¿Qué fue de los baños del Almirante?

Josep Vicent Lerma, Levante-EMV, 7 de agosto de 1999

© Chosovi Wikimedia Commons

Los supuestos baños árabes del Almirante de Valencia fueron objeto, entre los años 1991 y 1993, de importantes intervenciones arqueológicas cuyos objetivos no eran otros que conocer en profundidad la realidad arquitectónica de los parámetros de dicho edificio balneario, declarado por el Consell bien de interés cultural (BIC) en 1990, como etapa previa a su definitiva restauración. 

Considerados desde Laborde hasta entonces como el único ejemplo de construcción civil perteneciente al momento islámico conservado en pie en la ciudad de Valencia, las citadas investigaciones le arrebataron tal condición, asignándole una fecha de construcción de principios del siglo XIV, ya en un momento plenamente cristiano-medieval, lo que evidentemente no le resta un ápice a su valor patrimonial, sino todo lo contrario, al posibilitar su nueva adscripción al desconocido contexto cultural del mudéjar local, en el que se incluiría asimismo el primitivo Almudín valenciano.

Comenzadas las labores de restauración en el ya lejano año de 1994, el proyecto entonces en curso contemplaba la restitución de la desaparecida columnata del vestuario, derribada en el año 1800, utilizando para ello fustes de piedra no originales, que dejando a un lado la prohibición taxativa de las reconstrucciones de bienes culturales inmuebles que determina la ley de patrimonio histórico español (ley 16/1985), todavía pueden verse hoy sin armadura o forjado alguno, junto a las abovedadas salas contiguas del propio baño. Y ello a pesar de las declaraciones efectuadas a Levante-EMV en el año del Señor de 1996 (martes 27 de marzo) por el arquitecto Higinio Picón, jefe del Servicio de Gestión Inmobiliaria de la Conselleria de Hacienda, en las que se anunciaba la prevista recuperación definitiva del estado original del monumento a finales de aquel mismo año. 

Casi tres largos años después, los baños del Almirante, desprovistos de su portada neomudéjar, muestran en la actualidad una lamentable imagen externa de aparente abandono y paralización, con provisionales cubiertas de uralita, tapiados de ladrillo e improvisadas puertas de madera, tras las que se vislumbran algunas de las nuevas columnas con capiteles lisos, de las diez programadas inicialmente en el proyecto rehabilitador. 

Presente situación que para mayor abundamiento contrasta con el creciente interés patrimonial que estas arquitecturas vienen despertando en el ámbito estatal entre aquellos sectores implicados en el fortalecimiento del denominado turismo cultural, como potencial fuente de ingresos económicos de los conjuntos urbanos y centros históricos. Tendencia palmariamente ejemplificada en las I Jornadas de Patrimonio Histórico. Baños Árabes. Arqueología y Restauración, celebradas en Ronda (Málaga) en octubre de 1998. 

Por todo lo cual, a la luz de tal estado de cosas, y toda vez que los técnicos del Ayuntamiento de Valencia han demostrado sobradamente su solvente competencia profesional en el acondicionamiento arquitectónico y puesta en valor museográfico de enclaves como la denominada cripta de la cárcel de San Vicente, las ruinas romanas de la Almoina o la futura galería del Tossal, parecería conveniente iniciar una serena reflexión sobre la conveniencia de implementar una posible solicitud de cesión de uso de los baños del Almirante en este sentido que redundara en su siempre pospuesta recuperación e integración patrimonial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 90.3 de la ley del patrimonio cultural valenciano (ley 4/98), sobre el uso de inmuebles de titularidad pública, en el que se establece que «las administraciones públicas, cuando sea conveniente para la mejor conservación, restauración y promoción de los bienes inmuebles incluidos en el inventario general del patrimonio cultural valenciano de que sean titulares, podrán céder el uso de tales bienes, incluso de los declarados de interés cultural, a las personas o entidades que lo soliciten y garanticen adecuadamente el cumplimiento de los fines mencionados». Lo que parece ajustarse como anillo al dedo a la problemática patrimonial de este injustamente olvidado monumento valenciano.

ARQUEOLOGÍA DE LOS ESPACIOS DEL PODER

Josep Vicent Lerma, Levante-EMV, 12 de abril de 2022

Entre los profesionales de la gestión ambiental suelen utilizarse denominaciones como Arqueología de las Autopistas, de los Gaseoductos, de los Aerogeneradores o de los modernos Huertos Solares fotovoltaicos, descriptivas de diferentes momentos caracterizados por la proliferación los trabajos arqueológicos preventivos necesarios para la implantación sobre el territorio valenciano de dichas grandes infraestructuras y de los que es un paradigma la cuidada publicación “Paisaje y arqueología de la Sierra de la Menarella” (2007). 

 

 En este sentido se nos anuncia ahora desde la Generalitat, amén de la compra de los monumentales Correos de Valencia y Castellón, la apertura a la ciudadanía en otoño de este mismo año 22, dentro de la iniciativa Palaus Transparents, del conjunto patrimonial del siglo XIV formado por el Palau de l´Almirall, los baños mudéjares homónimos y las ruinas romanas subterráneas (collegium/termae) conservadas in situ desde 1988 (Levante-EMV, 20-03-2022) y a las que en estas mismas páginas dedique hacia 1999 el título “¿Qué fue de los baños del Almirante?”. Artículo testimonial de opinión en el que lamentaba, ya hace la friolera de más de veinte años atrás, el estado de abandono de este “contenedor arqueológico llamado al perenne olvido por parte de los valencianos de a pie, que desprovisto desde 1990 de cualquier propuesta museográfica de aprovechamiento didáctico o de acondicionamiento físico y climático de los vestigios allí encapsulados in vitro, que hiciesen viable la puesta en valor de tan significado retazo del entramado viario de la Colonia Valentia, ha resultado de prácticamente imposible recorrido por parte de los ciudadanos interesados en visitarlo”. 

Pasión palaciega focalizada aparentemente en la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, dirigida por Vicent Soler, que en diciembre de 2020 amplio su mecenazgo inmobiliario con la adquisición por la módica cantidad de cinco millones de euros del vecino Palacio de los Marqueses del Tremolar (1862), obra del arquitecto Jorge Gisbert, levantado sobre el antiguo circo romano. Edificio decimonónico que viene a sumarse a otras ilustres escenografías del poder valentino previamente rehabilitadas como, entre otros, el Palacio de Santa Bárbara, el Palau de los Catalá de Valeriola, el de Forcalló o el de Pineda. 

 

Además del proyecto de recuperación histórica y arquitectónica de esta misma conselleria iniciado a finales del año 2016 en el Palacio de Calatayud de la castiza calle Micalet número 5, conformando así una arqueología áulica de “nuevo rico”, dotada este lustro con casi 90.000 euros, a cargo de arqueólogos liberales, ajena a los riesgos a los que están sometidos los promotores edilicios particulares de tener que parar obras por algún inesperado hallazgo anticuario de los habituales en Ciutat Vella, mientras que en cambio si éste se produce en el marco de esta privativa arqueología palatina, parece aplicarse el viejo axioma de los tres monos sabios. 

 

Disonancia cognitiva que transcurridos cinco largos años después del Decreto 107/2017 por el que se aprobó el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana, en cuyo Título III se restablecía la creación del Consejo Asesor de Arqueología y Paleontología, se implementa desde la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la resiliente Carmen Amoraga, en una indolente galbana administrativa hasta hoy, para efectuar ni uno solo de los nombramientos de sus preceptivos 24 vocales, sin un solo reproche al respecto de la Sección de Arqueología del CDL de Yolanda Alamar en su diatriba anónima “La Batalla de trabajar en la Arqueología” (Suplemento Especial Patrimonio. Levante-EMV, 26-02-2022). 

 

Razones todas ellas por las cuales esta ufana nueva rama escindida, en apariencia autónoma, de la Arqueología Urbana y a la espera de sus venideros réditos intelectuales, creemos que en puridad debería ser académicamente merecedora del epíteto específico de “Arqueología de los Palacios”, predicable igualmente de los palacetes de otras administraciones públicas (Palacio de los Marqueses de Montortal), instituciones universitarias (Palau de Cerveró) o de las emergentes fundaciones de todo tipo neo-burguesas, entre cuyos ejemplos más señeros descollan el barroco Palau de Valeriola de la calle del Mar, futuro Centro de Arte Hortensia Herrero y el gótico Palau Joan de Valeriola de la fundación Chirivella Soriano. 

 

Sin olvidar, por último, entre las sedes emblemáticas de la administración central del Estado, la onerosa y larguísima rehabilitación, plagada de incidencias burocráticas, durante más de una década del neoclásico Palacio del Temple (Levante-EMV, 7-06-2019), en la que desapareció el antiguo salón de plenos de la Diputación del siglo XIX (Levante-EMV, 15-03-2017), de acuerdo con la denuncia de la diputada Ana Botella y la sala de la muralla islámica con barbacana y dos torres cuadradas, descubiertas por las excavaciones arqueológicas allí realizadas, al parecer continúa aún en barbecho, pendiente de musealizar e innaccesible al común de los valencianos

LA ARQUEOLOGÍA ENTRA EN COMA

Ricardo González Villaescusa
Josep Vicent Lerma
Levante-EMV, 23 de mayo de 2020

"Al fin y al cabo [los artistas] son seres humanos. Deben poder vivir. Imagino que lo único que saben hacer es pintar: seguro que debe haber lugares públicos donde sus pinturas son esperadas".

