REQUIEM POR EL CENTRE NATIONAL D'ARCHÉOLOGIE URBAINE (CNAU)

Biblioteca del CNAU en el Château de Tours

Presentamos el texto de Pierre Garmy, "Tombeau du Centre national d’archéologie urbaine (CNAU)", aparecido en Nouvelles de l'Archéologie, n° 146, diciembre 2016, pp. 60-61, que nos ha cedido el autor para su traducción. Puede leerse en francés en la web de Mediapart. P. Garmy fue director del CNAU entre 1992 y 1995. Para saber algo más sobre la filosofía que presidió el CNAU véase nuestra entrada La fábrica urbana que sirvió para dar a conocer nuestra edición y traducción del ensayo de H. Galinié, Ciudad, espacio urbano y arqueología. La fábrica urbana.

El afán de la administración central del ministère de la Culture et de la Communication ha dado cuenta finalmente, de los restos del Centro Nacional de Arqueología Urbana (CNAU) instalado en Tours. El más importante fondo nacional en esta materia (unos 12000 libros) es actualmente embalado para su destino en Charenton, para después, ser instalado muy hipotéticamente en las estanterías de la "Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine" -a menos que se olvide durante años en lo más profundo de un sótano, por falta de operarios para llevarlo a cabo- la base de datos (alrededor de 1300 expedientes monográficos y 33000 referencias indexadas en la base de datos Millefeuilles) están apagadas y, en consecuencia, los conocimientos adquiridos y el trabajo de más de treinta años del equipo del CNAU son simplemente amortizados. Por no hablar de la suerte del equipo humano dispersado en algunos servicios descentralizados y ajenos a su competencia científica...

Creado gracias a los avances culturales de la década de 1980, junto con otros dos "centros nacionales" -el Centre national de Préhistoire à Périgueux y el Centre de recherches subaquatiques à Annecy- el CNAU tenía una triple misión especializada de documentación: formación, asesoramiento e investigación en la disciplina de la arqueología urbana.

Como tales servicios centrales deslocalizados del Ministerio, estas tres instituciones escaparon a los principios de desconcentración que rigen los servicios externos de los departamentos regionales de los asuntos culturales, incluyendo el servicio regional de la arqueología (SRA). El ejercicio de la jurisdicción en su especialidad en todo el territorio nacional, no tenía capacidad para hacer cumplir las leyes y reglamentos del sistema legal. Originalmente, un consejo científico independiente y evaluado periódicamente orientaba sus actividades y programas. Razón de más para que puedan considerarse por la administración responsable -la investigación, contra toda lógica, ya no interesa - como los patitos feos de un panorama de la Cultura cada vez más estandarizado y rígido. El centro de Annecy, una vez desaparecido, fue absorbido por el Departamento de Investigaciones Submarinas (DRASSM); el CNP sobrevive como puede pletórico de fuerzas; el CNAU se ha convertido con el paso de los años en un mero apéndice de los servicios centrales, continuando a producir milagrosamente, gracias a la labor admirable y a la fe de los componentes de su pequeño equipo, pero su desaparición ha acabado definitivamente ocurriendo, una vez programada en virtud de la révision générale des politiques publiques "RGPP" el nuevo taparrabos del desmantelamiento del servicio público.

Sin embargo, ni la producción científica del Centro, ni su participación diversa y vigorosa en las redes de la investigación urbana pueden justificar tal encarnizamiento administrativo. El "Annuaire des opérations de terrain en milieu urbain" (base de datos Terresurbaines que contiene más de 7700 entradas sobre operaciones en 850 ciudades comprendidas entre los años 1985 y 2010), el "Bulletin bibliographique d’archéologie urbaine" (el último en línea en 2016 concierne las publicaciones de 2012), continúa apareciendo como puede, la serie de "Études et documents", fruto en su mayoría de seminarios y mesas redondas y, por supuesto. los "Documents d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de France (DEPAVF)" reconocidos instrumentos de gestión, ampliamente utilizados por la comunidad científica como por todos aquellos que tienen que hacer frente cotidianamente a las cuestiones urbanas (arqueólogos, historiadores, gestores, los servicios comunitarios, arquitectos, planificadores, políticos, etc.).

Mientras que su tutela administrativa quería -sin justificación, pero a cualquier precio- deshacerse de él, existían, sin embargo, soluciones inteligentes para salvaguardar los logros del Centro, acrecentándolos y desarrollándolos de forma sostenible. Hubiera sido posible firmar un convenio, como tantos otros comparables, con una unidad de investigación de Tours que podría haber acogido el equipo y ofrecer las condiciones materiales e intelectuales para cumplir con sus objetivos científicos. Todos los sectores concernidos, con excepción de la administración del Ministerio de Cultura y Comunicación habían expresado su apoyo a esta iniciativa y habían hecho campaña en su favor. Sin contar con la Subdirección de Arqueología de ese Ministerio.

En estas tristes circunstancias, no deja de sorprender la lectura de la nueva Programmation nationale de la recherche archéologique (CNRA), publicada en 2016, con especial atención a las páginas 121-135 dedicadas a la temática 9, titulada Le phénomène urbain. Puede leerse en un batiburrillo "el enfoque geográfico del espacio urbano es un paso muy importante ..." [y] "el trabajo de taller de cronocoremática urbana dirigido por el equipo del Centro Nacional arqueología urbana ha sido un buen ejemplo "; o que "la relación entre la arqueología y la planificación urbana aún es frecuentemente el único registro reglamentario [y que] los datos de la investigación no están suficientemente integrados en el análisis dinámico y la reestructuración urbana contemporánea. [Por consiguiente], es apropiado considerar formas de dar mayor claridad al trabajo en las ciudades y facilitar el acceso no sólo a toda la comunidad arqueológica y científica, sino también a los profesionales en la cuestión, planificadores, arquitectos, planificadores o elegidos ". Pero saltan los ojos de sus órbitas al descubrir la necesidad de "promover el intercambio de datos", que era "uno de los roles de los Documents d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de France (DEPAVF) conducidos en el pasado por el Centro Nacional de Arqueología Urbana (CNAU)... los volúmenes publicados como parte de esta colección permiten una lectura diacrónica de la evolución de la trama urbana estudiada, muy útil para la comunidad de arqueólogos, historiadores y arquitectos, a la vez que son accesibles a los no -especialistas". Los DEPAVF de hecho, "gracias a su estructura, donde se combinan los datos cartográficos y textuales, proporcionan las condiciones ideales para una transformación en sistemas de gestión informática." Dicho sea de paso, esa conversión no es una operación mecánica simple, sino que requiere una fuerte inversión conceptual que antaño fue llevada a cabo por el equipo del CNAU, como lo demuestra un documento olvidado en un cajón inmediatamente después de su publicación por la Subdirección de la Arqueología (Coll., 2004). "Además de asegurar la comunicación periódica de los resultados de la investigación a toda la comunidad científica, dichas bases de datos relacionales pueden ser utilizadas por los responsables de la ordenación del territorio, lo que contribuiría a la visibilidad de la investigación, a menudo reducida a un círculo muy restringido. Serían además para los servicios de la administración que prescriben las intervenciones arqueológicas, una herramienta de ayuda a la decisión para la prevención arqueológica".

Parece indudable que habría que imaginar la creación de un "órgano de vocación nacional," la única forma de "garantizar el establecimiento de normas relevantes que satisfagan las diversas situaciones urbanas, su respeto en el tratamiento y la utilización de los datos, la traducción en formatos que puedan ser utilizados por toda la comunidad arqueológica...".

Estas fuertes recomendaciones me sugieren una idea: ¿Por qué no instalar el organismo nacional en cuestión en "Tours, lugar del estudio urbano por excelencia" y bautizarlo CNAU?

En última instancia, ¿hay que pensar que la mencionada Programmation nationale de la recherche archéologique no está destinada a guiar las decisiones de la administración del Ministerio en esta materia? En cualquier caso, esta no se molesta con sutilezas científicas del estilo y al parecer no se siente obligada a cumplirla. Ilustración, sin duda, del viejo dicho: "En Francia, cuando se quiere enterrar un problema, se crea una comisión."

