Josep Vicent Lerma
Levante-EMV, 8 de enero de 2016
Más de tres lustros después de la aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (Ley 4/98) (LPCV), de irredento desarrollo reglamentario en los años de plomo de la era popular, el pasado 4 de diciembre Radio Valencia daba puntual cuenta de la entrega del nuevo Reglamento de Arqueología el mes corriente. Este borrador es fruto del compromiso adquirido por la Directora General de Patrimonio Carmen Amoraga, consecuencia del llamado Pacto por la Arqueología Valenciana, suscrito (con excepción del PP) por el conjunto de las fuerzas concurrentes a las pasadas elecciones con el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Valencia y Castellón.
Solo podemos felicitar una previsión normativa que hemos reivindicado hasta donde nos alcanza la memoria con una auténtica prédica en el desierto en forma de rosario de artículos de opinión, de la índole de “Un Copenhague valenciano en la gestión de la Arqueología” (Levante-EMV, 14-01-2010) u “Odisea arqueológica a ninguna parte” (Levante-EMV, 4-05-2013). Actitud que nos exige por coherencia personal retomar y actualizar nuestras reflexiones sobre esta anhelada regulación normativa de la actividad arqueológica, hasta ahora al albur de la discrecionalidad administrativa.
Partiendo de estas premisas, y hasta donde nos es dado conocer de la lógica interna de la redacción, solo puede coincidirse con la tesis de partida de que la Arqueología es una labor de investigación científica y no un mero trámite burocrático-urbanístico. En congruencia, esta esperada ordenanza no puede avalar en ningún caso una visión anticuada de la actividad arqueológica dictada por los imperativos del desarrollo urbano y de las infraestructuras del pasado boom inmobiliario con unos profesionales sometidos a los promotores ni una gestión postrada en manos del financiador. Como dijéramos junto a Isabel Escudero en “Patrimonio, actores sociales y ordenación del territorio” (Levante-EMV, Territorio y Vivienda, 16-11-2003): “… el efecto perverso previsible de una medida progresista «quien destruye patrimonio paga», (…), se ha convertido en «quien destruye gestiona» o «quien paga manda». En la práctica, se ha producido una sustitución de un modelo de gestión y financiación pública (con sus defectos) por un modelo de financiación privada bajo la influencia de las leyes del mercado y una ausencia efectiva de controles (sin virtudes científicas)”.
Un modelo basado en profesionales liberales y empresas no es ni debe ser incompatible con la exigencia y el control por parte de los poderes públicos de una verificación no circunscrita exclusivamente a la calidad de la intervención de campo sino también a los resultados científicos obtenidos, a la divulgación y la publicación de los mismos.
Se hace imprescindible que el reglamento contemple que la praxis arqueológica requiera de una habilitación oficial tanto de los arqueólogos-inspectores como de los servicios arqueológicos municipales, los profesionales liberales y empresas que soliciten el ejercicio facultativo de la Arqueología. Eso permitiría controlar la idoneidad de los trabajos a priori y, en caso necesario, deshabilitar a aquellas firmas, que hicieran su trabajo de un modo manifiestamente inapropiado y con consecuencias irreparables.
Con tales certificados administrativos, una mercantil que desarrollara su trabajo para la Generalitat Valenciana en esta materia, actuaría verdaderamente en representación de la misma, lo que no sería impedimento para que departamentos de grandes constructoras con un cuerpo técnico solvente o secciones arqueológicas especializadas también pudieran obtener acreditaciones nominales propias.
Cuestiones doctrinales que en nuestra opinión deberían nacer fruto de un asesoramiento científico. Como ocurriera con los contenidos de la “Orden que regula la realización de actividades arqueológicas en la Comunidad Valenciana” del año 1987 (DOGV. 645), el nuevo ordenamiento demanda ahora para su correcta presentación en sociedad y visualización mediática en estos nuevos tiempos de regeneración ética de un necesario aval científico. Para ello es imprescindible la función del “Consejo Asesor de Arqueología y Paleontología” (CAAP), un olvidado órgano consultivo reconocido por la Ley de Patrimonio que se encuentra pendiente de convocatoria por parte de todos los responsables populares del área de Cultura, nada menos que desde 1996, aunque necesitado lógicamente de un “lifting” generacional.
Por su parte, los profesionales de la arqueología preventiva deben ser protegidos por el nuevo ordenamiento. Deben poder actuar en nombre de la administración y responder ante ésta de su trabajo y no ante un promotor inmobiliario. Deben tener un respaldo normativo y económico frente a las expectativas científicas de la institución y la sociedad para la que trabajan (objetivos, métodos, conservación, tratamiento de los restos conservados y composición y desarrollo de las memorias científicas, divulgación y publicaciones…) para dejar de ser meros forenses de la Historia y convertirse en los traductores de las realidades sociales de un pasado que interesen a nuestra sociedad. Para ello es necesario que su actividad pueda inscribirse en proyectos científicos de largo alcance, evitando así el divorcio entre centros de investigación (museos, universidades) y la arqueología preventiva.
No podemos estar más de acuerdo con las recientes declaraciones del presidente Ximo Puig, cuando afirmaba tras el 20D que es “el tiempo de la humildad” y por ello es necesario que ese Reglamento surja de un amplio consenso social con todos los actores científicos, institucionales, económicos y sociales implicados: los arqueólogos colegiados (incluidos los de Alicante), la patronal de las empresas de arqueología (Asemarq), las universidades valencianas, los museos y los servicios municipales; sin olvidar a los ciudadanos que de una u otra manera, organizada y colectiva han sufrido o defendido el patrimonio de este país.
Sabemos que un proyecto de esta envergadura es complejo pero siguiendo la inspiración de A. Ricci, en la ciudad eterna, Roma, en su libro En torno a la piedra desnuda, Arqueología y ciudad entre identidad y proyecto, solo así puede darse un correcto “uso público de la historia” (la esencia de la política patrimonial) que haga conmensurables las diferentes velocidades de las políticas patrimoniales y el urbanismo que requieren de «intervenciones de adaptación y transformación en tiempos mucho más rápidos que los impuestos por la investigación arqueológica de campo».