Franklin D. Roosevelt

La publicación en el digital luso publico.pt del artículo de opinión “Arqueologia também é Cultura” (24-04-2020) en el que se planteaba la falta de evaluación cuantitativa de los efectos de la actual pandemia y de medidas de mitigación de sus efectos en la destrucción de su sector arqueológico profesional, nos ha espoleado a trasladar al ámbito territorial valenciano tales reflexiones del cercano futuro

Bastará para ponderar prospectivamente el inmediato y oscuro escenario de los próximos años del mercado de la Arqueología de Intervención, con retener el dato estimado de la expectativa de caída del 9,2% del PIB de la economía española en el presente ejercicio, más del doble que en el “crash” del 2009. Si hacemos caso de la encuesta del CSIC de 2013, aquella crisis significó la desaparición del 42% de las mercantiles del ramo, diezmando su contingente hasta en dos terceras partes. Lo que venía a ser en todo el estado varios millares de trabajadores que acabaron en el paro.

Paradigma local de cuanto venimos diciendo hasta aquí es el titular “Parón en la arqueología urbana” (Levante-EMV, 12-04-2020), dando cuenta en estas mismas páginas de la suspensión temporal de la excavación en el antiguo Monasterio de la Roqueta o en los restos del circo romano del Palacio de Valeriola. El Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo (Estado de Alarma), de prestación de servicios esenciales, no incluía, “obviamente”, la actividad arqueológica.

Walker Evans, uno de los fotógrafos del New Deal

De este modo, si una sola compañía arqueológica valenciana llegó a facturar hasta un millón de euros al inicio de la crisis de 2008, e incluso dos millones al siguiente, en cambio, el montante de sus ingresos disminuyó drásticamente hasta los 40.000 euros de 2011, hundiéndose definitivamente en 2012 con unas ruinosas ganancias estimadas de apenas 3.000 euros. Al mismo tiempo, la arqueología pública tocaba fondo (Levante-EMV, 20-01-2013) con unas cuentas a cero para la arqueología, por parte del entonces gobierno local de Rita Barberá.

Puede entenderse el silencio mediático de la patronal del sector, Asemarq, ante la presente anormalidad epidémica; puede entenderse el habitual perfil bajo de la Dirección General de Patrimonio de Carmen Amoraga. Pero ante el ocaso que se avecina de la arqueología de gestión urge adelantarse al final del “Gran Confinamiento”, como lo ha llamado el FMI. Parafraseando a F. D. Rossevelt: “action now”. Tras la Gran Depresión de 1929, la primera aplicación de este presidente del “New Deal” de inspiración keynesiana no tuvo en cuenta al sector cultural, pero ya avanzado su primer mandato, en 1935, lanzó el segundo programa, contando con un importante asesoramiento en la materia, los empleos culturales fueron sistemáticamente integrados en el New Deal. En esta ocasión, la cultura y las artes podrían ser una palanca en periodo de crisis, no solo creando empleos culturales en masa, sino generando un enorme movimiento de educación popular, que sería conocido como la Federal Project Number One, abreviado Federal One. Escritores, artistas, cineastas, escultores, dramaturgos... se beneficiaron de esta política, pero sobre todo repercutió en los americanos. Si recuerdan a John Steinbeck, Arthur Miller, Orson Welles o Hallie Flanagan, comprenderán el alcance de las políticas públicas que dieron nacimiento a la primera generación cultural genuinamente norteamericana y quizá, aunque todo es opinable, la mejor.

En consecuencia, y ante la inminente entrada en coma del sector de la arqueología nos atrevemos a postular, no ya unas manidas políticas evidentes, paliativas, de ayudas y subvenciones, sino la creación de un verdadero organismo público u operador de la arqueología preventiva, similar en todo lo posible al benemérito “Institut National de Recherches Archéologiques” (INRAP), del vecino galo, cuyos criterios de actuación en protección y cumplimiento de la legislación del patrimonio histórico, vengan orientados por el previsto Consejo Asesor de Arqueología, todavía pendiente desde la aprobación del Reglamento de Arqueología de la Comunidad Valenciana (Decreto 107/2017), del nombramiento de sus miembros.

LOS LÍMITES DE LA ARQUEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA

Traducción del artículo aparecido en Le Monde sobre el número especial de Les Nouvelles de l'archéologie editado con ocasión del 40 aniversario de la revista.

Les nouveaux champs d’exploration de l’archéologie française

Pierre Barthélémy, Le Monde Vendredi 21 février 2020

Con ocasión de su 40 aniversario, la revista « Les Nouvelles de l’archéologie » realiza un balance y muestra cómo el trabajo de los arqueólogos se ha abierto a otros terrenos de investigación como el clima o las ciudades.

La revista de revistas, creada en 1979, la revista Les Nouvelles de l’archéologie acaba de celebrar 40 años. Una ocasión para elaborar, en un número doble, el balance de la profunda mutación que ha vivido la arqueología francesa en el curso de estas cuatro décadas. La principal transformación del periodo fue la ley del 17 de enero de 2001, que significó que por fin Francia se organizara para estudiar y preservar su patrimonio enterrado de manera previa a las grandes operaciones de ordenación del terrirorio. Ello conllevó la creación del Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), que dio el marco financiero y profesional a las excavaciones llamadas de urgencia, cuando los investigadores intervienen antes que las palas excavadoras.

De forma paralela, las prácticas científicas también conocieron su propia evolución, el arqueólogo desprendiéndose de sus disciplinas tutelares tradicionales (la Historia y la Historia del Arte) para acabar proyectándose, hacia las ciencias más “duras” previo “bricolaje disciplinario”. De esta manera, tal y como rastrea este proceso Anne Augereau (Inrap), los nuevos enfoques de campo integran “estudios especializados casi siempre –sobre las producciones líticas, cerámicas, metales, restos de fauna y la arqueozoología, los restos de la construcción y de la arquitectura, sobre los asentamientos…–, los análisis bio y geoarqueológicos (…) han adquirido de forma paralela un relieve inédito”.

Estamos bien lejos de la caricatura de un Indiana Jones excavando para desenterrar objetos de prestigio. Si la arqueología fascina todavía, el descubrimiento del artefacto suntuoso, de la ruina, no son el alfa y el omefa de la actividad arqueológica. “Hay líneas de investigación que han progresado de manera muy importante », continúa Anne Augereau: la explotación en todas las épocas de materias primas végétales, animales y minerales, la arqueología de los paisajes, la arqueología de las ciudades, las redes de intercambio, la historia del clima…”. De forma similar, periodos más recientes, como la primera y la segunda Guerra Mundial, se han abierto a una disciplina, que se frecuentemente a épocas mas remotas.

Hasta aquí el balance. En un artículo poco optimista titulado “Regreso al futuro”, Laurent Olivier, conservador en jefe del patrimonio, pone en evidencia que la arqueología preventiva “es el producto indirecto de la «Gran Aceleración» de la presión antrópica sobre el medio terrestre”. Ligado a una “época de la Devastación”, el antropoceno imprime su marca sobre la Tierra –“devastando iguamente los recursos arqueológicos, al tiempo que confronta la práctica de la disciplina a tal inflación de datos y de restos que no sabemos cómo tratarlos ni gestionarlos”. La arqueología podría alcanzar sus propios límites, de la misma manera que estamos alcanzando los de la biosfera.

Les Nouvelles de l’archéologie, « Les nouvelles ont 40 ans ! », n° 157-158, septembre-décembre 2019, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 160 p., 24 €.

Les nouveaux champs d’exploration de l’archéologie française

Pierre Barthélémy, Le Monde Vendredi 21 février 2020 

A l’occasion de son 40e anniversaire, la revue « Les Nouvelles de l’archéologie » dresse un bilan et montre comment le travail des archéologues s’est ouvert à d’autres terrains de recherche, tels les climats ou les villes.

La revue des revues. Lancée en 1979, la revue Les Nouvelles de l’archéologie vient de fêter ses 40 ans. L’occasion pour elle, dans un numéro double, de dresser le bilan de la profonde mutation qu’a subie l’archéologie française au cours de ces quatre décennies. Le principal bouleversement de la période a incontestablement été la loi du 17 janvier 2001, grâce à laquelle la France s’est enfin organisée pour étudier et préserver son patrimoine enfoui en amont des grandes opérations d’aménagement du territoire. Cela s’est traduit par la création de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), qui a donné un cadre financier et professionnel aux fouilles dites d’urgence, au cours desquelles les chercheurs interviennent avant les bulldozers.