Ciudadano Pierre GARMY

19 Brumaire, An 225

Bibliografía

Coll. 2004. Informatisation des documents d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de France. Système de gestion de base de données, système d’information géographique. Bilan d’étape 2002-2003. Tours, 2004, 162 p., ill.

EL PARTO DE LOS MONTES DE LA ARQUEOLOGÍA POPULAR

Visita a la excavación de Ruaya

Ricardo González Villaescusa
Josep Vicent Lerma

Levante-EMV, 15 de noviembre de 2016

Desde que al inicio de esta legislatura la directora general de Patrimonio, Carmen Amoraga, anunciara su compromiso, fruto del denominado Pacto por la Arqueología Valenciana, de sacar adelante el irredento, desde 1998, Reglamento Regulador de las Actividades Arqueológicas en la Comunitat Valenciana, nos desayunamos estas semanas, sin mayor anuncio oficial, con un borrador del mismo, en la página web oficial del área de Patrimonio Cultural y Museos de la Conselleria de Cultura.

Una presentación virtual que nos faculta para poder analizar el potencial alcance de los contenidos de su articulado y la filosofía misma del modelo que finalmente parece que va a prevalecer, negro sobre blanco, en la gestión del patrimonio arqueológico de los valencianos, a la luz de nuestros anteriores artículos De arqueología, reglamentos y sabios (Levante-EMV, 8-01-2016) y Preguntas sobre patrimonio en busca de respuesta (Levante-EMV, 19-03-2016).

De la lectura de esta normativa patrimonial, pendiente de su definitiva aprobación, se colige que la meritoria y compartida consideración del trabajo arqueológico como «actividad científica» reivindicada en el Preámbulo normativo, se diluye en beneficio de una actividad tecnócrata a lo largo de su articulado, como intentaremos demostrar. 

El continuista documento de inspirada autoría funcionarial, asentada en la Dirección General de Patrimonio Cultural de los sucesivos gobiernos autonómicos del Partido Popular, ha sido cocinado con una receta que ratifica y consagra el heredado y todavía vigente paradigma de una arqueología empresarial de libre mercado, con el ingrediente principal de la figura del promotor inmobiliario. El necesario control de los poderes públicos como garantes de la «actividad científica» arqueológica va desvaneciéndose a lo largo del texto, incapaz de articular medida alguna que regule y permita controlar la calidad científica de la ingente cantidad de datos primarios obtenidos en los procesos extractivos del subsuelo de nuestras ciudades, para acabar convertidos en historia de las gentes sin historia. 

Un buen ejemplo del tancredismo que contagia todos los niveles de la estructura del Estado es la inacción y mutismo de la Dirección General de Patrimonio Cultural ante la revelación, por un conocido diario de alfabético nombre, del uso de los trabajos arqueológicos en Pardines (la Safor) para ocultar sobrecostes en las facturaciones del caso Acuamed. En el auto de prisión del gerente de la mercantil se afirma que se adjudicó un proyecto con prospecciones arqueológicas por valor de 15.000 euros que acabaron liquidándose por 1,1 millones de euros «enmascarando esos importes hinchados en inexistentes trabajos de arqueología». Si el poder judicial está ya al tanto de estas cuestiones, a día de hoy no podemos decir que la dirección general, valedora científica de esos trabajos, haya tenido reacción oficial a la implicación científica que conllevan esas revelaciones. Con el borrador del reglamento en la mano se consolida, previo maquillaje, y alcanza rango normativo el laissez faire, laissez passer arqueológico de irreparable daño imperante en la praxis pública de los últimos 20 años.

Concluiremos, a modo de coda culinaria, que, como bien es sabido, un guiso puede no gustar necesariamente a todo el mundo. Pero cuando ese mismo viático entra en contradicción profunda con los valores preconizados por la coalición gobernante/dueño del restaurante, puede razonablemente pensarse que la solución es cambiar de tendencia culinaria (algo menos de cocina de mercado, en beneficio de una cocina de investigación con unos toques de cocina creativa) o, sencillamente, despedir al cocinero.

DE ARQUEOLOGÍA, REGLAMENTOS Y SABIOS

Ricardo González Villaescusa

Josep Vicent Lerma

Levante-EMV, 8 de enero de 2016

Más de tres lustros después de la aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (Ley 4/98) (LPCV), de irredento desarrollo reglamentario en los años de plomo de la era popular, el pasado 4 de diciembre Radio Valencia daba puntual cuenta de la entrega del nuevo Reglamento de Arqueología el mes corriente. Este borrador es fruto del compromiso adquirido por la Directora General de Patrimonio Carmen Amoraga, consecuencia del llamado Pacto por la Arqueología Valenciana, suscrito (con excepción del PP) por el conjunto de las fuerzas concurrentes a las pasadas elecciones con el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Valencia y Castellón.

Solo podemos felicitar una previsión normativa que hemos reivindicado hasta donde nos alcanza la memoria con una auténtica prédica en el desierto en forma de rosario de artículos de opinión, de la índole de “Un Copenhague valenciano en la gestión de la Arqueología” (Levante-EMV, 14-01-2010) u “Odisea arqueológica a ninguna parte” (Levante-EMV, 4-05-2013). Actitud que nos exige por coherencia personal retomar y actualizar nuestras reflexiones sobre esta anhelada regulación normativa de la actividad arqueológica, hasta ahora al albur de la discrecionalidad administrativa.

Partiendo de estas premisas, y hasta donde nos es dado conocer de la lógica interna de la redacción, solo puede coincidirse con la tesis de partida de que la Arqueología es una labor de investigación científica y no un mero trámite burocrático-urbanístico. En congruencia, esta esperada ordenanza no puede avalar en ningún caso una visión anticuada de la actividad arqueológica dictada por los imperativos del desarrollo urbano y de las infraestructuras del pasado boom inmobiliario con unos profesionales sometidos a los promotores ni una gestión postrada en manos del financiador. Como dijéramos junto a Isabel Escudero en “Patrimonio, actores sociales y ordenación del territorio” (Levante-EMV, Territorio y Vivienda, 16-11-2003): “… el efecto perverso previsible de una medida progresista «quien destruye patrimonio paga», (…), se ha convertido en «quien destruye gestiona» o «quien paga manda». En la práctica, se ha producido una sustitución de un modelo de gestión y financiación pública (con sus defectos) por un modelo de financiación privada bajo la influencia de las leyes del mercado y una ausencia efectiva de controles (sin virtudes científicas)”.

Un modelo basado en profesionales liberales y empresas no es ni debe ser incompatible con la exigencia y el control por parte de los poderes públicos de una verificación no circunscrita exclusivamente a la calidad de la intervención de campo sino también a los resultados científicos obtenidos, a la divulgación y la publicación de los mismos.

Se hace imprescindible que el reglamento contemple que la praxis arqueológica requiera de una habilitación oficial tanto de los arqueólogos-inspectores como de los servicios arqueológicos municipales, los profesionales liberales y empresas que soliciten el ejercicio facultativo de la Arqueología. Eso permitiría controlar la idoneidad de los trabajos a priori y, en caso necesario, deshabilitar a aquellas firmas, que hicieran su trabajo de un modo manifiestamente inapropiado y con consecuencias irreparables.

Con tales certificados administrativos, una mercantil que desarrollara su trabajo para la Generalitat Valenciana en esta materia, actuaría verdaderamente en representación de la misma, lo que no sería impedimento para que departamentos de grandes constructoras con un cuerpo técnico solvente o secciones arqueológicas especializadas también pudieran obtener acreditaciones nominales propias.

