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domingo, 1 de agosto de 2010

LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO (II)

Ricardo González Villaescusa
Josep Vicent Lerma

Levante-EMV, 1 de agosto de 2010

Una de las razones que pueden explicar la desconexión entre la reciente muestra divulgativa "El tribunal de las Aguas de Valencia. 1050 años de justicia de la Huerta de Valencia" y los conocimientos históricos probados, puesta en solfa en una primera entrega periodística nuestra sin réplica conocida (Levante-EMV, 15-6-10), reside en la disociación total entre las políticas públicas y la investigación académica, tal como hemos venido reiterando en numerosos artículos como "Los nuevos usos de l´Horta o la Resurrección de Lázaro" (Levante-EMV, 8-4-06).

Así pues, en esta prometida continuación hemos aprovechado para centrarnos en revisitar conceptos tales como el de que la Huerta es un paisaje agrario, y los paisajes, tan de moda hoy con dirección general propia patroneada por Arantxa Muñoz, son objeto de una acción territorial realizada fundamentalmente con criterios de urbanistas, arquitectos, paisajistas... cuya visión de los mismos solamente es dinámica en un sentido unívoco: desde el presente hacia el futuro. Desde el momento mismo en que nuestra eco-depredadora civilización post-industrial interviene para "ordenar" donde antes solo había aparente desorden.

En este sentido, ya hemos propuesto que se hace imprescindible determinar el papel morfogenético que ejercen los paisajes, de manera que se puedan determinar los casos en que la finalidad y forma de la ordenación del territorio podría ser dictada por los estadios antiguos del paisaje (Más allá del concepto de sostenibilidad, el de resiliencia..., Levante-EMV 12-3-06). Si queremos entender la forma en que las sociedades del pasado actuaron y las del mañana actuarán en el territorio, debemos reflexionar sobre la resiliencia (sostenibilidad) de las elecciones que se tomaron en el pretérito y la capacidad de una estructura paisajística para absorber impactos, pero también, en cuanto a la capacidad de aprovecharlos, participando, desde ese instante, en la propia historia de estos constructos espacio-temporales.

Todo ello nos conduce al fallo imperdonable, enquistado en la vigente legislación patrimonial (LPCV, Ley 4/1998), de no considerar los Paisajes Históricos como tales y consecuente con la inexistencia de una verdadera política integral de ordenamiento del país que tome en consideración las estructuras de suelos cronológicamente datados, porque no otra cosa que históricos son la mayoría de nuestros paisajes.

De aquellos polvos estos lodos y consecuentemente, cuando se lee en el Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta (PAT), las consideraciones históricas sobre la misma, es cuando encontramos la confirmación del dispendio del dinero del contribuyente en la financiación y edición de estudios históricos que no tienen la suficiente repercusión pública.

Así es posible observar en dicho PAT que desde la época islámica existió un equilibro entre la ciudad y la huerta, inalterable hasta el siglo XIX, como si la huerta irrigada, una vez lograda su configuración clásica, se hubiera mantenido en lo sustancial sin cambios hasta la llegada de la industrialización. El argumento histórico es subalterno pues. Una foto fija proyectada sobre el decurso temporal. Imagen por consiguiente tan fosilizada como la que cada jueves nos muestra unos venerables síndicos de las acequias de la Vega reunidos litúrgicamente para dirimir sobre ningún pleito, como consecuencia de la reducción de la extensión de la red de canales de riego de más de 300 km a menos de 50 km en las últimas décadas. Circunstancia sobre la que no conviene olvidar la advertencia de Thomas Glick: "Cuando desaparezcan los regantes se acabará el Tribunal de las Aguas" (Levante-EMV, 14-06-10).