En parallèle, les pratiques scientifiques ont aussi connu leur propre révolution, l’archéologue se détachant de ses traditionnelles disciplines tutélaires (l’histoire et l’histoire de l’art) pour se déporter, au gré d’un « bricolage interdisciplinaire », vers des sciences plus « dures ». Ainsi que le retrace Anne Augereau (Inrap), les nouvelles approches sur le terrain intègrent « la plupart du temps des études spécialisées –sur les productions lithiques, céramiques, métalliques, sur les restes fauniques et l’archéozoologie, sur les vestiges du bâti et de l’architecture, sur les questions d’implantation, etc. –, les analyses bio et géoarchéologiques (…) prenant, parallèlement, un essor inédit ».

On est donc loin de la figure caricaturale d’un Indiana Jones creusant le sol afin d’en déterrer de prestigieux vestiges. Si elle fascine toujours le public, la découverte du somptueux artefact, de la belle ruine, n’est plus l’alpha et l’oméga de l’activité archéologique. « Des axes de recherche ont bénéficié d’avancées très importantes, poursuit Anne Augereau : l’exploitation, à travers les âges, des matières premières végétales, animales et minérales, l’archéologie des paysages, l’archéologie des villes, les réseaux d’échanges, l’histoire des climats, etc. » De la même manière, des périodes historiques récentes, comme la première et la deuxième guerre mondiale, se sont ouvertes à la discipline, qui s’était souvent cantonnée à des temps plus reculés.

Voilà pour le bilan. Dans un article sombre intitulé « Retour vers le futur », Laurent Olivier, conservateur en chef du patrimoine, fait remarquer que l’essor de l’archéologie préventive « est le produit indirect de la “Grande Accélération” de la pression anthropique sur les milieux terrestres ». Apparenté à un « âge de la Dévastation », l’anthropocène – l’ère géologique actuelle, où l’humanité imprime physiquement son sceau sur la Terre – « dévaste également les ressources archéologiques, en même temps qu’elle confronte la pratique de la discipline à une telle inflation de données et de restes que l’on ne sait plus comment les traiter ni les gérer ». L’archéologie pourrait donc toucher à ses propres limites, tout comme nous touchons à celles de la biosphère.

Les Nouvelles de l’archéologie, « Les nouvelles ont 40 ans ! », n° 157-158, septembre-décembre 2019, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 160 p., 24 €.

LES NOUVELLES DE L'ARCHÉOLOGIE ONT 40 ANS !

Parution du 157-158 volume des Nouvelles de l'Archéologie

1979-2019. À l'occasion des 40 ans des Nouvelles de l’archéologie, ce numéro double revient sur les évolutions de la recherche en archéologie comme sur celles de la revue.

De nombreux auteurs des premières heures ont été invités à commenter des articles signés il y a quarante, trente ou vingt ans, tandis que de plus jeunes chercheurs donnent leur point de vue sur l’état de leur discipline dans l’institution dans laquelle ils exercent. Entre politique générale de la recherche, évolution des théories, des méthodes et des outils, formation à l’archéologie, diffusion des résultats et liens entre archéologie et histoire ou archéologie et société, vingt-cinq contributions reviennent sur les mouvements qui ont marqué cette discipline depuis quarante ans.

En retraçant l’histoire d’un périodique dont le rôle politique fut essentiel pour une communauté en voie de professionnalisation, et dont le rôle scientifique ne s’est jamais démenti, ce numéro relate la mutation qu’a connue la pratique de l’archéologie, abordant avec la même rigueur ses difficultés comme ses avancées.

La revue, au double titre de témoin et de source, est partie intégrante de l’histoire de cette archéologie plurielle souhaitée par Joseph Déchelette (1862-1914) dès l’orée du XXe siècle.

Numéro anniversaire publié sous la direction d’Aline Averbouh et de Claudine Karlin, avec la collaboration d’Armelle Bonis.

Manifestation pour les droits et devoirs de l'archéologie préventive.
Paris 1997. © Marc Talon

Avec les contributions de Anne Augereau, Jean-Jacques Bahain, Claire Besson, Olivier Blin, Frank Braemer, Olivier Buchsenschutz, Dorothée Chaoui-Derieux, Bernard Clist, Anick Coudart, Véronique Darras, Jean-Paul Demoule, Bruno Desachy, Henri Duday, Alain Gallay, François Giligny, Ricardo González Villaescusa, Katherine Gruel, Pierre Gouletquer, Xavier Gutherz, Edouard Jacquot, Victorine Mataouchek, Pierre-Yves Manguin, Bruno Maureille, Norbert Mercier, Sophie Méry, Amélie Méthivier, Cécile Michel, Virginie Motte, Anne Nissen, Laurent Olivier, Sébastien Plutniak, Haris Procopiou, Clotilde Proust, Alain Schnapp, Hélène Valladas, Jonhattan Vidal et Jean-Denis Vigne.

Sommaire

Éditorial

Les nouvelles de l'archéologie ont quarante ans

Politique de l'archéologie

Anick Coudart et Jean-Paul Demoule
Les nouvelles de l’archéologie, la théorie et l’action : la crise de la quarantaine n’est pas inéluctable !

Bruno Maureille et Cécile Michel
L’archéologie et le Cnrs. Événements et réflexions sur les 40 dernières années

Frank Braemer, Véronique Darras, Sophie Méry, Xavier Gutherz et Pierre-Yves Manguin
L’archéologie française à l’étranger : 40 ans d’informations et d’échanges dans Les nouvelles de l’archéologie. Enjeux actuels

Édouard Jacquot, Virginie Motte et Jonhattan Vidal
L’écosystème de l’archéologie française mis en place à l’île de La Réunion. L’expérience du dernier-né des services régionaux de l’archéologie (2010-2019)

Anne Augereau
L’archéologie préventive hier, aujourd’hui… Demain ?

Olivier Buchsenschutz
Quelle place pour l’archéologie, en particulier métropolitaine, au XXIe siècle ?

Formation

Anne Nissen et Haris Procopiou
Former les futurs archéologues

Amélie Méthivier et Clotilde Proust
Conservation-restauration et archéologie : chemins croisés

Jean-Denis Vigne
L’archéologie et son enseignement au Muséum national d’histoire naturelle

Pierre Gouletquer
L’enfant, le Smartphone et le préhistorien. De l’archéologie de l’objet à l’objet de l’archéologie

Diffusion

Katherine Gruel
Les revues archéologiques en France, 30 ans après

Bernard Clist
L’archéologie sur Internet 20 ans après l’esquisse présentée dans Les nouvelles de l’archéologie

Théories & méthodes

Sébastien Plutniak
Les vertus des études des sciences : retour sur une réception française du postmodernisme en archéologie

Alain Gallay
Regard prospectif sur l’ethnoarchéologie francophone

Henri Duday
Quelques réflexions sur trente années d’évolution méthodologique en France

Jean-Jacques Bahain, Norbert Mercier et Hélène Valladas
Datation des sites préhistoriques : quoi de neuf depuis les années 1980 ?

François Giligny et Bruno Desachy
Informatique et archéologie en France : les années 1980

Archéologie & histoire

Ricardo González Villaescusa
L’évolution des disciplines géohistoriques. Des cadastres aux paysages et à l’archéogéographie

Olivier Blin
Retour vers le passé : à propos d’un article paru en 1988 dans Les nouvelles de l’archéologie. Pluridisciplinarité, interdisciplinarité et profondeur de temps

Victorine Mataouchek
Archéologie préventive sur le bâti et Monuments historiques. Une collaboration qui devrait être exemplaire

Archéologie & société

Alain Schnapp
Les ruines sont-elles nécessaires ? Réflexion sur l’utilité du regard archéologique

Pierre Gouletquer
De la préhistoire naïve à la naïveté de la préhistoire

Laurent Olivier
Retour vers le Futur. L’archéologie française, la vieille Europe et l’extrême droite

Claire Besson et Dorothée Chaoui-Derieux
Un regard illustré sur l’aventure de la fouille dite « du Grand Louvre »

EL PERIODISTA, L'ESCRIPTORA I EL CONSELLER

C. Matamoros en una imatge de El Periodic

Ricardo González Villaescusa
Josep Vicent Lerma
Levante-EMV, 2 de marzo de 2017

El passat dia 4 de febrer pontificava encertadament el periodista llangardaix Juan Lagardera en la seua clàssica columna de Levante-EMV “No hagan olas” sobre la política de gestió cultural del país dels valencians i la seua presumpta perduda de pes específic en aquesta atribolada legislatura del Govern del Botànic, quan precisament tot un seguit de cessaments de caps de servei (Arqueologia, Museus, Arxius i Biblioteques) de tercer esgraó, pertanyents a la Direcció General de Patrimoni Cultural i Museus de la silent Carmen Amoraga, semblen venir a donar-li la raó en el fet de que el Patrimoni Històric pàreix haver esdevingut una pura assignatura “maría” en el relat d'una Conselleria d'Educació, en la que al marge de la seua evident capacitat d'autoorganització administrativa, la Cultura en majúscula i el llegat patrimonial en particular, resulten al cap i a la fi quasi sempre orgànicament devaluats.