Cuestiones doctrinales que en nuestra opinión deberían nacer fruto de un asesoramiento científico. Como ocurriera con los contenidos de la “Orden que regula la realización de actividades arqueológicas en la Comunidad Valenciana” del año 1987 (DOGV. 645), el nuevo ordenamiento demanda ahora para su correcta presentación en sociedad y visualización mediática en estos nuevos tiempos de regeneración ética de un necesario aval científico. Para ello es imprescindible la función del “Consejo Asesor de Arqueología y Paleontología” (CAAP), un olvidado órgano consultivo reconocido por la Ley de Patrimonio que se encuentra pendiente de convocatoria por parte de todos los responsables populares del área de Cultura, nada menos que desde 1996, aunque necesitado lógicamente de un “lifting” generacional.

Por su parte, los profesionales de la arqueología preventiva deben ser protegidos por el nuevo ordenamiento. Deben poder actuar en nombre de la administración y responder ante ésta de su trabajo y no ante un promotor inmobiliario. Deben tener un respaldo normativo y económico frente a las expectativas científicas de la institución y la sociedad para la que trabajan (objetivos, métodos, conservación, tratamiento de los restos conservados y composición y desarrollo de las memorias científicas, divulgación y publicaciones…) para dejar de ser meros forenses de la Historia y convertirse en los traductores de las realidades sociales de un pasado que interesen a nuestra sociedad. Para ello es necesario que su actividad pueda inscribirse en proyectos científicos de largo alcance, evitando así el divorcio entre centros de investigación (museos, universidades) y la arqueología preventiva.

No podemos estar más de acuerdo con las recientes declaraciones del presidente Ximo Puig, cuando afirmaba tras el 20D que es “el tiempo de la humildad” y por ello es necesario que ese Reglamento surja de un amplio consenso social con todos los actores científicos, institucionales, económicos y sociales implicados: los arqueólogos colegiados (incluidos los de Alicante), la patronal de las empresas de arqueología (Asemarq), las universidades valencianas, los museos y los servicios municipales; sin olvidar a los ciudadanos que de una u otra manera, organizada y colectiva han sufrido o defendido el patrimonio de este país.

Sabemos que un proyecto de esta envergadura es complejo pero siguiendo la inspiración de A. Ricci, en la ciudad eterna, Roma, en su libro En torno a la piedra desnuda, Arqueología y ciudad entre identidad y proyecto, solo así puede darse un correcto “uso público de la historia” (la esencia de la política patrimonial) que haga conmensurables las diferentes velocidades de las políticas patrimoniales y el urbanismo que requieren de «intervenciones de adaptación y transformación en tiempos mucho más rápidos que los impuestos por la investigación arqueológica de campo».

EL INFORME "FAURE": HACIA UNA REFORMA DE LA ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA EN FRANCIA

Le grand marché des fouilles
© Alain Passerel - 2015

Un completo documento sonoro realizado por la radio pública France Inter: Archéologie: le grand marché des fouilles (Arqueología: el gran mercado de las excavaciones) en el que están presentes casi todos los actores de la actividad arqueológica preventiva en Francia. 

En 47 minutos se da voz a la empresa pública (INRAP) por medio de su presidente Dominique Garcia y operadores privados, a los empleados, a promotores y diputados para tratar de la situación que ha determinado la solicitud por parte de la ministra de Cultura, Fleur Pellerin, a la diputada socialista, Martine Faure de un informe sobre una "Política pública equilibrada de la arqueología preventiva" (en francés). Algunos comentaristas espontáneos del sitio web de la radio pública se lamentan de la ausencia de dos actores principales de la arqueología: los servicios arqueológicos de las administraciones locales (ayuntamientos, comarcas y mancomunidades) y las diferentes DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), relevos del Ministerio que tienen la autoridad en la prescripción de los diagnósticos e intervenciones arqueológicas.

Reportaje de Alain Passerel; sonido Pierre Quintard y Arthur Gerbault
Realización: Anne Lhioreau asistida por Stéphane Cosme y Zohra Bensmaïli

Una situación que tiene precedentes en la ley 2001 (del socialista L. Jospin) que creó el INRAP, Instituto Nacional de Investigaciones en arqueología preventiva, pero que en 2003 fue corregida por parte del gobierno conservador que le sucedió, permitiendo el acceso a los operadores privados en el mercado de las excavaciones arqueológicas, en consecuencia con la no existencia de monopolios de estado. En un momento en que había "mercado para todos" según las palabras de Martine Faure, pero que a partir de 2010-2011 la oferta se contrajo considerablemente conduciendo a la tensión actual.

En el programa Frédéric Joseph y Olivier Blamangin de la CGT, sindicato mayoritario del colectivo arqueológico, denuncian la evidencia de la degradación global y la deriva del modelo que explota un recurso no renovable, el patrimonio arqueológico. Focalizando el análisis en la quiebra de ArchéoLoire como consecuencia de los dividendos que fueron a parar por parte de los accionistas de la empresa y que hubieran podido salvarla. Argumentos que se encuentran ampliamente expuestos en el informe que realizó el sindicato poco antes de la quiebra y que se focaliza en tres operadores, la citada ArchéoLoire, EVEHA y la franco-suiza Archedunum. Casi de manera marginal se dice que en el caso de una quiebra de una empresa de arqueología, es el INRAP quien se ocupa de salvaguardar los informes y trabajos científicos realizados por la misma.

Las empresas privadas como EVEHA en boca de Julien Denis, fundador y director científico de una de las más grandes (200 empleados de los cuales 160 arqueólogos y 14 agencias), responden que es posible que una empresa sea rentable y que el objetivo principal sea la investigación arqueológica. Mientras que Frédéric Rossi, fundador de Archeodunum SA, denuncia que es el INRAP quien deforma el mercado de manera indirecta porque pierde dinero que es suplido por el estado haciendo una competencia desleal a las empresas.

Para los sindicatos el problema principal reside en que el estado no se ha dotado de los medios para controlar o verificar si los operadores proveen económicamente las partidas destinadas a la realización del informe de excavación y, por tanto, de la calidad científica necesaria para el objetivo fundamental que es la documentación y protección de los restos arqueológicos. Y, parece que es en ese sentido en el que está dirigido el informe Faure  « Pour une politique publique équilibrée de l’archéologie préventive »: devolver al INRAP su rol de actor principal, reafirmando la política pública de la arqueología preventiva bajo la autoridad del Estado y que éste se dote de medios de control científico para que todos los operadores sigan las mismas normas de calidad científica.

PATRIMONIO DE CAMPANARIO

Detalle de la Pica de Xàtiva

Ricardo González Villaescusa
Josep Vicent Lerma 

Levante-EMV, 31 de diciembre de 2014

Asistimos con estupor a la propuesta, populista donde las haya, a favor de la histórica Xàtiva en este caso con la pretensión de devolver las piezas de una supuesta soberanía perdida de esta ciudad, en un esperpento de debate identitario, por llamarlo de alguna manera. Se trata de la peregrina pretensión del presidente de la diputación de Valencia de llevarse del benemérito Museu de Prehistòria, los fondos arqueológicos procedentes de la capital de la Costera: consistentes, fundamentalmente en los restos de los yacimientos de Cova Negra y la conocida como Villa Cornelius (L´Énova), como fue dado a conocer por Levante-EMV (12-11-2014).

Pica de Xàtiva

La rigurosa respuesta de Alfons García en estas mismas páginas (Levante-EMV, 13-11-2014) no es obstáculo para centrar nuestro objeto de reflexión en la pródiga trayectoria de Alfonso Rus en relación con la arqueología valenciana. Trufada ésta de incidentes, como su atrabiliaria negativa en su calidad de alcalde a ceder una célebre antigüedad árabe del Museu de l´Almodí para la exposición “El Islám i Catalunya” en el año 1998, cuando, por aquel entonces nos dejó perlas antológicas del estilo “no presté la pila islámica de Xàtiva a la Generalidad catalana porque no somos Cataluña” (sic) (Levante-EMV, 21-09-1998), no cayendo, quizá, en que tampoco seamos Islam, aunque allá él con sus prejuicios...

En una muestra de competencia en estos y otros temas, el presidente de la diputación pretendía, tratándose de la misma persona ocupando dos cargos políticos, solicitar como alcalde de Xàtiva los fondos de los citados yacimientos, y pasando rápidamente al otro lado de la mesa, cual Groucho Marx, autorizar semejante despropósito. ¿Recuerdan aquello de "la parte contratante de la primera parte …"?