Ello supone que para evitar la definitiva extinción de la Huerta los agricultores deberían ser remunerados "por los servicios ambientales prestados" o en su defecto que los habitantes de la ciudad deberían asumir una tasa pro-conservación de una huerta tan próxima, y que lo recaudado incidiera en la mejora de las magras rentas de nuestros labradores. Porque, in fine, nadie cree que pueda salir adelante este Plan de Acción Territorial, la novedosa política sobre el paisaje y el discurso radical por momentos, nace sin presupuesto (Levante-EMV 28-5-09). Confiando la dirección general del ramo el éxito de dicho Plan a la contingente implicación de agentes privados y de los ayuntamientos concernidos al albur del obsecuente argumento, sin más, de que el futuro pasa por optar por la viabilidad de una Huerta sostenible (Levante-EMV 29-6-08), sin agotar las posibilidades de las herramientas jurídicas que el legislador tiene en su haber para desarrollarlo. Obviando que la voracidad de la naturaleza es tan antigua como la aparición de las ciudades en el medioevo tardío y la consiguiente pérdida del lazo simbiótico del hombre con su medio ambiente, que conducirá a la tematización del paisaje como inquietud a tenor de las tesis de Michael Jakob (Le paysage, París, 2008).

Por último, para concluir esta filípica sobre la anunciada muerte de la Huerta de Valencia, no podemos dejar de consignar un pequeño atisbo de esperanza, a pesar de los posicionamientos públicos del actual responsable del urbanismo de la ciudad de Valencia contrarios a una Huerta "cultivada por funcionarios", en las prometedoras iniciativas de adquisición pública de suelo en los denominados "huertos urbanos", de gestión directa o indirecta, en el controvertido proyecto de Sociópolis y en el entorno del antiguo monasterio de San Miguel de los Reyes.

Tercer artículo más votado del día 1 de agosto por los lectores de Levante-EMV!!!

1. "La corrupción en el franquismo era de calderilla si se compara con la actual"
2. La Audiencia ve indicios de que el IVEX pagó el contrato B de J. Iglesias con facturas falsas
3. La resurrección de Lázaro (II)

miércoles, 27 de enero de 2010

BOLOMOR O EL SAQUEO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Josep Vicent Lerma
Ricardo González Villaescusa

Levante-EMV, 15 de junio de 2005

Aún con la tinta fresca, en estas mismas páginas se daba cuenta del bárbaro expolio a golpes de pico del excepcional yacimiento paleolítico de la Cova de Bolomor de Tavernes de la Valldigna (Levante-EMV, 20, 21 y 22-09-05), del que procede, nada menos, que el resto antropológico conocido más antiguo de las tierras valencianas, un molar de neanderthal, datado hace más de cien mil años, así como antiquísimos testimonios del primer uso del fuego (250.000 años B.P.) por parte de nuestros lejanos antecesores. Acontecimiento que ha venido a poner en evidencia de nuevo y por enésima vez la precariedad y la indefensión en la que está postrado el patrimonio arqueológico de todos los valencianos ante el pillaje de bandas de asaltantes que abastecen a sus anchas, por iniciativa propia o por encargo, el comercio clandestino y el coleccionismo ilícito de antigüedades, como el presuntamente ilustrado por el Conde de Faura (Levante-EMV, 15-09-03).

La destroza de la cueva de Bolomor, considerada como la Atapuerca valenciana, es la gota que colma el vaso del actual escenario de desvalimiento de nuestro excepcional legado prehistórico, puesto en valor desde los años veinte del pasado siglo por el Servicio de Investigación Prehistórica (SIP) de la diputación de Valencia, fundado por Isidro Ballester Tormo y regido con posterioridad por los recordados maestros de arqueólogos D. Fletcher y E. Pla. Así pues, no puede considerarse este aciago suceso como un hecho ocasional ni mucho menos único, a pesar del amago de desvío de atención -con el esperemos interino silencio de la Sección de Arqueología del CDL de Valencia- por parte del Director General de Patrimonio Artístico de turno, el cirujano Muñoz Ibáñez, quien, observando los toros desde la barrera de la avenida de Campanar, sin ningún rubor, ha dado un preciso capotazo leguleyo hacia la preceptiva vigilancia de la Guardia Civil, y obviando sin complejos que todo el resto de competencias patrimoniales son de celosa incumbencia autonómica. Ámbito administrativo al que compete por cierto el adecuado vallado y la suficiente protección de todo tipo de cuevas, abrigos y asentamientos históricos. Olvidando la desprotección a la que están sometidos otros yacimientos igualmente de la Safor como la Cova de les Meravelles, Rates Penaes, Barranc Blanc, Penya Roja, Cova dels Llops, Cova Negra y Capurri, expuestos a impunes latrocinios por falta de metódica planificación de su control y de su seguridad, denunciada en el 2003 hasta por el arqueólogo de la RACV, J. Aparicio, sin que le hayan hecho ni caso.