Per més que com mantenen J. Ruíz i R. Montaner en el seu reportatge “Marzà mueve la cúpula funcionarial…” (Levante-EMV, 7-02-2018), els canvis previstos en el departament de Cultura han passat per l´acomiadament de la cap de servei Consuelo Matamoros, ja advocat per nosaltres en una metafòrica coda o cua culinària de l'article “El parto de los montes de la arqueología popular” (Levante-EMV, 15-11-2016), en el que previsorament ja proposàvem “despedir al cocinero”, amb la qual cosa segons pareix es guanyaria una esdevenidora Subdirecció General en la “ventafocs” i en conseqüència ara encara poc eficient àrea orgànica de patrimoni i museus valencians.

Panorama en què els successius retards en la tardana eixida de l'orde (28/2017) de bases reguladores de les subvencions econòmiques del Servei de Patrimoni Moble, de la també hui cessada Carmen Sugrañes, han arribat a armar el colp de dalla pràcticament definitiu de molts dels menuts museus locals que fiten i donen vida cultural a tantes comarques valencianes. En aquest sentit, les administracions públiques tenen i han tingut sempre unes consignacions pressupostàries ínfimes per a intentar satisfer la fam permanent d'aquests museus, amb l'excepció d'alguns pocs centres museístics privilegiats o fundacions, que han engreixat des de fa dècades a recer del pessebre institucional dels subsidis de diners públics, ajudes destinades a cofinançar inversions en equipaments, treballs de catalogació de fons o la programació d'activitats de difusió d'aquesta xarxa, virtual i esfilagarsada, de la resta dels nostres museus.

Perquè al remat i malgrat tot que els logografes del conseller d'Educació Vicent Marzà reivindiquen negre sobre blanc “Un tracte just per al poble valencià, també en cultura” ( Levante-EMV, 19/06/2017), no és menys cert que tal com va descobrir aviat al març de l'any passat al periodista Carlos Garsán l´esmentada més amunt directora general del ram, amb assumida i confessa data de caducitat, Carmen Amoraga, fil per randa “Cultura está en una macroconselleria y eso es parte del problema”. Dialèctica organitzativa, que d'altra banda, ben bé podria resoldre's properament en un senzill canvi del cuiner en cap al front dels fogóns de la cultura valenciana, mentrestant no es resolga la populista baralla de campanari de la tornada de la Dama a Elx, ara també acompanyada per la “Dama de Baza”, demanada al seu torn pel Partido Andalucista al crit de “La Dama pa Baza” des de l´any 2015.

EL PERIODISTA, LA ESCRITORA Y EL CONSELLER

C. Matamoros en una imagen de El Periodic

Ricardo González Villaescusa
Josep Vicent Lerma
Levante-EMV, 2 de marzo de 2016

El pasado día 4 de febrero pontificaba certeramente el periodista Juan Lagardera en su clásica columna de Levante-EMV sobre la política de gestión cultural del país de los valencianos y su presunta perdida de peso específico en esta atribulada legislatura del Govern del Botànic, cuando precisamente una cadena de ceses de jefaturas de servicio (Arqueología, Museos, Archivos y Bibliotecas) de tercer escalón, pertenecientes a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Museos de la silente Carmen Amoraga, parecen venir a darle la razón en cuanto a que el Patrimonio Histórico alcanza visos de haber devenido una mera asignatura “maría” en el relato de una Conselleria de Educación, en la que al margen de su evidente capacidad de autoorganización administrativa, la Cultura en mayúscula y el legado patrimonial en particular, resultan a la postre y por lo general orgánicamente devaluados.

Por más que como sostienen J. Ruíz y R. Montaner en su reportaje “Marzà mueve la cúpula funcionarial…” (Levante-EMV, 7-02-2018), los cambios previstos en el departamento de Cultura han pasado por el cese de la jefa de servicio Consuelo Matamoros, ya abogado por nosotros en una metafórica coda culinaria del artículo “El parto de los montes del arqueología popular” (Levante-EMV, 15-11-2016), en el que previsoramente ya proponíamos “despedir al cocinero”, con lo que al parecer se ganaría una futura Subdirección General en la “cenicienta” y en consecuencia ahora aún poco eficiente área orgánica de patrimonio y museos valencianos.

Panorama en el que los sucesivos retrasos en la tardía salida de la orden (28/2017) de bases reguladores de las subvenciones económicas del servicio de Patrimonio Mueble de la también hoy cesada Carmen Sugrañes, han llegado a armar el golpe de guadaña prácticamente definitivo de muchos de los pequeños museos locales que jalonan y dan vida cultural a tantas comarcas valencianas. En este sentido, las administraciones públicas tienen y han tenido siempre unas partidas presupuestarias ínfimas para intentar saciar el hambre permanente de éstos menudos museos, con la excepción de algunos pocos centros museísticos privilegiados o fundaciones, que han engordado desde hace décadas al socaire del pesebre institucional de los subsidios de dinero público, ayudas destinadas a cofinanciar inversiones en equipamientos, trabajos de catalogación de fondos o la programación de actividades de difusión de esta red o malla, virtual y deshilachada, del resto de nuestros museos.

Porque, finalmente y a pesar de que los logógrafos del conseller de Educació Vicent Marzà reivindiquen negro sobre blanco “Un tracte just per al poble valencià, també en cultura” (Levante-EMV, 19/06/2017), no es menos cierto que tal como reveló previamente en marzo del año pasado al periodista Carlos Garsán la mencionada más arriba directora general del ramo, con asumida y confesa fecha de caducidad, Carmen Amoraga, literalmente “Cultura está en una macroconselleria y eso es parte del problema”. Dialéctica organizativa, que por otra parte, bien podría resolverse próximamente en un mero relevo del guisandero jefe a cargo de los fogones de la cultura valenciana, al modo de la sonada destitución del Secretario de Medio Ambiente Julià Álvaro.

DE REIMS A BENICARLÓ: AZAÑA Y EL PATRIMONIO CULTURAL

Gárgola escupiendo plomo del Museo de Tau
© Alain Foucaut

Ricardo González Villaescusa
Levante-EMV, 31 de agosto de 2017

En el diálogo sin pausas ni ritmos escénicos de La velada de Benicarló (1937), escrito por Manuel Azaña, al final del texto hace una larga digresión sobre el patrimonio cultural que me era completamente desconocida. Un texto redactado por el presidente de la República en 1937, de recomendable lectura en su 80º aniversario por la lucidez y la clarividencia de sus análisis a dos años del final de la contienda.

El personaje de Morales, el escritor, que pone voz al Azaña intelectual, cuenta al resto la sensación de desamparo y perdición que albergó cuando en Valencia, capital de la República, corrió la voz de que los aviones de las fuerzas rebeldes habían bombardeado el Museo del Prado de Madrid. El personaje afirma que, de dirigir la guerra habría que alcanzar un acuerdo de “inmunidad de lo bello y lo histórico” que sentencia con la frase “Matémonos si queréis, pero salvemos de acuerdo nuestras obras de civilizados”.

Delegación española en Reims
© De la edición de La velada en Benicarló

Muy lejos de ser siquiera conocedor de la obra del presidente, creo vislumbrar en esta reacción una consecuencia directa del viaje que realizara el ya maduro Azaña en el otoño de 1916, al frente francés de la I Guerra Mundial, formando parte de una delegación de intelectuales solidarios con Francia, entre los que se encontraban los historiadores Menéndez Pidal y Américo Castro. Las reflexiones motivadas por aquel viaje fueron pronunciadas en una conferencia el 25 de enero de 1917 en el Ateneo de Madrid: Reims y Verdún: impresiones de un viaje a Francia, Madrid, 1917. En la capital del champagne, Azaña pudo comprobar de primera mano los efectos del acto vandálico realizado por las fuerzas alemanas sobre Notre-Dame de Reims, la belle, la guapa para los nativos. Con el pretexto de que las torres campanario eran utilizadas como puestos de observación de los movimientos de las tropas germanas, el ejército alemán bombardeó en 1914 hasta incendiar y destruir casi por completo la catedral de las coronaciones reales y alto contenido identitario francés. Las gárgolas vomitando plomo fundido de las vidrieras de la catedral del siglo XIII todavía pueden contemplarse en el museo diocesano del palacio de Tau, para conmoción de sus visitantes.

Es probable que el presidente conociera las vigentes normas de la convención de la Haya de 1907 en términos de protección de los edificios de culto y de valor patrimonial, pero lo que más nos interesa son las argumentaciones con las que el presidente defendía esa cláusula de respeto por “la belleza y lo histórico” que tienen especial valor en el momento actual, cuando nos preocupamos por la destrucción del patrimonio universal por el Estado Islámico.