No quisiéramos siquiera entrar en la legítima dialéctica entre los grandes museos arqueológicos “nacionales” y la proliferación más o menos incontrolada de pequeños museos o colecciones municipales, surgidos en muchas ocasiones al albur de la pasada burbuja inmobiliaria. Pero, con los quinquenios que lleva el propio Rus en el puesto, sorprende el despiste que parece haber sufrido, olvidando cuál es la función de los museos que dirige, como verdaderos centros de investigación y no como vulgares almacenes, que pueden albergar los objetos exhumados, conservarlos y restaurarlos. Que éstos son depositarios de piezas arqueológicas únicas, de su conservación, de su catalogación y de que en ellos trabajan técnicos especialmente formados para llevar a cabo todo ello, capacitados para dar respuesta a las peticiones de otros investigadores llegados de cualquier parte del mundo. Asusta que el primer edil de la antigua Saetabis, se haya olvidado de leyes y normas jurídicas por las que se regula qué administración, la autonómica en este caso, tiene las competencias legales, en materia de Patrimonio Histórico. De no ser por este lamentable olvido presidencial, estaríamos dispuestos incluso a celebrar la iniciativa de abrir un nuevo contenedor cultural dotado de personal y línea presupuestaria propia, lo que ciertamente resulta poco probable.

No extrañan pues, los bandazos que han jalonado la errática gestión de los museos de la diputación de la provincia de Valencia con algunos esperpénticos capítulos pendulares. Valga algún ejemplo, como la propuesta de reordenación del Centro Cultural La Beneficencia en 1999, reconvertido por arte de birlibirloque en “Centro Valenciano de la Cultura Mediterránea” de la mano del entonces diputado de cultura Antonio Lis, uniendo internamente Etnografía y Prehistoria en el denominado “Museo de las Culturas”, aunque acabaría denominándose “Museo de Prehistoria y Cultura Popular Valenciana”, en un vaivén nominalista interminable que inspiró unas memorables Las migas “SOS Museos de la Diputación” o “El Museo de Prehistoria” (Levante-EMV, 26-10-1999) de Jesús Civera.

Sin menoscabo de otros, no menos deleznables, proyectos temático-culturales como el del merecidamente caído en el olvido “Parc dels Pobles Valencians”, en el complejo del Psiquiátrico de Bétera, promovido por la anterior presidencia de Fernando Giner.

Ni tampoco olvidar, a modo de coda final, o guía para perplejos, el cambio copernicano de estado de ánimo del espontáneo A. Rus que supone la actual propuesta de retorno a su patria chica de todas las piezas arqueológicas setabenses del museo del vetusto Servicio de Investigación Prehistórica (SIP), frente a su también firme insistencia apenas unos años atrás (2011) en transferir con armas y bagajes museos como el MUVIM, la Beneficencia o el Museo Taurino a la entonces Conselleria de Cultura de Lola Johnson, con el fin, confeso, de recortar en “gastos superfluos” y evitar duplicidades en la prestación de servicios culturales.

Un episodio, a la postre tan incomprensible para algunos como para otros parecen ser las palabras vernáculas gairebé y aleshores.

FORMACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL

Ruinas del castro de Baroña, © Javier García Blancoe

Hace un tiempo que tenemos que recordar a algunos colegas que el problema no es exclusivo de la formación que damos en las universidades a los alumnos que quieren, algún día, ejercer como arqueólogos. 

Buena parte de la responsabilidad es de las administraciones de lo patrimonial que deciden y establecen los criterios que determinan el ejercicio en su ámbito territorial de una práctica profesional. Si a los instaladores de conducciones de gas se les pide un examen, a los ingenieros de minas se les exige "la titulación correspondiente o un máster en esa misma ingeniería", parecería lógico aplicar criterios equiparables para la práctica del ejercicio de la arqueología. No es un agravio comparativo, como afirma Asociación de Empresas Galegas de Arqueoloxía (AEGA), si la Xunta considera que no es necesaria una formación específica para ser arqueólogo, sino que estamos ante la sublimación de una consideración tecnocrática de la arqueología como eliminación de cargas históricas del subsuelo al alcance de cualquiera.

La decadencia del estado del bienestar no es evidente solamente en el retroceso en la atención sanitaria, la falta de aplicación en la ley de la dependencia o en derechos elementales como la justicia universal y gratuita para quienes no pueden permitírsela. Si ya dejaba desear los resultados de la práctica arqueológica preventiva anterior a decisiones como esta de la Xunta de Galicia, con arqueólogos titulados, podemos imaginar la pérdida de información arqueológica que conllevará una decisión que acabará, nos tememos, por extenderse. Y, además, con la conciencia tranquila de haber cumplido la ley.

Arqueólogos alertan de que la Xunta no exige formación específica

Ven un "agravio" que convoque oposiciones para el sector sin pedir los estudios adecuados

La Opinión de A Coruña 6 de abril de 2014

La Asociación de Empresas Galegas de Arqueoloxía (AEGA) denunció ayer el "agravio" hacia su colectivo por parte de la Consellería de Cultura al convocar unas oposiciones para ocupar plazas de arqueología en las que no se requiere formación específica. Según denuncian, la Xunta considera suficientes las titulaciones de Historia, Historia del Arte, Humanidades, Antropología o "los grados correspondientes".

Los arqueólogos alertan de "las consecuencias que puede acarrear sobre la conservación del patrimonio gallego". Según denunciaron, estas oposiciones son un "agravio comparativo" con respecto a otros profesionales y ponen algunos ejemplos, como que para acceder a un puesto de ingeniero de minas se exige "la titulación correspondiente o un máster en esa misma ingeniería".

ENTRADAS A LA MEZQUITA DE CÓRDOBA SIN PAGAR EL IVA

Cabildo catedralicio de Córdoba © F. J. VARGAS/El País

Transcribimos el destacado sobre las entradas a la mezquita de Córdoba del artículo aparecido hoy en El País sobre las inscripciones registrales de la iglesia (católica) posibles desde la liberalización del suelo en 2003. 

La pregunta que nos hicimos en noviembre de 2011 sigue vigente El patrimonio eclesiástico... ¿Es sagrado?

El País, 6 de mayo de 2013

Luis Gómez

Entradas a la mezquita de Córdoba sin pagar el IVA

La Iglesia inscribió 4.500 propiedades sin publicidad y sin pagar impuestos

Un ciudadano cordobés se preguntó un buen día de quién era la mezquita de Córdoba porque comenzaba a sospechar del comportamiento del obispado. La diócesis, dirigida por el recalcitrante Demetrio Fernández, un hombre de ideas muy conservadoras, había cambiado el nombre de la mezquita y denominado al lugar como Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Había cambiado también los folletos para los turistas. En la denominación oficial, la Iglesia hacía el añadido, entre paréntesis, de “antigua mezquita” posiblemente para que nadie pensara que se trataba de otro lugar. El ciudadano acudió al registro y se encontró con la sorpresa: la mezquita era del obispado desde el 2 de marzo de 2006, que justificó la inscripción con el argumento de que era propiedad suya “desde tiempo inmemorial”. Inscribirla costó 30 euros.

Desde entonces hay circunstancias curiosas alrededor de la mezquita y su gestión por la iglesia. Instituciones como Cultura y la Junta de Andalucía que han invertido millones de euros en obras de mejora y mantenimiento, no reaccionaron a este hecho, a pesar de las quejas de colectivos como Europa Laica.

La diócesis no se hizo cargo de esas inversiones, pero sí de los ingresos que genera el monumento, que camufla como donativos y por los que no paga impuestos, puesto que en las localidades (al precio de 8 euros para quienes no están domiciliados en Córdoba) no consta la palabra “precio” ni, el desglose del IVA. La diócesis no aclara cuánto ingresa por la mezquita, el lugar más visitado de Córdoba.

La confusión es tal que alcanza a la difusión por internet. La página en apariencia oficial (mezquitadecordoba.org) es de agencias de viajes. La oficial es catedraldecordoba.es.