Capítulo en el que en los últimos años han proliferado impunemente, sin freno constatable desde la administraciones concernidas, las destrucciones de yacimientos tan emblemáticos como el poblado ibérico de El Oral (San Fulgencio), esta vez sí denostada por los profesores del Área de Arqueología de la Universidad de Alicante el 17 de febrero de 2004; la extraordinaria aldea neolítica de Piles, víctima de la fiebre inmobiliaria en junio de 2004 o el mítico enclave neolítico mediterráneo de la Cova de l'Or (Beniarrés) (Levante-EMV, 25-06-05); así como también el expolio de los restos sumergidos del Grau Vell de Sagunto (2002), el irredento robo de un capitel romano en la calle Tapinería de Valencia (2003) o las actuales amenazas urbanísticas sobre el enclave de arte rupestre de La Sarga de Xixona, declarado Patrimonio de la Humanidad, sin que haya trascendido apenas, no ya la detención de los autores materiales de estos irreparables desmanes, sino la mera imposición de multas o sanciones administrativas disuasorias contempladas en la Ley 4/98 (LPCV) a las personas físicas o jurídicas implicadas en tales tropelías empobrecedoras de nuestro irremplazable acervo cultural.

LA VISIÓN TERRITORIAL DE LOS TRASVASES

Ricardo González Villaescusa

Levante-EMV, Territorio y Medio Ambiente, 31 de julio de 2005

"La crisis ecológica (...) se presenta ante todo como una revuelta generalizada de los medios. Ya nada ni nadie quiere aceptar servir de simple medio para el ejercicio de una voluntad cualquiera pretendida como fin último. El más ínfimo gusano, el más pequeño de los roedores, el más seco de los arroyos, la más lejana de las estrellas, la más humilde de las máquinas automáticas, exigen ser tomados también como un fin (...)?
Bruno Latour, Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, París, 1999.


Por razones laborales conozco gente de toda la geografía valenciana, desde el Sénia al Segura. Hace un par de años una persona de la Vega Baja me explicó que desde allí la polémica del trasvase del Ebro se veía de otra manera. Pensé en lo que me decía pero no argumenté nada. Hace menos de un mes, una persona del Baix Maestrat me afirmó que desde allí la discusión no lo era tanto al cambiar el punto de vista. Como quiera que mi opinión, aun empatizando con los diferentes intereses en liza, no cambia según el lugar desde donde abordo el problema, discutí brevemente con esta última, no en torno a la conveniencia o no del trasvase del Ebro, sino sobre si la opinión podía estar fundamentada en la pertenencia o no a comarcas que desean ese trasvase, o a comarcas que se ven perjudicadas por el mismo. Afortunadamente no cambié la opinión de mi interlocutora y este artículo es fruto de mis reflexiones en torno a esa conversación.


El mismo autor que encabeza estas líneas, Bruno Latour, nos habla de que lo inconmensurable es la guerra. Hablaremos de conmensurabilidad cuando formas del territorio de naturaleza diferente (una forma física y una forma social) se articulan por formas y medidas comparables, obedeciendo a la misma escala y a la misma lógica de ordenación espacial. Por ejemplo, la red de ferrocarriles es conmensurable a la escala nacional en que fue proyectada y creada, pero inconmensurable a la escala local de la ciudad de Valencia, mientras que la red de transportes urbanos es conmensurable con la ciudad.