Conjunto de gárgolas de la catedral de Reims
© Wikimedia Commons

Haciendo alusión a que ciertas destrucciones de patrimonio ya eran un hecho en 1937 en ciudades como Mérida, Toledo o Madrid, el escritor Morales defiende que el destino de esos bienes culturales donde permanece el “patrimonio espiritual” no parece preocupar a los contendientes de la guerra. A tal afirmación, Pastrana, trasunto de “prohombre socialista”, afirma que “será desgarrador perder los monumentos de nuestra civilización, no por históricos sino por actuales, operantes en nuestro espíritu”. Distingue así, en línea con las teorías más recientes un patrimonio productivo, en el sentido capitalista del término, como el valor de las cosas que se transmiten en una mercantil y al que no acceden todas las capas sociales por igual y los “monumentos españoles, parte improductiva del patrimonio nacional”, como un patrimonio que sí es de todos, siquiera nominalmente, pero que lo es precisamente, por infructuoso.

A estas alturas, no es de extrañar que Azaña conocía bien el origen del concepto patrimonio como el conjunto de bienes que se transmiten y conservan de generación en generación para definir una nación. Pero parece más interesante resaltar que en esa definición no había ningún rasgo de esencialismo. La idea patrimonial del jefe del Estado no tenía nada que ver con la inmanencia del espíritu español, sino de aquellas contribuciones hispanas a los valores universales. Al igual que la concepción de la patria, Azaña tenía una idea republicana del patrimonio cultural en la que rechazaba toda añoranza histórica. Su visión es moderna y rupturista, un nuevo proyecto social que toma impulso en una “cultura tradicional en permanente renovación” (S. Juliá, “Las patrias de Manuel Azaña”, en Historia de la nación y del nacionalismo español, 2013)

Ese proyecto social era personificado por Ricardo de Orueta, hombre de la Institución Libre de Enseñanza y Director de Bellas Artes entre 1931 y 1936, con Azaña de primer ministro y presidente de la República más tarde. El enfoque patrimonial de este historiador del arte se plasmaría en la “Ley del Tesoro Artístico Nacional”, de la que fue relator, y vigente hasta la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. Esta ley desarrollaba el artículo 45 de la Constitución de 1931 y estipulaba las reglas de formación de un inventario del patrimonio histórico-artístico nacional. La frase de Azaña “matémonos si queréis, pero salvemos de acuerdo nuestras obras de civilizados” es una declaración de principios sobre la impotencia ante la guerra y la necesidad de preservar aquello que nos une (entre generaciones, entre clases, entre culturas y religiones…) como contribución a los valores universales, 35 años antes de la creación de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esos mismos valores universales de modernidad que son cuestionados por el Estado Islámico cuando destruye el patrimonio preislámico para obtener ingresos con su venta y con la intención de amplificar el impacto propagandístico de sus actos.

Las lecciones son sencillas de extraer. La primera es que no estamos tan lejos del vandalismo yihadista como creemos, tan solo nos separa algo más de un par de generaciones. La segunda es que los valores universales no lo son tanto. La identificación de la nación con una religión, que distanciaba a Azaña del catolicismo exclusivista de Menéndez y Pelayo, es precisamente la coartada que usaron los talibanes para destruir las estatuas de los budas de Bamiyán en 2001. En tercer y último lugar, como son relativos, los valores que definen una sociedad, como la nuestra, necesitan de una discusión (“salvemos de acuerdo…”). Para dar nacimiento a una ley que proteja y conserve debemos consensuar, discusión mediante, qué merece ser conservado y protegido de la destrucción y del olvido; en definitiva, se trata de determinar qué valores propios creemos que contribuyen a los valores universales.

De lo contrario, tendremos que resignarnos como dice en un momento el escritor Morales de La velada de Benicarló, en clara alusión a la Casa de Velázquez, creada en 1920, a que “vengan a buscar vestigios entre montones de arena y ceniza los sabios de algún instituto extranjero”.

ASALTAR LOS CIELOS SIN PASAR POR LA TIERRA

Ricardo González Villaescusa
Levante-EMV 3 de agosto de 2017

 

Si el patrimonio es el uso contemporáneo que un colectivo social hace de su pasado, este uso traduce buena parte de la representación colectiva presente de una sociedad y de sus perspectivas de futuro. Pasados dos años de las elecciones que cambiaron el escenario del poder territorial en algunas de las principales ciudades españolas y comunidades autónomas, es posible reflexionar sobre qué futuro reservan los partidos emergentes a un pasado enfrentado a la idea de modernidad.

Ciudades tan emblemáticas como Madrid, Barcelona, Valencia, Alcalá de Henares o Cartagena y comunidades autónomas como la catalana o la valenciana han visto transformarse la situación política. La tendencia ha sido la formación de gobiernos socialistas que han contado con el apoyo de las fuerzas políticas emergentes o, en ocasiones, como en Barcelona, son los socialistas que apoyan a En Comú Podem. Los programas de gobierno de estos grupos son explícitos en cuanto a los grandes objetivos generales que pueden consultarse en sus sitios de internet. Los comunes muestran en su programa la intención de “blindar los servicios públicos”; la CUP tiene como objetivo manifiesto “substituir el modelo socioeconómico capitalista por otro nuevo”; en Valencia, Compromis, pretende “superar las carencias del modelo económico vigente”. Sin embargo, en el tema patrimonial estamos más cerca de valores posmateriales del liberalismo de izquierda como intentaré demostrar. Aunque proporcionar “munición argumentativa de utilidad para los sectores más reaccionarios” (Manuel Cruz, Travesía de la nada. Reflexiones sobre el argumentario independentista, 2016) no figure entre mis intenciones, hay sobradas razones para creer que las coaliciones citadas olvidan cuestiones medulares del patrimonio cultural, si bien, no es en mayor medida que en las fuerzas políticas tradicionales.

Tras consultar con diferentes amigos, colegas y empresarios de las más importantes plazas citadas me han transmitido un mensaje poco esperanzador. La situación económica es crítica (la deuda de la Comunidad Valenciana alcanza el equivalente de tres anualidades presupuestarias), pero es amargo constatar que la crisis económica culmina una crisis de valores que, por definición, hace mella en el patrimonio cultural, mediatizado por ideales y necesidades no materiales. La política cultural se centra en el teatro, el cine o las exposiciones y el patrimonio cultural se encuentra supeditado al medioambiente y, a lo sumo, al interés patrimonial del karma del “turismo cultural”: una disciplina histórica al servicio del crecimiento económico. Errores de bulto como la demolición del convento de las Damas Apostólicas de Madrid, están originados más por una devaluación de los requisitos de protección legal del patrimonio que indujo la reforma de la ley de la Comunidad de Madrid en 2013, que por el alegado “error burocrático”, siendo paradójico que sea una movilización ciudadana la que paralice el avance del derribo. Hay una tendencia a que las actividades culturales tengan un lógico cariz identitario, mayor en Cataluña, y un uso memorial del pasado. Las justificadas intervenciones arqueológicas en las fosas de represaliados por el franquismo, el oportuno acto de reivindicación de la figura de Negrín o la próxima celebración del 80 aniversario del “II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura”, son buenas muestras de una concepción de la Historia a remolque de un memorialismo, que asume “los sueños que en el pasado tuvieron los nuestros como nuestro propio insuperable horizonte de expectativas” (M. Cruz, Adios, historia, adiós, 2012).

La síntesis de algunas de esas políticas se concita en una comunidad como la Valenciana donde se hace la mayor apuesta posible, un cambio legislativo de la misma Ley de Patrimonio que se encuentra en trámite, mientras que el esperado Reglamento Regulador de las Actividades Arqueológicas permanece olvidado. Sólo podemos felicitar que el borrador público que se pretendió poner en marcha al principio de la legislatura instaure una acreditación de los servicios arqueológicos municipales para poder intervenir en la arqueología local. Pero es del todo inadmisible que las empresas de arqueología queden redimidas de dicha acreditación y que la figura del promotor sea el interlocutor ante la administración, en lugar del titulado superior en materia de arqueología y/o patrimonio, único responsable de los resultados científicos de la misma. Una prueba más de que “el capitalismo se ha quedado solo” en afortunada expresión de Manuel Cruz.

En un contexto de crisis puede entenderse la mísera cifra destinada al patrimonio en las cuentas públicas de los últimos presupuestos de la Comunidad Valenciana. Cantidad apenas remediada por un improvisado “Plan de Inversiones en el Patrimonio Cultural” de cuatro millones de euros para dos ejercicios, a todas luces desequilibrado territorial y temáticamente, además de una clara finalidad aplicada al turismo cultural. Inconscientemente, espero, el “Plan” anunciado confirma la “crisis silenciosa” que pone la educación y la cultura al servicio de la competitividad global y de la capacidad de generar renta (M. Nussbaum, Sin fines de lucro, 2010). No puede compartirse la ausencia total de ideas que denotan las principales actuaciones tendentes a la recuperación de la Dama de Elche, propias de un decimonónico afán identitario. Un ejemplo más de una huida hacia atrás inspirada por una geopolítica utópica que pretende restituir el tiempo en que algo pudo ser y no fue. Mientras que el ejecutivo valenciano implora la vuelta del busto ibérico a la ciudad de Elche, olvida completamente en el citado “Plan de inversiones” el rico patrimonio ibérico de la Comunidad.

