, lo que no significa que sea un paisaje fijado en el tiempo, que no sea actual. Cuando se defiende la historicidad de un paisaje, se hace hincapié en dotarlo de un origen, evolución y estado actual que no es fruto sino de un devenir histórico. La historicidad (la Geschichtlichkeit en alemán) no tiene nada que ver con la nostalgia, sino el modo de ser de una realidad histórica cualquiera. En un artículo sobre La Punta en 1998 explicaba que había que dotar ese espacio de una partida de nacimiento, de los autores que lo crearon a nivel superestructural (la ciudad y la iglesia de Valencia) como de los nombres de los trabajadores que lo construyeron durante tres años y las personas que ocuparon un antiguo espacio deltaico convertido en tierras aptas para su cultivo; igualmente, se ponía en evidencia su valor económico, que lo situaba a la altura de monumentos urbanos como las torres de Serranos.
Paisaje histórico singular
Miquel Rosselló proponía (L’Expressió n.º 29, 2000, de Cullera) que la Bega era un paisaje histórico singular, cuya más remota mención la encontramos en el Repartiment, en el año 1249, cuando Martí Grau se asentaba en una donación que le había sido concedida en suerte: «[…] unes cases en el raval de Cullera, i un hort de tres fanecades [0,2 ha] a Bega, situat davant el raval […]». Noticia que permite intuir una cronología inicial islámica para esa unidad paisajística.
Desde la morfología de los campos se puede interpretar un sistema agrario típico de una zona deltaica: un sistema mixto de riego y drenaje donde los campos se encuentran a cota superior que las acequias que sirven de drenaje de las aguas excedentarias. De hecho, los accesos a las parcelas necesitan de pequeños puentes que permiten salvar la Acèquia dels Àngels, colector central de desagüe que se dirige al Xúquer.
Un análisis más detallado de la morfología parcelaria contribuiría no sólo a definir su funcionamiento, sino a precisar la estructura de ese sistema, formular hipótesis sobre la autoría y cronología del mismo por medio del análisis de la métrica agraria utilizada y el diseño de las parcelas. Las prospecciones permitirían documentar el sistema agrario en vías de desaparición para conocimiento de las generaciones futuras, así como aportar criterios de verificación de las hipótesis sobre su origen y desarrollo histórico.
Su documentación e interpretación aportarían suficientes elementos de reconstrucción virtual para que, una vez que haya desaparecido el paisaje y solamente sea memoria patrimonial, puedan formar parte de un centro de interpretación de la antigua Bega de Cullera.
“También los cristianos primitivos sabían muy exactamente que el mundo está regido por los demonios y que quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno sólo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando.” Max Weber, El político y el científico, 1918
El cariz que el neoliberalismo globalizador ha impreso en el desarrollo de la arqueología de gestión de recursos culturales (GRC) en la Comunidad Valenciana, especialmente desde la aprobación en 1998 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (Ley 4/98), reafirmado ahora por la Ley 7/2004 de modificación ad hoc de la misma, no ha dejado de acrecentar la inseguridad profesional de los arqueólogos liberales. Esta situación ha provocado un aumento de los problemas y las amenazas éticas que éstos deben afrontar como consecuencia de la dimensión social de su actividad científica y la dialéctica que se produce con los específicos intereses de sus clientes particulares, a los que están obligados a servir lealmente en virtud de un contrato, reglado en mayor o menor medida.
En este orden de cosas, autores situacionistas como J.E. Fitting y L.W. Patterson, abogan por una ética pragmática regulada por el contrato que une a las partes implicadas al homologar la praxis arqueológica con la de los colectivos de ingenieros, abogados o arquitectos, que haría hincapié en “resolver los problemas del cliente” de un modo prioritario. En planteamientos opuestos, encontramos a Don D. Fowler (Ethics and values in Archaeology. New York, 1984), más comprometido con unas ciencias sociales al servicio de la colectividad, según los cuales “el cliente último es el público”, dado el carácter de patrimonio público, no renovable, y sujeto a requisitos éticos de incremento del conocimiento científico del pasado y su difusión, que individualizan un comportamiento profesional específico, no homologable con los de los prestigiosos colectivos citados.
Igualmente según L. Mark Raab, esta dualidad conduce necesariamente, a una ruptura ética de la disciplina entre los “buenos” arqueólogos-funcionarios de universidades, museos y servicios municipales, y los “malos” arqueólogos de las excavaciones de “urgencia” o “sacatierras”, condenados a excavar ininterrumpidamente sin detenerse casi nunca a reflexionar ni publicar los resultados de sus intervenciones patrimoniales, si es que quieren subsistir empresarial y personalmente. Se da la paradoja de que ambos colectivos se encuentran condenados a entenderse al final del camino, en la medida que los productores del 80% de nuevos datos observados con método arqueológico son los rasos arqueólogos “autónomos”, de cuya praxis arqueológica se derivan avalanchas de noticias novedosas, a cuyas fuentes acuden a “beber”, irremisiblemente, los “puros”.