Esta noción debería formar parte de la reflexión previa a toda reordenación del paisaje para evitar el eterno divorcio entre territorios, redes e infraestructuras y que éstas no subordinen, fragmenten o representen un obstáculo infranqueable. Evitaría el síndrome NIMBY, acrónimo de Not In My BackYard, -no en mi patio trasero-, o rechazo por los lugareños de las infraestructuras que no les benefician directamente (centros penitenciarios, incineradoras de residuos urbanos de áreas metropolitanas, redes de trenes de alta velocidad... Todo estudio de impacto en el paisaje debería tener en cuenta la forma en que las nuevas infraestructuras u ordenaciones territoriales pueden crear nuevos órdenes conmensurables que evitaran a medio y largo plazo los conflictos.

Pero volvamos a los trasvases, ¿en qué medida son inconmensurables? Si nos atenemos a la lógica del Estado (forma social), en que se proyecta la realización del trasvase (forma social), entre cuencas hidrográficas (forma física), son conmensurables. Pero es evidente que la realidad autonómica introduce una variable que aboca los trasvases a la inconmensurabilidad ya que los gobiernos autonómicos son formas sociales que tienen un reconocimiento jurídico y un respaldo social. Superable, desde el punto de vista de quienes se apoyan en la integridad del estado pero que, aun así, no evita el conflicto entre las comunidades afectadas.

Perspectivas
Un trasvase es inconmensurable (conflicto) cuando se ve desde la perspectiva de las cuencas hidrográficas afectadas (espacio) y desde los efectos a largo plazo de una decisión de estas características (tiempo). Para evitar la hidroesquizofrenia que afecta al país, puede mirarse desde la óptica del proyecto de trasvase de aguas del Ródano a Barcelona, plan que prevé una canalización enterrada de 330 km, desde Arles a Barcelona, destinada a transferir 1.300.000 metros cúbicos al día.

Los argumentos de sus defensores son semejantes a los que defienden el trasvase del Ebro: aumento de la demanda de agua en Barcelona y su área metropolitana, excedentes hídricos que sobran en la cuenca del Ródano y que "se pierden"en el mar, solidaridad interregional en la Europa de las regiones...Y entre algunos de los argumentos en contra se pueden encontrar el que Cataluña lidera tras Andalucía el número de campos de golf del país. Son conmensurables o inconmensurables desde el punto de vista de sus defensores o detractores, es decir, desde los diferentes "allí" utilizando la argumentación de mis interlocutores. Lo que conlleva, en definitiva, la utilización de cuencas hidrográficas como un medio para obtener unos fines, en lugar de entender "el más seco arroyo" como un fin en sí mismo.

La paradoja está servida, en palabras del geógrafo Michel Drain, conseguir el trasvase de aguas del Ródano a Barcelona no solo animaría una política de gestión mercantilizada e insostenible del agua en España y Europa, sino que, además, las soluciones a los problemas locales se resolverían generando otros problemas locales y huyendo de las soluciones sostenibles a largo plazo. Si es cierto que existe un crecimiento progresivo de la demanda de agua, ¿por qué el problema terminaría con uno o dos trasvases?

domingo, 24 de enero de 2010

MÁS ALLÁ DEL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD, EL DE RESILIENCIA: LA PERSPECTIVA HISTÓRICA EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Ricardo González Villaescusa


Levante-EMV, 12 de marzo de 2006

“La Arqueología de Gestión será teoría o no será nada. O, lo que es más peligroso, será (como de hecho ya es) mera instrumentalización técnico-liberal del Patrimonio Arqueológico”. (Felipe Criado y otros en Especificaciones para una gestión integral del impacto desde la arqueología del paisaje, Santiago, 2002)

La principal dificultad a la que se enfrentan las evaluaciones de impacto ambiental al uso es inscribirse en la dinámica social, especialmente en los largos periodos históricos. Los paisajes tienen características propias de sistemas auto-organizados como los describe E. Morin y, por tanto, se debe evaluar no solamente la eficacia de los planificadores a la hora de transformar los espacios, sino también la coerción que pueden ejercer los sistemas auto-organizados en el tiempo a través de sus propias mutaciones

La creación de una nueva ordenación espacial origina nuevos flujos entre elementos espaciales diferentes, creando movimientos en el espacio, acortando distancias entre puntos distantes y distanciando poblaciones que estaban próximas por el efecto de una barrera, como una autopista, por ejemplo. Esas nuevas reorganizaciones espaciales tendrán con toda seguridad repercusiones sociales que necesitan ser reevaluadas a la luz de la permeabilidad o impermeabilidad de la nueva infraestructura introducida en el territorio.