Es cierto que hay pocos recursos económicos y no es menos cierto que el turismo cultural ofrece una utilidad social que puede contribuir al desarrollo económico de los territorios, pero la rentabilidad no puede ser el motor de las políticas patrimoniales. Lamentablemente, la práctica política cotidiana de los dos últimos años del social-liberalismo y de las fuerzas anticapitalistas dan diariamente la razón a Francis Fukuyama. En un peligroso atajo discursivo asumen que sin dinero no hay política posible y la diferencia entre las formaciones conservadoras y progresistas se sustancia en el peso y color de las dotaciones presupuestarias destinadas a las políticas evidentes: la iglesia que se cae o el trámite de una excavación preventiva.

Así, acaban convertidos en notarios de una realidad presente en la que no pueden influir, para mirar atrás, hacia un pasado reciente no deseado que pospone indefinidamente el imperativo político de transformar la sociedad aquí y ahora.

REQUIEM POR EL CENTRE NATIONAL D'ARCHÉOLOGIE URBAINE (CNAU)

Biblioteca del CNAU en el Château de Tours

Presentamos el texto de Pierre Garmy, "Tombeau du Centre national d’archéologie urbaine (CNAU)", aparecido en Nouvelles de l'Archéologie, n° 146, diciembre 2016, pp. 60-61, que nos ha cedido el autor para su traducción. Puede leerse en francés en la web de Mediapart. P. Garmy fue director del CNAU entre 1992 y 1995. Para saber algo más sobre la filosofía que presidió el CNAU véase nuestra entrada La fábrica urbana que sirvió para dar a conocer nuestra edición y traducción del ensayo de H. Galinié, Ciudad, espacio urbano y arqueología. La fábrica urbana.

El afán de la administración central del ministère de la Culture et de la Communication ha dado cuenta finalmente, de los restos del Centro Nacional de Arqueología Urbana (CNAU) instalado en Tours. El más importante fondo nacional en esta materia (unos 12000 libros) es actualmente embalado para su destino en Charenton, para después, ser instalado muy hipotéticamente en las estanterías de la "Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine" -a menos que se olvide durante años en lo más profundo de un sótano, por falta de operarios para llevarlo a cabo- la base de datos (alrededor de 1300 expedientes monográficos y 33000 referencias indexadas en la base de datos Millefeuilles) están apagadas y, en consecuencia, los conocimientos adquiridos y el trabajo de más de treinta años del equipo del CNAU son simplemente amortizados. Por no hablar de la suerte del equipo humano dispersado en algunos servicios descentralizados y ajenos a su competencia científica...

Creado gracias a los avances culturales de la década de 1980, junto con otros dos "centros nacionales" -el Centre national de Préhistoire à Périgueux y el Centre de recherches subaquatiques à Annecy- el CNAU tenía una triple misión especializada de documentación: formación, asesoramiento e investigación en la disciplina de la arqueología urbana.

Como tales servicios centrales deslocalizados del Ministerio, estas tres instituciones escaparon a los principios de desconcentración que rigen los servicios externos de los departamentos regionales de los asuntos culturales, incluyendo el servicio regional de la arqueología (SRA). El ejercicio de la jurisdicción en su especialidad en todo el territorio nacional, no tenía capacidad para hacer cumplir las leyes y reglamentos del sistema legal. Originalmente, un consejo científico independiente y evaluado periódicamente orientaba sus actividades y programas. Razón de más para que puedan considerarse por la administración responsable -la investigación, contra toda lógica, ya no interesa - como los patitos feos de un panorama de la Cultura cada vez más estandarizado y rígido. El centro de Annecy, una vez desaparecido, fue absorbido por el Departamento de Investigaciones Submarinas (DRASSM); el CNP sobrevive como puede pletórico de fuerzas; el CNAU se ha convertido con el paso de los años en un mero apéndice de los servicios centrales, continuando a producir milagrosamente, gracias a la labor admirable y a la fe de los componentes de su pequeño equipo, pero su desaparición ha acabado definitivamente ocurriendo, una vez programada en virtud de la révision générale des politiques publiques "RGPP" el nuevo taparrabos del desmantelamiento del servicio público.

Sin embargo, ni la producción científica del Centro, ni su participación diversa y vigorosa en las redes de la investigación urbana pueden justificar tal encarnizamiento administrativo. El "Annuaire des opérations de terrain en milieu urbain" (base de datos Terresurbaines que contiene más de 7700 entradas sobre operaciones en 850 ciudades comprendidas entre los años 1985 y 2010), el "Bulletin bibliographique d’archéologie urbaine" (el último en línea en 2016 concierne las publicaciones de 2012), continúa apareciendo como puede, la serie de "Études et documents", fruto en su mayoría de seminarios y mesas redondas y, por supuesto. los "Documents d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de France (DEPAVF)" reconocidos instrumentos de gestión, ampliamente utilizados por la comunidad científica como por todos aquellos que tienen que hacer frente cotidianamente a las cuestiones urbanas (arqueólogos, historiadores, gestores, los servicios comunitarios, arquitectos, planificadores, políticos, etc.).

Mientras que su tutela administrativa quería -sin justificación, pero a cualquier precio- deshacerse de él, existían, sin embargo, soluciones inteligentes para salvaguardar los logros del Centro, acrecentándolos y desarrollándolos de forma sostenible. Hubiera sido posible firmar un convenio, como tantos otros comparables, con una unidad de investigación de Tours que podría haber acogido el equipo y ofrecer las condiciones materiales e intelectuales para cumplir con sus objetivos científicos. Todos los sectores concernidos, con excepción de la administración del Ministerio de Cultura y Comunicación habían expresado su apoyo a esta iniciativa y habían hecho campaña en su favor. Sin contar con la Subdirección de Arqueología de ese Ministerio.

En estas tristes circunstancias, no deja de sorprender la lectura de la nueva Programmation nationale de la recherche archéologique (CNRA), publicada en 2016, con especial atención a las páginas 121-135 dedicadas a la temática 9, titulada Le phénomène urbain. Puede leerse en un batiburrillo "el enfoque geográfico del espacio urbano es un paso muy importante ..." [y] "el trabajo de taller de cronocoremática urbana dirigido por el equipo del Centro Nacional arqueología urbana ha sido un buen ejemplo "; o que "la relación entre la arqueología y la planificación urbana aún es frecuentemente el único registro reglamentario [y que] los datos de la investigación no están suficientemente integrados en el análisis dinámico y la reestructuración urbana contemporánea. [Por consiguiente], es apropiado considerar formas de dar mayor claridad al trabajo en las ciudades y facilitar el acceso no sólo a toda la comunidad arqueológica y científica, sino también a los profesionales en la cuestión, planificadores, arquitectos, planificadores o elegidos ". Pero saltan los ojos de sus órbitas al descubrir la necesidad de "promover el intercambio de datos", que era "uno de los roles de los Documents d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de France (DEPAVF) conducidos en el pasado por el Centro Nacional de Arqueología Urbana (CNAU)... los volúmenes publicados como parte de esta colección permiten una lectura diacrónica de la evolución de la trama urbana estudiada, muy útil para la comunidad de arqueólogos, historiadores y arquitectos, a la vez que son accesibles a los no -especialistas". Los DEPAVF de hecho, "gracias a su estructura, donde se combinan los datos cartográficos y textuales, proporcionan las condiciones ideales para una transformación en sistemas de gestión informática." Dicho sea de paso, esa conversión no es una operación mecánica simple, sino que requiere una fuerte inversión conceptual que antaño fue llevada a cabo por el equipo del CNAU, como lo demuestra un documento olvidado en un cajón inmediatamente después de su publicación por la Subdirección de la Arqueología (Coll., 2004). "Además de asegurar la comunicación periódica de los resultados de la investigación a toda la comunidad científica, dichas bases de datos relacionales pueden ser utilizadas por los responsables de la ordenación del territorio, lo que contribuiría a la visibilidad de la investigación, a menudo reducida a un círculo muy restringido. Serían además para los servicios de la administración que prescriben las intervenciones arqueológicas, una herramienta de ayuda a la decisión para la prevención arqueológica".

Parece indudable que habría que imaginar la creación de un "órgano de vocación nacional," la única forma de "garantizar el establecimiento de normas relevantes que satisfagan las diversas situaciones urbanas, su respeto en el tratamiento y la utilización de los datos, la traducción en formatos que puedan ser utilizados por toda la comunidad arqueológica...".

Estas fuertes recomendaciones me sugieren una idea: ¿Por qué no instalar el organismo nacional en cuestión en "Tours, lugar del estudio urbano por excelencia" y bautizarlo CNAU?

En última instancia, ¿hay que pensar que la mencionada Programmation nationale de la recherche archéologique no está destinada a guiar las decisiones de la administración del Ministerio en esta materia? En cualquier caso, esta no se molesta con sutilezas científicas del estilo y al parecer no se siente obligada a cumplirla. Ilustración, sin duda, del viejo dicho: "En Francia, cuando se quiere enterrar un problema, se crea una comisión."

