 |
| Le grand marché des fouilles © Alain Passerel - 2015 |
En 47 minutos se da voz a la empresa pública (INRAP) por medio de su presidente Dominique Garcia y operadores privados, a los empleados, a promotores y diputados para tratar de la situación que ha determinado la solicitud por parte de la ministra de Cultura, Fleur Pellerin, a la diputada socialista, Martine Faure de un informe sobre una "Política pública equilibrada de la arqueología preventiva" (en francés). Algunos comentaristas espontáneos del sitio web de la radio pública se lamentan de la ausencia de dos actores principales de la arqueología: los servicios arqueológicos de las administraciones locales (ayuntamientos, comarcas y mancomunidades) y las diferentes DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), relevos del Ministerio que tienen la autoridad en la prescripción de los diagnósticos e intervenciones arqueológicas.
Reportaje de Alain Passerel; sonido Pierre Quintard y Arthur Gerbault
Realización: Anne Lhioreau asistida por Stéphane Cosme y Zohra Bensmaïli
Una situación que tiene precedentes en la ley 2001 (del socialista L. Jospin) que creó el INRAP, Instituto Nacional de Investigaciones en arqueología preventiva, pero que en 2003 fue corregida por parte del gobierno conservador que le sucedió, permitiendo el acceso a los operadores privados en el mercado de las excavaciones arqueológicas, en consecuencia con la no existencia de monopolios de estado. En un momento en que había "mercado para todos" según las palabras de Martine Faure, pero que a partir de 2010-2011 la oferta se contrajo considerablemente conduciendo a la tensión actual.
En el programa Frédéric Joseph y Olivier Blamangin de la CGT, sindicato mayoritario del colectivo arqueológico, denuncian la evidencia de la degradación global y la deriva del modelo que explota un recurso no renovable, el patrimonio arqueológico. Focalizando el análisis en la quiebra de ArchéoLoire como consecuencia de los dividendos que fueron a parar por parte de los accionistas de la empresa y que hubieran podido salvarla. Argumentos que se encuentran ampliamente expuestos en el informe que realizó el sindicato poco antes de la quiebra y que se focaliza en tres operadores, la citada ArchéoLoire, EVEHA y la franco-suiza Archedunum. Casi de manera marginal se dice que en el caso de una quiebra de una empresa de arqueología, es el INRAP quien se ocupa de salvaguardar los informes y trabajos científicos realizados por la misma.
Las empresas privadas como EVEHA en boca de Julien Denis, fundador y director científico de una de las más grandes (200 empleados de los cuales 160 arqueólogos y 14 agencias), responden que es posible que una empresa sea rentable y que el objetivo principal sea la investigación arqueológica. Mientras que Frédéric Rossi, fundador de Archeodunum SA, denuncia que es el INRAP quien deforma el mercado de manera indirecta porque pierde dinero que es suplido por el estado haciendo una competencia desleal a las empresas.
Para los sindicatos el problema principal reside en que el estado no se ha dotado de los medios para controlar o verificar si los operadores proveen económicamente las partidas destinadas a la realización del informe de excavación y, por tanto, de la calidad científica necesaria para el objetivo fundamental que es la documentación y protección de los restos arqueológicos. Y, parece que es en ese sentido en el que está dirigido el informe Faure « Pour une politique publique équilibrée de l’archéologie préventive »: devolver al INRAP su rol de actor principal, reafirmando la política pública de la arqueología preventiva bajo la autoridad del Estado y que éste se dote de medios de control científico para que todos los operadores sigan las mismas normas de calidad científica.
_01.jpg)