La práctica de la gestión de los recursos arqueológicos, basada en esta distinción maniquea, no tiene objetivos epistémicos ni lindes empíricos precisos que establezcan una definitiva razón de la utilidad pública de la gestión del patrimonio “para” y “con” la sociedad, más allá de miradas nostálgicas del pasado, como la actual arqueología urbana de la mayoría de las ciudades españolas en general, es un modelo que en ausencia de una suficiente divulgación y difusión normalizada de los logros cotejables de las intervenciones de “salvamento” por las vías académicas habituales, favorece que determinados “expertos” mediáticos devengan meros creadores de ficción e historias de saldo, en función de su mayor o menor “creatividad” fabuladora a partir de los registros culturales. Constructos intelectuales articulados precipitadamente sobre premisas no probadas, insolventes y medias verdades manipuladas que no siguen los mínimos protocolos establecidos por la ciencia.
Así, en torno al espurio dilema conservacionista articulado en torno a la villa romana de L´Ènova (Valencia), aparecida imprevisoramente en el trazado del AVE, se ha escenificado un explícito remedo, en el plano moral, de la vieja ley de Lynch, mediante el anuncio en prensa de la petición, a instancia de una agrupación ciudadana, de declaración por parte de la corporación de esta localidad, como “persona non grata al autor de dicho informe y cuantos han aceptado que nuestro yacimiento arqueológico es un basurero”, recogida en la correspondiente crónica periodística (Levante-EMV, 19-08-2004). En dicho documento, que al parecer fue suscrito por el inspector territorial del Servicio de Patrimonio Arqueológico, Etnológico e Histórico de la Conselleria del ramo, no se habla de otra cosa que del mal estado de conservación y del textualmente “reducido” valor arquitectónico, como consecuencia de su expolio en una fase tardía de su devenir histórico. Por consiguiente, es inverosímil pretender entrever en el mensajero del problema la causa de la desilusión, como afirma el periodista argentino Héctor Timerman.
Ante el sonoro silencio del missing Consejo Asesor de Arqueología de la Generalitat Valenciana, inoperante desde 1996, cabría entender que estos cuestionados profesionales merecerían, cuanto menos, el amparo formal –si bien, nunca solicitado expresamente por los afectados- de la Sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados (CDL), tal y como ocurrió en anteriores ocasiones, ante el uso de maquinaria pesada en Les Aules de Castellón. Y todo ello con independencia de la mejor solución técnica que finalmente se arbitre para salvaguardar y proteger las venerables ruinas de esta vetusta villa rústica.
Conviene recordar en este sentido cómo para María Laura Gili “la conservación, preservación y divulgación de lo patrimonial son actividades impregnadas de ideología e insertas en prácticas políticas concretas e históricas” (Los dilemas de la arqueología contemporánea: el patrimonio cultural en la reflexión ética y la ciencia social). Por ejemplo, las desamortizaciones burguesas del siglo XIX español nunca se plantearon nada parecido a la salvaguarda de los conventos y monasterios históricos, símbolos del Antiguo Régimen, pendiente, por aquel entonces, de su definitiva abolición. O la actual belleza arquitectónica y urbanística de la capital parisina, la Ciudad de la Luz por antonomasia, deudora en buena medida de la “aberrante” destrucción provocada por los proyectos urbanísticos contrarrevolucionarios de los ministros de Napoleón III. Hoy podríamos contemplar un sugerente París medieval de no ser por las grandilocuentes intervenciones del barón Haussman. ¿Qué mejor ordenación del territorio y de nuestras ciudades que aquella que tenga presente los hitos, enseñanzas y la propia evolución histórica de la estructura formal de ese espacio?
Si, como afirma la máxima filosófica “no hay estética sin ética”, tampoco el protocolo arqueológico puede darse, en rigor, sin la permanente presencia, tanto intrínseca como exterior del referente ético. Sería en extremo recomendable hacer un esfuerzo colectivo para evitar entre todos que algún lejano e indeseado día cobren visos de realidad los truculentos fotogramas de El tesoro (1988), adaptación de Antonio Mercero de la dramática obra de Miguel Delibes, donde los forasteros arqueólogos son enterrados vivos en su propia excavación por los lugareños castellanos.
A modo de corolario parece más edificante retener para el futuro la penetrante visión mostrada por José Luis Guerín en la película En construcción (2001). En una de las escenas, dos mujeres de edad (una catalana y otra magrebí, rodeadas de prostitutas, subsaharianos, ancianos y niños del barrio gótico), curiosean la excavación de un enterramiento por los arqueólogos, para acabar expresando en voz alta el trascendente dilema shakespeariano: “eso es lo que somos”.