Ciudadano Pierre GARMY

19 Brumaire, An 225

Bibliografía

Coll. 2004. Informatisation des documents d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de France. Système de gestion de base de données, système d’information géographique. Bilan d’étape 2002-2003. Tours, 2004, 162 p., ill.

LEYES, LÍOS Y AYES

Josep Vicent Lerma
Levante-EMV 17 de marzo de 2017


El acuerdo del pasado día 2 de marzo en la Comisión de Cultura de les Corts Valencians, de la mano del diputado y radiofónico escritor Fernando Delgado, para modificar la espuria ley del Partido Popular del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) (Ley 4/98) o enésimo parcheo de su abollado articulado y la aprobación apenas unos días antes del documento del Consell Valencià de Cultura en el que se comunica a sensu contrario a la Dirección General de Cultura y Patrimonio autonómica que literalmente «per tot el que s´ha exposat, considerem convenient que es redacte una nova Llei del Patrimoni», evidencian bien a las claras una preocupante descoordinación de la acción política del Govern del Botànic en esta materia tradicionalmente vital para la izquierda valenciana, que nos ha hecho recordar fatalmente el machacón estribillo «¡ Ay, qué dolor!», de la mítica canción de los Chunguitos de 1978.

Porque si finalmente las modificaciones instrumentales de la ominosa etapa de gobiernos populares de 2004 y 2007, encarriladas sin tapujos a facilitar el sventramento del Cabanyal o la reconstrucción historicista del impostado templo espiritual de los valencianos de la Valldigna –de las que ya nos ocupamos en su día en nuestros artículos de opinión La reforma de la Ley de Patrimonio Cultural o la excepción valenciana (Levante-EMV, 21-11-2004) o Sísifo o la contrarreforma de la ley de patrimonio cultural valenciano (Levante-EMV, 25-02-2007)– no han sido óbice para que las administraciones públicas competentes consientan y pasen por las recientes trapisondas necrofílicas de los Trénor en su finca del monasterio de Sant Jeroni de Cotalba (Alfauir, la Safor), glosadas a su vez en El gen literario valenciano (Levante-EMV, 30-11-2016) o la impune salida fuera del territorio valenciano de piezas fundamentales de nuestro acervo cultural, como el gran retrato pintado sobre un magnífico pavimento de azulejos del mocadoret del caballero de nuestra orden nacional de Montesa, Felipe Vives de Canyamás i Mompalau. Obra señera del pintor barroco Jacinto de Espinosa de 1634, ahora puesta en pública almoneda en la feria anticuaria de Maasctricht, sin impedimentos de la Junta de Valoración y Exportación del Ministerio de Cultura, no obstante su parentesco estilístico con la imagen pictórica del lugarteniente general de esta misma orden militar valenciana, Joan Ferrer, utilizada como ilustración gráfica del antológico libro de Manuel Sanchis Guarner, La Ciutat de València (1972).

Tampoco los penúltimos remiendos normativos –colados de matute por la directora general Carmen Amoraga en la Ley 10/2015 de Acompañamiento de Presupuestos, en su Capítulo XIV de nuevo zurcido de la LPCV, artículo 72 referente al uso de detectores y otros instrumentos de análoga naturaleza– parecen haber servido para atajar de raíz episodios sonrojantes para el patrimonio histórico valenciano, como el de la presencia el pasado mes de febrero de dos presuntos expoliadores, con traje de neopreno y equipo de detección de metales profesional, provistos de licencia genérica de uso en playas valencianas, en los arenales de la Marineta Cassiana de Dénia. Enclave privilegiado del litoral de la Marina Alta que acredita en su haber, nada más y nada menos, que cuatro fichas del inventario de yacimientos arqueológicos subacuáticos de la Comunitat Valenciana.

Por consiguiente, y a modo de coda final, una vez constatado el fracaso de casi dos décadas de aplicación del buenismo neoliberal de la Ley 4/98, ya pregonado en el preámbulo de la misma «de que sin la colaboración de la sociedad en la conservación del patrimonio cultural, en su gran mayoría de titularidad privada, la acción pública está abocada al fracaso por falta de medios suficientes?» (sic), a estas alturas de la legislatura, debería resultar evidente para los actuales gestores del legado cultural de los valencianos la recomendación del Consell Valencià de Cultura de clausurar a perpetuidad la desastrosa política de composturas legislativas discrecionales, seguida hasta ahora e iniciar la redacción de una inaplazable futura Ley del Patrimonio Histórico Valenciano (LPHV), financiada realmente con el 1 % del capítulo de inversiones en obras públicas de los presupuestos de la Generalitat Valenciana o con la aplicación de una ecotasa o tasa turística, que refuerce las políticas públicas en este sector y garantice la preservación de la memoria cultural del pueblo valenciano, dando ajustada respuesta a los retos y amenazas incipientes del siglo XXI, como el turismo urbano depredador o la irrupción de una inédita plétora de fundaciones culturales privadas y mecenas nuevos ricos, beneficiarios de la brecha social abierta por el crash de 2008, a los que las administraciones públicas están llamadas en una fecha no demasiado lejana a sentar su mano pródiga.

COLIN RENFREW POR UNA ARQUEOLOGÍA LEGAL, TRANSPARENTE E INTERNACIONAL

El Proceso © INAH / Melitón Tapia

Planteamiento meridiano del maestro de toda una generación, Colin Renfrew, uno de los padres del procesualismo, alejado de la arqueología post-procesualista (new age o feng shui, según se quiera), comprometido y alertando de los riesgos de la pérdida de la memoria colectiva. Una sociedad que pierde la memoria puede convertirse en una sociedad con Alzheimer, a nosotros corresponde elegir si es eso lo que queremos, como diría nuestro amigo Carlos Fabiao.

Concluye sin dudas sobre el modelo al que deben aspirar la arqueología y el patrimonio: "Colin Renfrew concluyó en que es necesario pugnar “por una arqueología legal y no ilícita, transparente y no clandestina, internacional y no nacionalista, con buenas publicaciones y sin secretos, auténtica, popular, enciclopédica e ilimitada como el espíritu humano".

Reproducimos el artículo "Especialista inglés alerta en México sobre el tráfico ilícito de bienes culturales", de El proceso de México, del 17 de junio de 2016.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Investigador emérito de la Universidad de Cambridge, el arqueólogo británico Colin Renfrew (1937) dictó una conferencia en el Museo Nacional de Antropología –al que calificó como su museo favorito– acerca de los riesgos de pérdida de la memoria colectiva debido a la expoliación y el tráfico ilícito de bienes culturales.

Nacido en Stockton-on-Tees, en Reino Unido, el científico social de 78 años de edad se interesó desde muy joven en el tema del saqueo de antigüedades. Denuncias sobre el hecho en la isla de Keros lo motivaron entonces a atravesar el Mar Egeo para investigar en un sitio que –sabría después– era el primer santuario marítimo del mundo.

Durante su exposición explicó que los daños del saqueo van más allá de la posesión ilegal de piezas por parte de coleccionistas privamos, su efecto “es que nuestra posibilidad de aprender acerca del pasado de la humanidad se pierde a través de la alteración del contexto”, reseñó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en un comunicado.

Reconocido por su trabajo en datación por medio de radiocarbono, prehistoria de idiomas, arqueogenética y arqueología procesual, Renfrew no descalificó el coleccionismo, por el contrario consideró que fue parte de la “arqueología seria” de los siglos XVI al XIX, pero la situación cambió luego de las guerras mundiales del siglo XX:

Se creó mayor conciencia acerca de la pérdida del patrimonio y por ello se adoptó en 1970 la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la aportación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales.

El arqueólogo describió uno de los procesos que pueden seguir las piezas ilícitas hasta llegar a los museos o espacios donde se busca su legitimación:

Comienza con una excavación clandestina en cualquier sitio, el saqueador lleva las piezas arqueológicas a un vendedor local y éste la comercia con un traficante “mejor conectado” que las colocará con un coleccionista privado. En algún momento este coleccionista querrá mostrar su colección en una exposición en algún museo importante, editará un catálogo de lujo, en el cual no se aclara la procedencia del objeto, y ahí es donde llega a otro nivel. Es un “entramado de corrupción”.

Señaló otro aspecto en el cual el coleccionista se convierte en “mecenas” y “dona” sus acervos a prestigiados museos, cuyos directivos no siempre están dispuestos a corroborar el origen de las piezas. Las donaciones conllevan exenciones de impuestos que en ocasiones son mayores a lo que el supuesto mecenas invirtió. Lo lamentable, dijo, es que no se aplique correctamente lo estipulado en la Convención de 1970.

Renfrew recordó el caso conocido como Hot Pot (vasija caliente) del Museo Metropolitano de Nueva York, que salió a la luz cuando en 1995 se denunció en Italia la existencia de una bodega llena de antigüedades saqueadas. Ahí se encontraba una hermosa vajilla griega comprada en 1972 en cerca de un millón de dólares por el entonces director del museo Thomas Hoving, al comerciante Robert Hecht.

Al final la pieza tuvo que ser devuelta a su país de origen. No obstante el Met siguió adquiriendo obras de procedencia ilícita durante la dirección de Philippe de Montebelle (1977-2008).