La Arqueología junto a otras disciplinas convergentes está en condiciones de responder a las necesidades de la Ordenación del Territorio, permitiendo un carácter anticipatorio frente a las demandas sociales y evitando algunas de las consecuencias negativas de las reordenaciones del territorio (obras públicas, infraestructuras, PAI…). Los problemas se resolverán si somos capaces de responder a la pregunta ¿Qué queremos hacer con la información derivada del patrimonio y con el propio patrimonio? Si nos conformamos con una simple respuesta bienintencionada como es “conservar y conocer mejor los vestigios del pasado y nuestra historia” incluso con el esquema actual es insuficiente ya que no existe siquiera un modelo de gestión de lo patrimonial.

Si, de lo contrario, queremos proponer una teoría de la gestión, entonces parece imprescindible la definición desde la Conselleria de Cultura de un modelo y directriz general de los estudios de impacto arqueológico para su inclusión en los estudios de impacto medioambiental, admitiendo las siguientes premisas. En primer lugar, aceptar que los paisajes tienen una movilidad en la larga duración histórica y que son el escenario de procesos complejos a muy diferentes escalas. En segundo, realizar simulaciones retroactivas con datos reales originados en diferentes disciplinas (arqueología, ciencias de la tierra, ciencias sociales). En tercero, contribuir a la elección y decisión de políticas públicas de ordenación del territorio a medio y largo plazo. En cuarto, elaborar un tratamiento jurídico diferenciado que permita establecer criterios y grados de protección del patrimonio en función del papel morfogenético que cumplen o cumplieron en el territorio. Y, finalmente, determinar los casos en que la finalidad y forma de la ordenación del territorio podría ser dictada por los estadios antiguos o tradicionales del paisaje.

El principio de sostenibilidad cobra una nueva perspectiva cuando hablamos de las transformaciones en el paisaje a lo largo del tiempo, transformándose en el de resiliencia. El término resiliencia, utilizado por primera vez en la Física, ha pasado a ser usado en las ciencias sociales y humanas con el sentido de la capacidad de adaptabilidad de un sistema a las perturbaciones externas. En realidad se trata de una sensibilidad hacia la evolución dinámica y hacia la historia y no solamente a la del tiempo futuro. Si pretendemos realizar una evaluación de impacto de una nueva ordenación de un paisaje y queremos entender la forma en que las sociedades del pasado actuaron y las del futuro actuarán en el espacio, debemos reflexionar sobre la resiliencia (sostenibilidad) de las elecciones que se tomaron en el pasado y la capacidad de una estructura paisajística para absorber impactos, pero también, la capacidad de aprovecharlos e integrarlos, participando, desde ese momento en la propia historia de la estructura.

Una consecuencia derivada de lo anterior es la necesidad de abandonar la noción de “impacto”. Este concepto presupone la ingenua idea de que los inconvenientes de cualquier acción humana sobre el medio son susceptibles de ser corregidos. La perversión consecuente es que si las actuales reordenaciones (ordenación presupone el error de que no existía un orden previo) del territorio se dan por hecho, los impactos se miden y corrigen por científicos aislados del tejido social…, no habiendo, pues, necesidad de provocar un debate público sobre la necesidad de la nueva infraestructura. La comunidad científica y los actores sociales deben crear nuevos procedimientos de debate científico y social que permita a los agentes sociales decidir con conocimiento de consecuencia (que no de causa) sobre su futuro, sobre la gestión de su espacio, sobre la dinámica de sus territorios y de sus ciudades.