¿QUÉ FUE... DEL BÚNKER DEL SALER?

Cañón de la zona del estrecho de Gibraltar de semejante
aspecto y contexto paisajístico al del búnker de El Saler

Josep Vicent Lerma

Levante-EMV, 29 de marzo de 2003

Transcurrido un lustro desde el redescubrimiento casual por las obras de regeneración litoral en los primeros días de 1998 del fortín de El Saler parece oportuno meditar de un modo sosegado sobre el futuro de esta singular obra de fortificación militar de la Guerra Civil española, soterrada provisionalmente bajo la arena, ahora que proliferan las iniciativas cívicas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), tales como las exhumaciones de fosas comunes de los desaparecidos republicanos en las localidades leonesas de Priaranza del Bierzo o Piedrafita de Bavia.

Sección del búnker del Saler con los cañones del acorazado Jaime I

Se trataba de la “barbeta” de una pieza de artillería de costa con casamata superior y un auténtico dédalo de galerías subterráneas de unos 500 metros cuadrados, fotografiados por Kai Försterling y Ferran Montenegro. Todo ello sólidamente construido en 1937 con hormigón armado por no menos de 8.000 trabajadores sometidos a un estricto régimen secreto militar, bajo las órdenes del general Miaja y la dirección de los técnicos valencianos del Departamento de Armamento y Construcciones de la II República Española, con el fin último de alojar un cañón Vickers Amstrong de 381 mm. Recuperado ex profeso del acorazado Jaime I en aguas de Cartagena, concebido estratégicamente para hacer frente a un posible desembarco de las tropas de Franco acantonadas en Mallorca y a los bombardeos navales de los cruceros alemanes (Levante-EMV, 12-02-98).

Valiosos datos aportados en su día por el benemérito Andrés Castellano Martí, presidente de la asociación Amigos del Museo Histórico-Militar, para el cual destruir este recinto de defensa costera “sería un nuevo ataque a nuestra historia…” (Levante-EMV, 27-01-98), exigiendo su conservación, frente a la diletante autorización para su demolición por parte de la ex Directora General de Patrimonio Artístico Carmen Pérez (Levante-EMV, 4-02-98), ante las tesis del entonces jefe de la Demarcación de Costas Manuel Fernández Arribas, según las cuales la preservación del mismo “no parece compatible con el proyecto” (Levante-EMV, 27-01-98).

Es precisamente en esa línea de recuperación de esa memoria escondida a todos los valencianos, en la que cabría inscribir en estos momentos la reivindicación del indudable “valor arqueológico” de este singular enclave militar, solicitando de la administración competente su perentoria catalogación de oficio en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, de acuerdo con la Ley 4/98 (LPCV), y su futura protección legal, así como su rehabilitación temática con fines pedagógicos, antes de que el obligado traslado del polideportivo municipal a la zona de la nueva avenida de las Cortes Valencianas, convierta en definitivamente baldíos los civilizados esfuerzos encaminados a su postergada recuperación física, al modo de las reliquias de la Muralla del Atlántico de la II Guerra Mundial, transmutadas en un aliciente turístico de la región francesa de Normandía.

EL FIN DE LA ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA

Excelente síntesis de lo que es la arqueología preventiva y la entrada del mercado en la gestión del patrimonio arqueológico. Solo hay un pequeño matiz. Entre 2001 y 2003 la arqueología preventiva era una actividad científica. Desde la reforma conservadora del gobierno Raffarin de 2003 la arqueología es una actividad técnica. Una palabra y todo cambia.

