viernes, 17 de marzo de 2017

LEYES, LÍOS Y AYES

Josep Vicent Lerma
Levante-EMV 17 de marzo de 2017


El acuerdo del pasado día 2 de marzo en la Comisión de Cultura de les Corts Valencians, de la mano del diputado y radiofónico escritor Fernando Delgado, para modificar la espuria ley del Partido Popular del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) (Ley 4/98) o enésimo parcheo de su abollado articulado y la aprobación apenas unos días antes del documento del Consell Valencià de Cultura en el que se comunica a sensu contrario a la Dirección General de Cultura y Patrimonio autonómica que literalmente «per tot el que s´ha exposat, considerem convenient que es redacte una nova Llei del Patrimoni», evidencian bien a las claras una preocupante descoordinación de la acción política del Govern del Botànic en esta materia tradicionalmente vital para la izquierda valenciana, que nos ha hecho recordar fatalmente el machacón estribillo «¡ Ay, qué dolor!», de la mítica canción de los Chunguitos de 1978.

Porque si finalmente las modificaciones instrumentales de la ominosa etapa de gobiernos populares de 2004 y 2007, encarriladas sin tapujos a facilitar el sventramento del Cabanyal o la reconstrucción historicista del impostado templo espiritual de los valencianos de la Valldigna –de las que ya nos ocupamos en su día en nuestros artículos de opinión La reforma de la Ley de Patrimonio Cultural o la excepción valenciana (Levante-EMV, 21-11-2004) o Sísifo o la contrarreforma de la ley de patrimonio cultural valenciano (Levante-EMV, 25-02-2007)– no han sido óbice para que las administraciones públicas competentes consientan y pasen por las recientes trapisondas necrofílicas de los Trénor en su finca del monasterio de Sant Jeroni de Cotalba (Alfauir, la Safor), glosadas a su vez en El gen literario valenciano (Levante-EMV, 30-11-2016) o la impune salida fuera del territorio valenciano de piezas fundamentales de nuestro acervo cultural, como el gran retrato pintado sobre un magnífico pavimento de azulejos del mocadoret del caballero de nuestra orden nacional de Montesa, Felipe Vives de Canyamás i Mompalau. Obra señera del pintor barroco Jacinto de Espinosa de 1634, ahora puesta en pública almoneda en la feria anticuaria de Maasctricht, sin impedimentos de la Junta de Valoración y Exportación del Ministerio de Cultura, no obstante su parentesco estilístico con la imagen pictórica del lugarteniente general de esta misma orden militar valenciana, Joan Ferrer, utilizada como ilustración gráfica del antológico libro de Manuel Sanchis Guarner, La Ciutat de València (1972).

Tampoco los penúltimos remiendos normativos –colados de matute por la directora general Carmen Amoraga en la Ley 10/2015 de Acompañamiento de Presupuestos, en su Capítulo XIV de nuevo zurcido de la LPCV, artículo 72 referente al uso de detectores y otros instrumentos de análoga naturaleza– parecen haber servido para atajar de raíz episodios sonrojantes para el patrimonio histórico valenciano, como el de la presencia el pasado mes de febrero de dos presuntos expoliadores, con traje de neopreno y equipo de detección de metales profesional, provistos de licencia genérica de uso en playas valencianas, en los arenales de la Marineta Cassiana de Dénia. Enclave privilegiado del litoral de la Marina Alta que acredita en su haber, nada más y nada menos, que cuatro fichas del inventario de yacimientos arqueológicos subacuáticos de la Comunitat Valenciana.

Por consiguiente, y a modo de coda final, una vez constatado el fracaso de casi dos décadas de aplicación del buenismo neoliberal de la Ley 4/98, ya pregonado en el preámbulo de la misma «de que sin la colaboración de la sociedad en la conservación del patrimonio cultural, en su gran mayoría de titularidad privada, la acción pública está abocada al fracaso por falta de medios suficientes?» (sic), a estas alturas de la legislatura, debería resultar evidente para los actuales gestores del legado cultural de los valencianos la recomendación del Consell Valencià de Cultura de clausurar a perpetuidad la desastrosa política de composturas legislativas discrecionales, seguida hasta ahora e iniciar la redacción de una inaplazable futura Ley del Patrimonio Histórico Valenciano (LPHV), financiada realmente con el 1 % del capítulo de inversiones en obras públicas de los presupuestos de la Generalitat Valenciana o con la aplicación de una ecotasa o tasa turística, que refuerce las políticas públicas en este sector y garantice la preservación de la memoria cultural del pueblo valenciano, dando ajustada respuesta a los retos y amenazas incipientes del siglo XXI, como el turismo urbano depredador o la irrupción de una inédita plétora de fundaciones culturales privadas y mecenas nuevos ricos, beneficiarios de la brecha social abierta por el crash de 2008, a los que las administraciones públicas están llamadas en una fecha no demasiado lejana a sentar su mano pródiga.

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