Otro caso fue la Afrodita de Morgantina, adquirida por el Museo J. Paul Getty de Malibú, en 18 millones de dólares. El gobierno italiano llevó este caso a los tribunales.

Ambos museos, destacó el arqueólogo británico, tienen nuevas direcciones, el Getty, con el doctor Michael Brand, y el Met con Thomas P. Campbell, a quienes consideró de confianza.

Cabe mencionar que en el caso de México se han presentado hechos en los cuales casas subastadoras sacan a la venta colecciones arqueológicas de dudosa procedencia, como la casa Bonhams. El INAH señaló que 25% de los objetos que se subastarían eran de reciente manufactura, e informó en su momento que presentó una denuncia penal ante la PGR.

E igual, “solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores implementar las medidas legales y diplomáticas procedentes para su recuperación, ya que la subasta de bienes arqueológicos en Nueva York vulnera la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, que dispone la Recuperación y Devolución de Bienes Arqueológicos, Históricos y Culturales Robados, de fecha 17 de julio de 1970.”

Colin Renfrew concluyó en que es necesario pugnar “por una arqueología legal y no ilícita, transparente y no clandestina, internacional y no nacionalista, con buenas publicaciones y sin secretos, auténtica, popular, enciclopédica e ilimitada como el espíritu humano.

PATRIMONIO HISTÓRICO VALENCIANO: MEDIO CENTENAR DE PREGUNTAS EN BUSCA DE RESPUESTA

Detalle escultórico de la Lonja

Ricardo González Villaescusa
Josep Vicent Lerma

Levante-EMV, 19 de marzo de 2016

La buena acogida por parte de colectivos como Espiera o el mismo CDL de Valencia y Castellón de nuestro artículo “De arqueología, reglamentos y sabios” (Levante-EMV, 8-01-2016) y el nuevo compromiso del Secretario autonómico de Cultura Albert Girona de someter a consulta de los eruditos del Consell Valencià de Cultura el irredento Reglamento regulador de la arqueología valenciana, nos estimula a exprimir el impase para seguir reflexionando públicamente sobre la Arqueología y el patrimonio histórico valencianos. 

Si en aquella primera entrega nos centrábamos en cuestiones de procedimiento, señalando la necesidad de que los nuevos útiles reglamentarios surjan, con algunas premisas, de un consenso profesional, empresarial, académico, científico…. Ahora no queremos perder la oportunidad de proponer cuestiones de fondo que deben presidir cualquier reflexión sobre esos métodos. La principal es la propia definición de patrimonio y su derivada que consiste en qué quiere hacer la sociedad valenciana con ese legado secular. 

Así la definición de “patrimonio” dista de ser algo asentado e inamovible. Desde la primera acepción del obispo montañés abad Grégoire, diputado de la Convención y primer personaje preocupado por los bienes artísticos del pasado y la destrucción de los mismos durante la Revolución francesa, hasta nuestros días, el concepto no ha dejado de incrementar su complejidad. Por consiguiente el patrimonio cultural, no preexiste hasta que es inventariado y puesto en valor por decisiones políticas cambiantes. En una primera instancia existen sensibilidades, susceptibles de acabar, transformadas en disposiciones legislativas. ¿Acaso las chimeneas, fruto de un reciente pasado industrial desparecido, no fueron primero respetadas en algunos planes urbanísticos, para pasar después a ser protegidas por disposiciones patrimoniales? Esa cuestión ontogenética merece una pausada discusión que siente las bases de la política patrimonial de las próximas dos décadas. Las voluntades expresadas a nivel local como la demanda de un proyecto de capitalidad de la romanización en torno a Sagunto (Levante-EMV, 10-02-16) son substanciales, pero requieren de miradas globales de mayor calado.

Esa reflexión debe partir de un listado de interrogantes que aportarán más conocimientos solo por el solo hecho de formularse que las eventuales respuestas, proporcionándonos una idea de las políticas prioritarias a poner en marcha con vistas en un futuro no demasiado lejano.

A modo de listado no exhaustivo se nos ocurren algunos interrogantes agrupados temáticamente.

• ¿Qué aspectos identitarios pueden contribuir en los próximos años a una nueva política patrimonial valenciana? ¿Qué rasgos culturales deben ser objeto de nuestra atención preferente? ¿Qué nos une a los valencianos? ¿Qué nos une al pasado? ¿Qué proyección de futuro queremos legar a las generaciones venideras? ¿Qué relación queremos tener con un cambiante medio ambiente? ¿Qué nexos queremos privilegiar con las sociedades industriales de los siglos XIX y XX? ¿Con las clases sociales privilegiadas: edificios del poder civil o religioso? o ¿con los vestigios de un mundo rural que se extingue a ojos vista en nuestra Huerta de Valencia?
• ¿Qué periodos históricos del pasado del actual territorio valenciano son más o menos conocidos? ¿Queremos corregir la tendencia del valencianismo “gótico” de las últimas décadas? ¿Qué religiones del pasado forman parte la personalidad multicultural del presente?
• ¿Qué identidades culturales vertebraron el actual territorio valenciano? iberos, fenicios, romanos, musulmanes, conquistadores feudales… Y ¿qué peso acordarles a cada una de esas civilizaciones en nuestro imaginario colectivo actual?
• ¿Qué políticas científicas deben ponerse en marcha para dotar de contenido a cada una de ellas? ¿Nuevas excavaciones programadas? ¿Publicaciones de colecciones on line de los datos primarios de los últimos 30 años de excavaciones de urgencia? ¿Síntesis científicas orquestadas desde la administración y favoreciendo la sinergia de los trabajadores de la arqueología con las universidades y demás centros de investigación? ¿Coordinadas por quién?
• ¿Qué políticas patrimoniales deben ponerse en pie para traducir el discurso científico a un lenguaje más inteligibles por la ciudadanía? ¿Exposiciones estables o itinerantes? ¿Más museos sostenibles? ¿Parques arqueológicos? ¿Manidos centros de interpretación? ¿Festivales de reconstrucciones históricas como el de Tàrraco Viva?
• ¿Qué función deben cumplir sin duplicidades cada una de las entidades locales y mancomunidades? ¿Qué función y qué papel debe tener la sociedad civil, protagonista de luchas como la de Salvem el Cabanyal?
• ¿Qué objetivos y sus plazos para el patrimonio? ¿Qué parte ocupa el mismo en la política cultural global de la Comunidad? ¿Hay posibles candidaturas a patrimonio, material o inmaterial, de la Humanidad, como las propias Fallas? ¿Se pueden crear nuevas redes de ciudades históricas de la Comunidad Valenciana, como la red de Juderías? ¿Qué función debe cumplir el patrimonio cultural en la política turística tradicional de las tres s (sun, sand y sea = sol, arena y playa)?
• ¿Qué sistemas de financiación deben arbitrarse para llevar a cabo esos objetivos? ¿Qué comunidades religiosas han recibido mayor financiación en los últimos años? ¿Cómo aunar sinergias que permitan la financiación pública y privada?
• ¿Cuál debe ser la formación reglada de las profesiones relacionadas con el patrimonio? ¿Qué funcionarios deben tener una responsabilidad directa? ¿Qué profesiones liberales pueden trabajar en su protección? ¿Quiénes pueden guiar y difundir el patrimonio sin intrusismos profesionales? ¿Qué nivel de formación habilitará a unos y a otros para poder actuar en nombre de la administración?
• ¿Cómo organizar y gestionar la información derivada de la arqueología preventiva? ¿Qué nivel de transparencia acordar a la información arqueológica sensible?¿Cómo permitir el acceso a los informes y memorias? ¿Qué tratamiento conceder a la “escoria arqueológica” derivada de las propias excavaciones: materiales amorfos por toneladas, depositados en los atestados museos y servicios arqueológicos? ¿Es posible el expurgo del registro material repetitivo o sin interés? ¿Cómo regularlo?
• ¿Cuáles son las mayores amenazas del patrimonio? ¿Qué trabas existen para su acceso y conocimiento por parte de los ciudadanos? ¿Qué medidas adoptar para su protección y difusión? ¿Qué criterios deben presidir las reclamaciones de las piezas perdidas de la soberanía propia como el Baco de Aldaia? (Levante-EMV, 3-02-16) ¿Cómo queremos regular y canalizar fiscalmente las transferencias y circulación de los bienes patrimoniales? 

 Todas y cada una de estas preguntas responden a problemas que solo pueden tener respuestas colectivas en una democracia deliberativa, un acuerdo social en el sentido que le da Jürgen Habermas, entre los distintos operadores de este arruinado sector y las administraciones públicas responsables. Sentarlos en torno a una mesa con un profundo y sincero debate objetivo y esperanzado sin las famosas “líneas rojas”, superando el dualismo entre teoría y praxis, entre pensamiento y acción, entre estado y mercado. 

Si tenemos en cuenta las respuestas y sus aporías, entonces será posible formular el paradigma de una nueva doctrina política cultural y las consiguientes cuestiones normativas patrimoniales de los próximos veinte años. Merece la pena.