LE SERVICE PUBLIC (?) DE L’ARCHÉOLOGIE EN ESPAGNE OU L’OEUF DU SERPENT

Ricardo González Villaescusa
Josep Vicent Lerma

Participación en el Foro Social Europeo de Paris-Saint Denis, novembre 2003 (texto en francés)



LE SERVICE PUBLIC (?) DE L’ARCHÉOLOGIE EN ESPAGNE OU L’OEUF DU SERPENT

POR UN DEBATE SOCIAL SOBRE LA ARQUEOLOGÍA COMO SERVICIO PÚBLICO

Josep Vicent Lerma
Ricardo González Villaescusa

Levante-EMV, octubre 2003

La próxima reunión del Foro Social Europeo en París (Saint Denis, noviembre 2003), donde participará uno de nosotros, en torno a la práctica de la Arqueología Preventiva como operador cultural público, merece una reflexión compartida por parte de los profesionales de la denominada, entre nosotros, como arqueología de “urgencia” y sus organizaciones representativas, básicamente las Comisiones de Arqueología de los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados de Valencia-Castellón y Alicante, que agrupan actualmente alrededor de unos ciento cincuenta técnicos en activo.

En este sentido, conviene recordar la evolución específica de los arqueólogos autónomos, surgidos a la sombra del auge de las excavaciones urbanas de los años ochenta en las principales ciudades valencianas -ampliamente dadas a conocer por la prensa local-, hacia perfiles propios de las profesiones liberales clásicas, mimetizando pretendidamente la figura del arquitecto como modelo a seguir, por más que la normativa vigente en materia de Patrimonio Arqueológico fuera tozuda y no posibilitara simultanear diferentes direcciones de excavación y los permisos administrativos exigían en la práctica una presencia permanente del arqueólogo a pie de obra. El arqueólogo no podía, ni puede, ser, en consecuencia un profesional liberal.

Por el contrario, en la vieja Francia el personal implicado en la gestión de la Arqueología Preventiva intuyó pronto su verdadera condición de asalariados o trabajadores por cuenta ajena, exigiendo contrataciones laborales a las administraciones públicas competentes, asociándose en la AFAN (Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales) y finalmente agrupándose mayoritariamente en el Syndicat Général des Personnels de l´Archéologie (SGPA) de la importante confederación sindical francesa CGT.

Tuvimos la ocasión de cotejar este modelo en primera persona en el seminario de L´Ecole National de Patrimoine celebrada en Lyon (1996): Prácticas comparadas de la Arqueología en Europa, donde el modelo conformado por la praxis arqueológica de la ciudad de Valencia, entonces de financiación mixta pública – privada, previa a la aprobación de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) (Ley 4/98), aún era objeto de interés entre los servicios arqueológicos municipales franceses, holandeses o suizos, y donde ganó terreno el principio de “quien destruye, paga”, contenido en la Convención de Malta de 1992. Mientras que para Gran Bretaña el profesor Christopher Gerrard describía ya en 1993 un modelo de gestión ultra-liberal.
Estado de opinión que finalmente logró resolver Francia a finales del mandato presidencial del socialista de L. Jospin, mediante la adopción de un equitativo “canon” pagado por los constructores galos, dando una solución al enquistado problema de la financiación de las urgencias arqueológicas (105 millones de euros) y la creación del INRAP (Instituto Nacional de Investigaciones en Arqueología Preventiva). Propuesta progresista que ya fuera recogida por uno de nosotros durante la II Universidad de Verano sobre el Patrimonio del Forum Unesco (2002), sobre la base de los 8.414 millones de euros que según el ICEX (Instituto de Comercio Exterior) genera la construcción costera española (Territorio y Medio Ambiente. Levante-EMV, 2-6-02).

Paradójicamente, y a pesar de una evolución diferente de las problemáticas arqueológicas analizadas, salvando todas las diferencias cualitativas y cuantitativas obvias, merece destacarse el fenómeno emergente de la “privatización” de la Arqueología, de facto en nuestro país con la aplicación de la LPCV desde 1998, para la que se postulan ahora modificaciones excepcionales y tendentes a una mayor liberalización del sector, y allí con la aplicación gubernamental del AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por parte del gobierno ultramontano del primer ministro Raffarin. En virtud de dicho acuerdo, ningún campo de la cultura, incluida la Arqueología, escapa a las leyes universales del capital.