ODISEA ARQUEOLÓGICA A NINGUNA PARTE

Ruinas evocativas de la iglesia del antiguo Hospital General

Josep Vicent Lerma

Levante-EMV, 4 de mayo de 2013

En la película de los hechos recientes de la arqueología vernácula el ameno artículo periodístico "La arqueología pública toca fondo por la privatización de las excavaciones" (Levante-EMV, 20-01-2013) y la aparente entrevista de apostillas "Los arqueólogos privados no competimos con los públicos" (Levante-EMV, 28-01-2013), remachados ambos por la metafórica crónica de Alfons García "La arqueología ve volar también los fondos de Wert" (Levante-EMV, 25-01-2013), parecen jalonar y no precisamente de rosas, un camino de perdición para la escuela arqueológica valenciana, alumbrada felizmente en los años sesenta por la maestría del añorado Miquel Tarradell.

Escenario crepuscular en el que el zarpazo económico del hacendoso Montoro a los 494.500 euros de vellón de los proyectos arqueológicos españoles en el exterior del pasado año 2012, han acabado de aventar los empalagosos aromas a mamandurrias pompeyanas de las distantes excavaciones de las perfumerías romanas de la Vía de los Augustales de la ciudad del Vesubio, en la actualidad heredadas por el antes nuevo rico Instituto de Restauración (Ivacor), del perejil de todas las salsas, Carmen Pérez, ya que para fortuna viajera suya, Pompeya no quedó sepultada en las costas de Valencia.

Crónica a vuela pluma de la arqueología valenciana en la que Consuelo Matamoros jefa del Servicio de Patrimonio Cultural de la conselleria del ramo, aguó a las primeras de cambio de las V Jornadas de Arqueología de la Comunitat Valenciana (14,15 y 16 diciembre 2012) organizadas por la obsecuente Comisión de Arqueología del CDL de Valencia y Castellón, cualquier atisbo de esperanza sobre la publicación oficial de un irredento, desde 1998, Reglamento de Arqueología, en el mejor de los casos a suplantar algún día, todo lo más, por sucedáneos decretos parciales, relativos a materias concretas, al albur de una consabida discrecionalidad administrativa.

Todo ello con independencia de la extravagante y tardía firma, en relación con otras comunidades españolas más precoces como Castilla y León o Catalunya, del primer convenio colectivo específico del sector arqueológico, hoy en sus horas más bajas por el hundimiento del pechero sector inmobiliario, suscrito ya este mismo enero de 2013 entre el embrión de patronal empresarial Asemarq y el sindicato CC.OO., al margen claro está de los arqueólogos gubernamentales y liberales, devenidos en meros convidados de piedra para la ocasión.

Paisaje patrimonial para después de una batalla, como algunos quieren policatastrófico, en el que trapisondas mediáticas como la de la recuperación por el Seprona en la trastienda de un anticuario de El Campello de una supuesta tinajilla pintada con escenas de guerreros y figuras de animales salvajes, denominada por su decoración como de la "Suidomaquia", puesta en solfa en estas mismas páginas por la prudencia de la catedrática Carmen Aranegui en un lúcido "Interrogantes sobre el vaso ibero" (Levante-EMV, 9-01-2013), no vienen a paliar precisamente un acrisolado descrédito de la gestión pública de la arqueología de las tierras entre el Senia y el Segura durante estos últimos años.

Por consiguiente, en tanto en cuanto el patrimonio cultural valenciano en general y el arqueológico en particular, no deje de ser para sus actuales responsables burocráticos más que moneda de cambio, apenas calderilla en realidad, en este nuevo prosaico ciclo de políticas evidentes de recortes presupuestarios, como advertía el divino Dante, no nos engañemos: Lascia ogni speranza.

"VASA SPURIA" O LAS SUIDOMAQUIAS "UNICAS" DEL FALSARIO DEL CAMPELLO

Vaso expuesto en la web  Royal Athena Galleries

Por fin El País da buena cuenta de la polémica sobre el vaso ibérico de El Campello. El texto de Esperança Costa publicado por el rotativo debe ser entendido como una rectificación a la noticia del descubrimiento del célebre vaso de El Campello y que reclamamos en su momento al Defensor del lector de este periódico. El artículo da al traste con la estrategia dilatoria de Marta Alonso, Directora general de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana.

Vaso expuesto en la web  Royal Athena Galleries

Nos congratulamos de las novedades aportadas por el artículo sobre la presencia de otros supuestos vasos íberos en una galería estadounidense. No sin lamentar que, o bien nos encontramos ante la evidencia de la falsedad de estas piezas o se trata de uno de los mayores expolios del patrimonio arqueológico español. 

Entre claveles y rosas... la conselleria sigue sin mover ficha

Auge y caída del ‘príncipe alcoyano’

El silencio de Cultura sobre el vaso íbero de El Campello aumenta las dudas sobre su autenticidad

Esperança Costa, El País, 21 de abril de 2013

En una cámara de seguridad del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) un vaso presuntamente íbero, supuestamente del siglo II antes de Cristo, lleva meses a la espera de que alguien lo investigue. La pieza, localizada en la trastienda de un anticuario de El Campello (Alicante), fue calificada como “una de las obras excepcionales del arte íbero” durante una convocatoria de prensa organizada por la Guardia Civil y la Consejería de Cultura el pasado mes de enero.

Un vaso “sin parangón”, dijo entonces el técnico de Cultura José Luis Simón, porque estaba completo y porque las escenas pintadas (guerreros cazando un jabalí) parecían narrar el rito del paso de la niñez a la madurez de un “príncipe” íbero, tal vez procedente de una zona cercana al yacimiento de la Serreta de Alcoi.

Sin embargo, muchos arqueólogos sospecharon que se trataba de una falsificación. Sólo Carmen Aranegui, catedrática de Arqueología de la Universidad de Valencia, se atrevió a opinar públicamente. “Cuando vi la foto en los periódicos, dudé de inmediato”, indica. “El vaso contiene elementos propios de otros ya existentes, cogidos de aquí y de allá, en un corta y pega que ya hemos visto en otras ocasiones”, detalla la experta. “Pero bueno, habría que verlo directamente”

Desde entonces, el silencio impera en la Consejería de Cultura. “El caso está sub judice”, alegan para no dar información y justificar por qué no se ha convocado un comité de expertos, pese a que el juzgado de Instrucción número 8 de Alicante, encargado de la investigación, hace tiempo que requirió un informe pericial de la pieza.

Este periódico ha intentado, con escaso éxito, obtener la opinión de más de una decena de especialistas en arte íbero, arqueólogos y directores de museos. Nadie ha vuelto a ver el vaso, nadie quiere hacer comentarios, ni cuestionar la opinión de Simón ni la de Aranegui, o, simplemente, no están autorizados a hacer declaraciones. El mundo de los expertos se ha quedado mudo, entre otras razones, porque en el ámbito arqueológico todos tienen relaciones laborales, económicas o profesionales con la Conselleria, que es la que decide quién puede o no opinar públicamente sobre sus asuntos “internos”.

Pero algunas personas consultadas que no están en la cadena de mando de la consejería, han contestado con un resoplido: “¡Uf! Me reservo mi opinión”, lo que aumenta más aún la sombra de la duda. “Pero de resultar falso el vaso de El Campello”, opina un arqueólogo que no desea ser identificado, “no pasaría absolutamente nada”. “Todos nos equivocamos”, agrega, “y no sería ni la primera ni la última vez que nos la cuelan”. Otra experta señala que “España entera y el mercado internacional están llenos de falsas cerámicas y plomos íberos con inscripciones”.

