lunes, 4 de diciembre de 2017

¿QUÉ SERÁ DE LA NUEVA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEOS?

Iglesia de San Nicolàs de Bari
y San Pedro Mártir
Ricardo González Villaescusa
Josep Vicent Lerma
Levante-EMV, 4 de diciembre de 2017

Quienes seguimos aspirando a que las disciplinas sociales formen piedra angular en la construcción intelectual de la línea argumental de la separación de hechos históricos y juicios de valor, no podemos por menos que congratularnos de la edición del nuevo libro Basta con vivir de la Directora General de Cultura, la escritora Carmen Amoraga, así como de la publicación en el DOGV el 26 de octubre pasado del decreto 107/2017 por el que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunidad Valenciana. Considerando que este último recupera la figura institucional del missing Consejo Asesor de Arqueología y Paleontología, y que siempre será mejor un reglamento imperfecto, en el cual se consagra la “arqueología de mercado”, que la hasta ahora reinante discrecionalidad administrativa de la incombustible jefa del Servicio de Patrimonio Cultural Consuelo Matamoros.

Dicho lo cual y mediados los artículos de opinión de cosecha propia de la actual añada “Leyes, líos y ayes” (Levante-EMV, 17-03-2017), “Fundaciones, Arte y Patrimonio” (Levante-EMV, 23-05-2017) y “De Reims a Benicarló: Azaña y el Patrimonio Cultural” (Levante-EMV, 31-08-2017), donde loábamos el punto final a la política de permanentes zurcidos de la antigua Ley 4/98 del Patrimonio Cultural Valenciano, alumbrada bajo el primer mandato del adalid de la demolición del teatro romano de Sagunto, Eduardo Zaplana. Además alertábamos sobre la necesidad de arbitrar, en el anunciado Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural y Museos (LPCyM), los necesarios mecanismos administrativos de la Generalitat de tutoría y regulación públicos del cuantioso patrimonio vernáculo en manos privadas de las rutilantes fundaciones culturales de la burguesía de Mercadona, así como también clamábamos contra el éxodo oculto de obras de arte valenciano como la tabla del Maestro de Perea “San Damián matando a su padre”, de fines del siglo XV, puesto en almoneda en Madrid por la casa de subastas “Fernando Durán”.

Corresponde ahora, para saber dónde nos encontramos administrativamente hablando, recordar el acto oficial “Hacia la nueva Ley de Patrimonio Cultural Valenciano” oficiado en el cubo amarillo de la Universidad Politécnica el pasado 27 de junio por el Subdirector General de Patrimonio Antonio Bravo, junto a la citada más arriba C. Matamoros y la profesora de urbanismo María Emilia Casar, moderados por el maestro de arquitectos F. Taberner.

Mesa redonda en la que se desgranaron y clasificaron de un modo neutro algunas decenas de sugerencias de colectivos y particulares a los futuros contenidos de la misma ley que fue tildada, sin rubor, de ley de cuarta generación, aportados en la preceptiva fase de Consulta Previa, con la inexplicable omisión de propuestas por parte de las asociaciones profesionales de arquitectos. En dicho acto, y desde la perspectiva más política del economista A. Bravo se ironizó en torno a la actual identidad cultural de los valencianos, que fue definida acerbamente por el hecho diferencial de la sistémica infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.

En este orden de cosas, con el invierno a las puertas, y sabido por todos que el Consell necesita no menos de una media de 400 días para sancionar en sede parlamentaria sus leyes del cambio, aquellos proyectos y proposiciones que no lleguen a Les Corts como máximo en febrero del próximo año 2018, tendrán una muy difícil plasmación final en letras de molde en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Lo que, de paso sea dicho, no acaba de entenderse muy bien, por qué se aprueba un nuevo y durante dos décadas deseado reglamento, y acto seguido se postula tramitar un nuevo marco legislativo, salvo que se quiera hacer bueno el famoso adagio de Romanones.

No deja de abrumar, pues y para terminar este exordio de nuestras cavilaciones leguleyas, qué quiso decir realmente la Directora General C. Amoraga cuando después de la reunión de julio de la Mesa de la Cultura Valenciana, de acuerdo con los plazos de la propia Conselleria de Cultura, anunció que sería finalmente en 2018 cuando la nueva normativa se concretaría. ¿Qué en ese año se aprobaría oficialmente la LPCyM o que entonces ya se dispondría de un primer articulado del texto para remitirlo a la cámara autonómica y quedaría aún pendiente su ratificación parlamentaria para la siguiente legislatura 2019-2023?

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