El final parece el mismo aunque las evoluciones hayan ido por caminos bien distintos. Los caminos del Señor parecen inescrutables...

PATRIMONIO, ACTORES SOCIALES Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Isabel Escudero
Ricardo González Villaescusa

Levante-EMV, Territorio y Vivienda, 16 de noviembre de 2003

El Foro Social Europeo celebrado esta semana en Saint-Denis, París, suscita entre políticos y arqueólogos reacciones chocantes pues podemos apreciar evoluciones convergentes en la arqueología y en la sociedad civil francesa y española a partir de orígenes y protagonistas bien distintos.

La arqueología preventiva en Francia, de urgencia entre nosotros (cosas de la semántica...), frente a la actividad científica programada, aparece por los años 70 y 80, coincidiendo con la transición (1975-1982). Esta situación provocó en la Comunidad Valenciana un funcionamiento de facto de la arqueología de urgencia sin marco legal específico entre 1979 (elecciones municipales) y 1985 (ley 16/1985) y sin marco comunitario hasta 1998 (ley 4/1998). Y esa situación de hecho derivó a principios de los 90 en una financiación privada, necesaria y contemplada en la Carta de la Convención de Malta. Pero, desposeída de soporte legal, derivó a una arqueología a remolque de dinámicas urbanísticas y especulativas que le eran ajenas. Aunque por aquel entonces manifestábamos estar de acuerdo con esa financiación, había que entender esa anuencia en un marco legal y prever sus consecuencias lógicas, impidiendo una dejación del control público de la producción científica derivada de las excavaciones.

Pero la ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano en su artículo 62.2 afirma precisamente que las actuaciones arqueológicas o paleontológicas serán: “... a cargo del promotor de las obras”. El efecto perverso previsible de una medida progresista “quien destruye patrimonio paga”, (no olvidemos que el patrimonio no es renovable), se ha convertido en “quien destruye gestiona” o “quien paga manda”. En la práctica, se ha producido una sustitución de un modelo de gestión y financiación pública (con sus defectos) por un modelo de financiación privada bajo la influencia de las leyes del mercado y una ausencia efectiva de controles (sin virtudes científicas).

En la Comunidad Valenciana, vista con interés por los fenómenos de globalización porque las PYMES representan un 99,89% de las empresas y las microempresas un 95,5%, la profesión de arqueólogo toma conciencia como profesional liberal y autónomo y no, como ocurre en Francia, como trabajadores por cuenta ajena que han protagonizado entre 1999 y 2001 la consecución de logros sociales de amplio alcance. El gobierno de L. Jospin aceptó emprender una importante labor legislativa sobre la arqueología preventiva que, finalmente, es reconocida legalmente como una labor de servicio público permanente, científicamente realizada en nombre del Estado (por un establecimiento público y por personal de derecho público) y para la sociedad, financiada por un canon fiscal, una arqueotasa, pagado por los promotores privados y públicos.

Esta evolución divergente explica que la mayor defensa del patrimonio como valor social ha sido protagonizada fundamentalmente por la sociedad civil valenciana y no sólo por los arqueólogos. Los actores sociales reunidos bajo la forma de plataformas, los SALVEM…, que han reaccionado contra una actividad urbanística depredadora y legitimada por una avalancha de chantajes economicistas. Los Salvem... han acudido a argumentos de carácter patrimonial de un nivel superior, el paisaje rural o urbano como Patrimonio: la Huerta, el Cabanyal, La Punta...

Se hace imprescindible, pues, que la comunidad científica y los actores sociales creen nuevos procedimientos de debate científico y social que permita a los agentes sociales decidir con conocimiento de consecuencia (no de causa) sobre su futuro, sobre la gestión de su espacio, sobre la dinámica de sus territorios y de sus ciudades.