El examen pericial ordenado por el juez es fundamental porque no es lo mismo imputar al anticuario del Campello por comercio ilegal de piezas arqueológicas, que por comercio de copias para su venta fraudulenta, es decir, intento de estafa. Pero además, urge el informe porque, si finalmente el vaso es auténtico, ¿de qué yacimiento ha salido? Aranegui opina que “se tendría que hacer un análisis de termoluminiscencia para fijar exactamente la época en que fue fabricado”. Para Alberto José Lorrio, director del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Alicante, “se ha de realizar un análisis de la pasta y de los pigmentos del vaso, porque tanto si es auténtico como falso sería un caso paradigmático para el futuro”. “Estaríamos”, agrega Lorrio, “o ante la expoliación de un yacimiento o ante una red de falsificadores que hay que desmantelar”.

Tanto Aranegui como Lorrio coinciden en criticar las prisas por comunicar el hallazgo sin haber estudiado a fondo la pieza. Verdadero o falso, el vaso de El Campello se habría vendido por unos 3.000 euros en casa del anticuario, según fuentes consultadas, pero su precio en el mercado internacional podría haber alcanzado los 30.000.

Por ejemplo, la página web de la Royal-Athena Galleries (Nueva York), dedicada a la compraventa de objetos antiguos, anuncia como “nueva adquisición” una cerámica íbera descrita como un “Kalathos grande, siglo I a. C.”. Su precio: 30.000 dólares. Aranegui, a requerimiento de este periódico, se muestra rotunda al contemplar las fotos. “Se trata de falsificaciones muy próximas a la de El Campello”, afirma, “por la rigidez del trazo, por demostrar un buen conocimiento de la pintura cerámica de Edeta (Llíria) y por presentar un cálato completo, con las uniones entre los fragmentos apenas erosionadas”.

De la misma opinión es Vicent Escrivá, director del Museo Arqueológico de Llíria y buen conocedor de los yacimientos de la localidad: “Los vasos de esta web son inventados, absolutamente falsos en lo que refiere a su antigüedad, pero piezas únicas y originales para los coleccionistas del futuro”, señala irónicamente. “Al fin y al cabo”, añade, “las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas”.
 

La trastienda de los vasos íberos

E. COSTA
Los arqueólogos saben que existen redes organizadas dedicadas a la falsificación de objetos íberos. “Hay auténticos expertos en esto, algunos, viejos conocidos de la policía”, asegura Carmen Aranegui. Pero, ¿cómo se las arreglan los falsarios para engañar hasta a los expertos? En cualquier publicación especializada en arqueología íbera se muestran dibujos, calcos en papel de las pinturas sobre cerámica, que los expertos divulgan para promover el debate científico. Los estafadores podrían usar estos dibujos como plantillas, combinando sus elementos de mil maneras y a diversas escalas, según el tamaño de la vasija encargada. Para lograr el efecto de envejecimiento, la pieza fabricada se rompe, se recomponen y pegan los pedazos y finalmente se le da algún toque añadido, como saltar la pintura o el barro, o agregar algún corrosivo.

LA CONSEJERA Y LA CATEDRÁTICA DE ARTURO PÉREZ REVERTE

La urna a la izquierda

Arturo Pérez-Reverte se atreve con la arqueología o, mejor, con la gestión de la arqueología, en su artículo aparecido en Inversión y finanzas.com relacionado con el último episodio del vaso ibérico del Campello del que hemos dado cuenta en la entrada El vaso ibérico del Campello... y en el Facebook de Plaudite: "... al técnico de la Conselleria, a la Conselleria pues, se le ha ido la cosa de las manos como a Cecilia Giménez, la "restauradora" del Ecce Homo. También decíamos que "a falta de gestión, los "gestores" se convierten en comentadores de los expolios". Una demostración más de la quirúrgica escisión entre gestión del patrimonio e investigación. ¿A nadie se le ocurre llamar a un especialista? ¡Igual opina!

Y... a todas estas, en El País esperando para dar cuenta de la situación que pone en evidencia el hallazgo y que corrige seriamente la noticia tal cual fue dada por el rotativo. A pesar de que respondió públicamente lo que entendía como nuestras "quejas". 

No extraña, pues, que la visión de ese periódico sobre la arqueología sea algo tan sumamente arcaico como H. Carter, la maldición del arqueólogo y el tesoro de Tutankamón.

Lo malo es que acaban confundiéndose la arqueología de la Conselleria de cultura y la arqueología cranck... 

La consejera y la catedrática

Arturo PÉREZ-REVERTE  
Inversión y finanzas.com
11 de marzo de 2013

Fue interesante lo del otro día. Y revelador. Comentaban en la radio un asunto de anticuarios más o menos tramposos y presunta falsificación de objetos arqueológicos. Algo relacionado con una vasija de cerámica ibera incautada por la Guardia Civil, a primera vista muy valiosa, que posiblemente era más falsa que un euro de cartón. Lo contaban en una emisora de radio local: un programa largo, de quince o veinte minutos, muy bien elaborado. El periodista firmante tenía pocos conocimientos sobre la materia; pero, como buen profesional, no intentaba aparentarlos. Había trabajado con investigación previa, documentación adecuada y una estructura de programa donde eran puntos fuertes algunas entrevistas y testimonios interesantes. Me lo zampé de cabo a rabo.

Uno de esos testimonios era de una catedrática de Arqueología de la universidad local, a la que acudía el periodista para obtener una opinión autorizada. Era evidente que la señora estaba acostumbrada a explicar cosas a sus alumnos, y que lo hacía con mucha eficacia: su intervención, prolija y técnica pero sin aburrir en ningún momento, resultó apasionante. Era, desde luego, una excelente profesora. Con mucha claridad supo explicar de qué iba la cosa, por qué la vasija le parecía una buena imitación pero era no auténtica, y acabó describiendo con detalle los elementos decorativos de la pieza, que en su opinión, vistos por separado, estaban perfectamente reproducidos; pero, considerados en la sintaxis general de ese tipo de vasijas iberas, resultaban incorrectos. Y todo eso, en un corte radiofónico de casi diez minutos, lo estuvo largando la señora sin aburrir en absoluto, dejándome informado a la perfección, con una elegancia y claridad de lenguaje asombrosos. Si yo hubiera estudiado Arqueología, concluí, habría querido tener una profesora como ésa. De las que te marcan y recuerdas toda la vida.

Pero no hay sopa hispana sin pelo dentro. Tras la catedrática, el periodista dio paso a una consejera de Cultura que aportó la versión oficial del asunto. Ignoro si confrontar a una señora con otra fue deliberado o casual, aunque el contraste era abrumador. De un lenguaje claro, docto, seguro de sí, por parte de la catedrática, se pasó a una exposición reiterativa, titubeante y técnicamente confusa por parte de la consejera, que intentaba al mismo tiempo guardar la ropa y nadar cien metros estilo mariposa. De forma que al final, tras escuchar repetir lo mismo media docena de veces con diversas obviedades incluidas, el oyente quedaba en una desagradable incertidumbre: no estaba claro si la consejera le colgaba el mochuelo de su confusión a la Guardia Civil, o si estaba defendiéndola, o si de verdad creía que la vasija era falsa, o no, o según, o todo lo contrario. Ni siquiera si las palabras vasija e ibérica tenían significado para ella. Lo que quedó clarísimo, desde luego, es que esta segunda señora no tenía idea de lo que estaba hablando.

Cuando apagué la radio no pude menos que formularme la pregunta inevitable, e incluso perversa. ¿Por qué, si de Cultura se trata, la consejera es la segunda señora, y no la primera? ¿Cuál es la razón de que la responsable de los asuntos culturales en una comunidad autonómica no sea una catedrática prestigiosa y culta, por ejemplo, que además sabe ordenar sujeto, verbo y predicado, sino una señora cuyos conocimientos técnicos y capacidad expresiva dejan mucho que desear?... Picada así mi curiosidad, encendí el ordenata y consulté, goteante el colmillo, los antecedentes biográficos de las citadas damas. Y allí estaba todo, negro sobre blanco. La catedrática de Arqueología contaba con impecable currículum profesional y docente, prestigio en su cátedra y demás. Una especialista, en fin, ocupándose de un asunto que conocía al dedillo. Por eso fueron a preguntarle por las vasijas iberas, naturalmente. Y también por eso, deduje, ni ella ni nadie semejante tendrán nunca la más diminuta posibilidad de que alguien los nombre, no ya consejero autonómico, sino concejal de Cultura de su pueblo; entre otras cosas porque, para ese cargo, en España suele ser requisito imprescindible no tener ni siquiera estudios de bachillerato. O casi. Por contraste, el currículum de la segunda señora era más breve y compacto. Más esclarecedor del asunto: carrera de Derecho -con todo el respeto para el Derecho, por mi parte- y alcaldesa de su pueblo a los veintiséis años por el Pepé -aunque igual podría haberlo sido por el Pesoe-, diputada en el Congreso con veintisiete y consejera de Cultura de su Comunidad poco después. Así que acabáramos, concluí. Ya sé por qué una de las dos no es consejera de Cultura; y la otra, sí. Esto es España, como dije antes. Paraíso del disparate público. Y más claro, agua.