Reflexión, por elevación, sobre la condición humana enfrentada a su destino y sobre la sucesión temporal de las formaciones sociales en el espacio, en el arduo proceso de emancipación del individuo que, a pesar de la miopía de algunos responsables de la cosa pública y del mero fetichismo por las propias ruinas del pasado, debería constituir la esencia misma de la función social del Patrimonio Histórico.
“Como poeta de la conciencia histórica, supongo que me corresponde considerar el paisaje como un campo que la voluntad del hombre ha domeñado y torturado hasta convertirlo en granjas y caseríos, que ha arado hasta dar nacimiento a una ciudad.” Lawrence Durrell, El Cuarteto de Alejandría, Justine (1957)
La evolución que el neoliberalismo imprimió a la economía de finales de los 80 y principios de los 90, también influyó en la noción del patrimonio y de la rentabilidad económica de los valores culturales. Las deslocalizaciones industriales y la propia crisis de una oferta turística de “sol y playa”, así como la aparición del concepto, tan deseable como cajón de sastre, desarrollo sostenible, han hecho volver la mirada a un retropaís en crisis del territorio valenciano y a los nuevos yacimientos de empleo basados en el turismo cultural.
A esta circunstancia se une una demanda creciente de ocio y una considerable ampliación de la educación y formación de las masas que componen las clases medias y clases trabajadoras de la sociedad del bienestar. T. Silberberg demostró que la demanda turística norteamericana pasó de un turismo escapista propio de la década de los 80, caracterizado por los gastos suntuarios; a un turismo de los 90 que apuesta por un consumo de experiencias históricas, culturales e incluso espirituales. El patrimonio y los paisajes pueden dar respuesta a las nuevas demandas, cuando se sitúan como eje central de los planes de desarrollo territorial, ahora que se alzan voces, como la de Jesús Regidor, que claman por dar prioridad al desarrollo económico del medio rural frente a una política agraria común (PAC) que no impide la desaparición de la actividad agraria.
Los paisajes son una excelente síntesis entre el patrimonio cultural y el natural y encajan perfectamente en esa idea tan ambiciosa del desarrollo sostenible. Las colectividades y administraciones locales tienen derecho al conocimiento y revalorización de sus paisajes sin romper el equilibrio histórico y cultural alcanzado por su devenir histórico. Sin embargo, ni el patrimonio ni el paisaje existen hasta que no es objeto de una mirada patrimonial o paisajística, en un proceso de inventariado, valorización y protección tal y como aconseja la Convención de Florencia (2000).
A pesar de ello la prudencia es absolutamente necesaria pues no nos podemos permitir, una vez agotada la costa por una imprevisora política de urbanización masiva del suelo costero, trasladar la barbarie consumista al interior pues, detrás de las nuevas demandas del turismo cultural también se encuentra la necesidad de llenar hoteles y restaurantes. Surgen inmediatamente preguntas como cuánto turismo puede soportar un determinado territorio antes de que la oferta y el propio territorio empiecen a degradarse, o cuál es el equilibrio entre un turismo minoritario y elitista, por definición, y el rentable turismo de masas.
Para prever estas y otras circunstancias es necesario seguir unas reglas fundamentales planteadas por Xavier Greffe, profesor de La Sorbona, para que el desarrollo del turismo cultural revirtiera al territorio donde se encuentra situado. En primer lugar, ante los potenciales conflictos entre los actores sociales y económicos (promotores, técnicos del patrimonio, residentes, actores económicos, políticos…), es necesario un diálogo social precedido de un debate social y científico y un consenso mínimo en cualquier plan de desarrollo que cuente con el patrimonio como factor estratégico.
En segundo lugar, se trata de encontrar nuevos usos para el patrimonio recuperado y puesto en valor. El patrimonio desaparece y se degrada por desuso, por la desaparición de la causa primigenia que lo vio nacer, por tanto, su conservación y financiación están condicionadas a encontrar nuevas funciones que permitan su supervivencia. En este sentido, pueden reseñarse a modo de ejemplos el proyecto de musealización de la antigua ciudad romana de Lesera en El Forcall o la modélica recuperación a iniciativa municipal del paraje de “Les Salines” de Manuel.
En tercer lugar, ampliar la noción de empleo patrimonial. Los puestos de trabajo derivados del turismo cultural no son exclusivamente los derivados de los puestos directos relacionados con museos o guías turísticos. Hay un buen número de empleos indirectos como es la restauración o la venta de artesanía que comparten una clientela común cuando el foco de atracción es lo patrimonial.
En cuarto y último lugar, debe ampliarse el cálculo económico de los beneficios obtenidos de un plan de desarrollo basado en el patrimonio. No sólo cuantificando los empleos directos o indirectos, o los ingresos netos, sino que también deben valorarse los intangibles beneficios en mejora de la calidad de vida, en la contribución al mantenimiento demográfico de una zona con crecimiento negativo o el desarrollo local finalmente obtenido.