Adjuntamos la rectificación de Arturo Pérez-Reverte aparecida en su web oficial: perezreverte.com
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Una rectificación

En relación con mi Patente de Corso del pasado domingo día 10 de marzo, titulado "La consejera y la catedrática", es de justicia hacer una rectificación, que incluye una disculpa. Porque ese artículo contiene un error. La entrevistada en una emisora de radio sobre la supuesta falsificación de una vasija ibera no era la consejera de Cultura de su Comunidad, sino una subordinada directa suya: la directora general de Cultura. Eso no cambia gran cosa el artículo, desde luego, ni mucho menos su sentido; pero es de justicia señalarlo. La que en el texto califiqué de "exposición reiterativa, titubeante y técnicamente confusa" fue de la directora general de Cultura, no de su jefa la consejera. Así que me disculpo públicamente por atribuir a la jefa el discurso de la subordinada. Fue injusto por mi parte.

De cualquier modo, y una vez disculpado, me reitero en el asunto principal. La consejera de Cultura estudió la carrera Derecho, militó desde muy joven en un partido político y es político profesional. Su directora general estudió Periodismo, militó desde muy joven en el mismo partido político y también es político profesional. Parafraseando clásicos, me es por completo indiferente que el discurso provenga de Agamenón o de su porquero. El disparate, en mi opinión, es que en España sean consejeros de Cultura o directores generales de Cultura profesionales de la política, sin otro merecimiento curricular que su militancia en partidos políticos, y no verdaderos expertos con prestigio reconocido en Educación y Cultura.

Arturo Pérez-Reverte 
  

EL VASO IBÉRICO DEL CAMPELLO (EXPOLIO, MENTIRAS Y CINTAS DE VIDEO)

Reproducimos el texto de Levante-EMV que augura corta vida al "excelente" hallazgo del vaso ibérico. Como dijimos en el Facebook de Plaudite, al técnico de la Conselleria, a la Conselleria pues, se le ha ido la cosa de las manos como a Cecilia Giménez, la "restauradora" del Ecce Homo. También decíamos que "a falta de gestión, los gestores se convierten en comentadores de los expolios".

Una demostración más de la quirúrgica escisión entre gestión del patrimonio e investigación. ¿A nadie se le ocurre llamar a un especialista? ¡Igual opina!

Maite Ducajú, Valencia, Levante-EMV 9 de enero de 2013

Interrogantes sobre el vaso ibero

Arqueólogos de la Universitat de València dudan de la autenticidad de la pieza que escondía en su tienda un anticuario de El Campello

La catedrática Aranegui afirma que el friso contiene una "sospechosa mezcla de elementos idénticos a otros"

Especialistas de la Universitat de València mostraron ayer sus dudas y alertaron sobre la autenticidad del vaso ibero de más de 2.200 años de antigüedad que la semana pasada fue entregado por el Seprona de la Guardia Civil al Museo Arqueológico de Alicante, tras intervenirlo hace un mes en la trastienda de un anticuario de El Campello. "Es probable que no sea un vaso auténtico" advirtió la catedrática de Arqueología de la Universitat, Carmen Aranegui, quien informa que "en el último año han "aparecido" en idénticas condiciones varios vasos más que se ha probado eran falsos, pintados con motivos ibéricos, siempre con escayola blanquísima y recompuestos en varios fragmentos" Con la prevención propia de quien no ha visto la pieza en persona y no ha podido examinarla con detenimiento más que por las fotografías, Aranegui —experta en pintura cerámica de la época en cuestión— aseguró a Levante-EMV que "el friso contiene una sospechosa mezcla de elementos idénticos a los de otros vasos conocidos, lo que es inusual". Así, destaca las similitudes y los elementos que le hacen sospechar de que se trata de una copla: "la polaina del personaje y el "escudo" redondo vienen de la Serreta, en Alcoi; los cuernecillos sobre el casco, vienen del Tossal de Sant Miguel de Lliria, antigua Edeta; el jabalí imita el del famoso del Cabezo del Tío Pío, en Archena". La catedrática, que critica que la pieza no ha sido peritada por expertos-, cuestiona ademas que, como en otros casos similares, no procede ni de una excavación ni de un hallazgo casual en el suelo, sino que ha si sido encontrada en un comercio de antigüedades, guardado en una caja de cajón sin ser expuesta al público.

La controversia está servida porque, por su parte, el especialista del Servicio de Patrimonio tural Valenciano de la Conselleria de Cultura, José Luis Simón, aseguró la semana pasada, al presentar el objeto, que se trataba de un vaso ibero "excepcional" y que era el único que se ha reuperado completo de los veinte similares que hay en la Comunitat Valenciana.

Un técnico de Cultura que analizó el vaso corroboró que se trata de una pieza original "de una calidad excepcional" y posiblemente única por su temática figurativa. Presenta impacto de fuego de hoguera.

En cambio, la catedrática relató a Levante-EMV que "nos encontramos con un patrón similar. Es como un corta y pega. Alguien, que nunca se identifica, deposita la pieza en un anticuario; son imitaciones de cerámica decorativa y de tipo narrativo; siempre hecha fragmentos y, algunos, con traza de fuego y una escayola blanca sin uso".

La arqueóloga valenciana, de reconocido prestigio internacional, comenta que en la cerámica ibera los temas se pueden repetir pero el pintor nunca copia textualmente. Este es un calco de otros señaló, aunque reconoció que estamos ante un falsificador moderno muy hábil, que sabe de cerámica, como la de La Serreta.

En su opinión, la Conselleria de Cultura debería haber acudido a un comité de expertos en vez de "lanzarse a admitir criterios de una sola persona".

LAS CLAVES

INFORME DE CONSELLERIA "Procede del Pintor de la Serreta"
El análisis del técnico del Servicio de Patrimonio Cultural de la conselleria indica que "es un vaso cerámico completo y excepcional, perteneciente a la Cultura ibérica, a la Contestania". De finales del siglo II a C. tiene una "decoración figurativa sin parangón". Narra la lucha entre un jabalí y unos guerreros y "es casi gemelo al Vaso de los Guerreros de Alcoi", probablemente proceden ambos de un mismo taller, el Pintor de la Serreta.

OPINIÓN DE LA CATEDRÁTICA "Sospechosa mezcla"
La catedrática de Arqueología de la Universitat asegura que la pieza contiene "una sospechosa mezcla de elementos idénticos a los de otros vasos conocidos, lo que es inusual", como la vestimenta de la Serreta.

LA EXCAVACIÓN DEL MILLÓN DE DOLARES

Josep Vicent Lerma

Levante-EMV, 17 de julio de 2008

R. Barberá en las excavaciones de Ruaya

La huida hacia adelante que materializó en cuanto a financiación de la actividad arqueológica la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) (Ley 4/98), haciendo recaer la onerosa carga monetaria de las excavaciones urbanas en particular, y las sobrevenidas estos últimos años como derivada de los procesos de masiva urbanización del territorio en general, sobre las anchas espaldas de la ambigua figura legal del promotor, convertido en la gallina de los huevos de oro del sector, ciertamente con su propia anuencia como administrador interesado de un impuesto finalista de facto recayente en última instancia sobre las hipotecadas economías de los compradores particulares de bienes inmuebles, ya fueran estos apartamentos o plazas de garaje, concebidos a la sazón en muchos casos como auténticos activos financieros más que como meros bienes de uso, parece diez años más tarde comenzar a mostrar los primeros síntomas de agotamiento de este ingenioso sistema económico, ahora que la desaceleración del sector del ladrillo parece introducir arena en los hasta el momento bien lubricados engranajes del mismo. A modo de ejemplo paradigmático, baste recordar la reciente intervención arqueológica en las obras de construcción del aparcamiento subterráneo de la calle Ruaya, protagonista del último de los paroxismos mediáticos en torno a los más antiguos hallazgos ibéricos o púnicos anteriores a la fundación romana de la urbe (138 a.C) (Levante-EMV, 13-12-08). «Antes de Valentía» como enfatizaba certeramente la portada del número 29 de la revista del grupo Ismos del mismo notísimo nombre.

Excavaciones en las que por vez primera en esta década prodigiosa se ha consumado la sonada defección económica de la mercantil promovedora del mencionado parking, contratista a riesgo y ventura, en las que previamente ya había adelantado 500.000 euros, negándose a la postre a pechar, en una coyuntura de crisis inmobiliaria generalizada, con el millón de euros estimado como coste último de las mismas, lo que ha conllevado una ostensible paralización de más de tres meses hasta el momento, literal y crudamente por «un problema de dinero» (Levante-EMV, 14-05-08), ante la inviabilidad de repercutir el «impuesto arqueológico» en los precios de venta de las 431 plazas de aparcamiento previstas, otorgando sin complejos patente de corso al desahogado recurso a los caudales del erario público, con el objeto confeso de «evitar que las futuras plazas de aparcamiento se sobrevaloren y lo que antes le iba a costar 15.000 euros al ciudadano, suba a 30.000 euros después de que la empresa añada el sobrecoste de las excavaciones» (sic), obviando en apariencia, no sin cierto desparpajo, al igual que el ayuntamiento de Llíria que ha destinado 240.000 euros para las prospecciones de unas termas romanas del colegio Sant Vicent en la partida de Mura, las taxativas prescripciones legales del artículo 62.2 de la arriba citada LPCV «la Conselleria competente en materia de cultura? determinará la necesidad o no de una actuación arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor».

Panorama económico-patrimonial estrafalario, muy distinto del modelo francés donde según el senador galo Jacques Legendre «las corporaciones locales se enfrentan a graves dificultades cuando deben realizarse importantes excavaciones arqueológicas y no es posible encontrar operadores estatales, como el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (Inrap), capaces de ejecutar esas excavaciones en un plazo máximo de seis meses» y que en nuestro caso, no deja de rechinar de un modo anormal ante las escuetas partidas presupuestarias del superviviente convenio para la realización de Excavaciones Arqueológicas en la Ciudad de Valencia, dotado apenas con 112.000 euros, los exiguos 12.000 euros del Ministerio de Cultura para la expedición valenciana en Pompeya de marras o las anuales ayudas ordinarias para actuaciones arqueológicas y paleontológicas concedidas por la conselleria del ramo, que reglamentariamente en ningún caso pueden superar los ralos 15.000 euros de subsidio por intervención, elevándose en su conjunto a la modesta cifra de 200.000 euros para toda la Comunidad Valenciana.

Por más que, a pesar de algún titular de la prensa local en 2001 del estilo «Los promotores exigen a Cultura que pague las excavaciones», en las tierras valencianas todavía no se han materializado esperpentos como el protagonizado hace cinco años por la gallega Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC) reclamando a la Xunta de Manuel Fraga, en cumplimiento de sendas sentencias judiciales, el pago del cien por ciento de los costes devengados por las excavaciones arqueológicas, por mor de una apoteósica diversidad normativa autonómica.

SOBRE POLÍTICOS, ARQUEOLOGÍA Y APARCAMIENTOS

Lubasa renuncia al aparcamiento que tenía los «vestigios de vida más antiguos»

El ayuntamiento, que gastó casi un millón en la excavación de Ruaya, le exige que tape y acondicione el solar

Levante-EMV, Martes, 24 de julio de 2012

H. García

R. Barberá en las excavaciones de Ruaya. © José Aleixandre

La construcción del aparcamiento municipal de Ruaya ha quedado definitivamente descartada tras la renuncia de Lubasa a ejecutar la obra, paralizada desde 2008 por la aparición de lo que en su día se anunció como unos trascendentales restos arqueológicos.

El consejo de administración de Aumsa, convocado al término de la comisión municipal de Urbanismo, aceptó ayer la renuncia de la adjudicataria aunque le exige la reposición de la parcela al estado anterior a la intervención, según explicó el concejal de Circulación Alfonso Novo. La empresa destinará 100.000 euros a colmatar y allanar el solar, ubicado entre las calles Bilbao y Sagunto. La ejecución de la zona verde prevista en superficie del aparcamiento ha quedado en el aire.

El de Ruaya no es el único aparcamiento con problemas de Lubasa. La empresa, que gestiona numerosos aparcamientos en toda la ciudad, solicitó la semana pasada al gobierno local medidas compensatorias, como la eliminación del canon, para hacer frente a las pérdidas sufridas en el aparcamiento que gestiona en Campanar como consecuencia del cierre del hospital la Fe y su traslado a Malilla.

La mediática excavación arqueológica previa a las obras del aparcamiento de Ruaya donde Rita Barberá situó los «vestigios de vida más antiguos de la ciudad» quedó en agua de borrajas. Movido por el entusiasmo que manifestó la alcaldesa en un yacimiento que, según se dijo, apuntaba a un origen íbero y no romano de Valencia, el ayuntamiento gastó casi un millón de euros en la excavación. Lubasa se negó a asumir o compartir costes.

Los hallazgos —fragmentos de cerámica, herramientas, restos de animales y, como único resto de edificabión, una balsa de agua— sólo permitieron asegurar en 2009 que allí hubo una especie de vertedero vinculado a un asentamiento rural tardoibérico.

El portavoz de EU, Amadeu Sanchis, anunció ayer, al término del consejo de Aumsa, que se reunirá con los vecinos, que llevaban tiempo quejándose por la insalubridad y abandono del solar, para ver qué destino quieren que se dé al futuro descampado.

Sanchís lamentó la obra frustrada de este aparcamiento y recordó que su grupo ya se opuso a la política de aparcamientos públicos por entender que «sólo favorecía negocios privados».

El PSPV, por su parte, aseguró que el desistimiento de Lubasa a la obra evidencia el «rotundo fracaso» en la política de aparcamientos municipales. El concejal socialista Vicente Sarrià reclamó ayer que se repercuta a Lubasa los cerca de 10.000 euros que el Ayuntamiento ha destinado para para acondicionar y limpiar el socavón debido a las quejas vecinales.

Ni una plaza vendida
El concejal de Circulación, Alfonso Novo, justificó ayer la renuncia de Lubasa al aparcamiento porque dijo «no puede hacer frente al proyecto porque desde que está abierto el plazo de precomercialización no ha habido ninguna reserva de plazas». En el aparcamiento de Ruaya había previstas 431 plazas y una inversión de 4,5 millones de euros. Sobre los restos arqueológicos hallados, Novo informó de que están en el depósito municipal arqueológico bajo la supervisión de la Dirección General de Patrimonio.

La reina de los garajes públicos
El de la calle Ruaya formaba parte de un paquete de siete aparcamientos públicos adjudicados a Lubasa en 2005 en Pintor Navarro Llorens, la plaza Vicente Zaragozá, Tres Forques, Chile, Diputado Ramón Samper y Jerónimo Muñoz. El PSPV calculó que la venta de las 2.977 plazas previstas entre los siete garajes reportaría a Lubasa  unos beneficios de 34,7 millones de euros. El de Ruaya es el único que no se ha ejecutado.

Lubasa gestiona al menos diez aparcamientos municipales en Valencia. La crisis o la baja expectativa de negocio le han hecho desistir de otros dos en la calle Hermanos Rivas en el Hospital Arnau de Vilanova.