Imagen: INRAP |
Como ya expusimos en la entrada del 9 de marzo La reconquista de los diagnósticos arqueológicos, el modelo de la arqueología preventiva francesa sufría ataques de carácter económico: la reducción en los presupuestos del Estado de los montos económicos previstos para el ejercicio de la arqueología, la precarización del trabajo de los arqueólogos del INRAP y la consiguiente entrada del sector privado en el sector.
Ahora los ataques van más lejos. El pasado 16 de junio el senador Eric Doligé de la UMP, el partido del presidente Sarkozy, hizo entrega del ya llamado Rapport Doligé para "La simplificación de las normas aplicables a las entidades locales" compuesto de 268 propuestas que pretenden la "máxima simplificacion de las normas que se aplican a las entidades locales" y que no es sino otro eufemismo de privatización, de menos estado y menos administración (al igual que modernización, o liberalización).
Entre esas propuestas hay un buen número (de la 28 a la 45) dedicado a la arqueología preventiva y que puede resumirse en "más rápido, menos caro" como afirmaba el 22 de junio Localtis.info, el diario de información sobre las entidades locales francesas.
Al lado de algunas propuestas más que razonables (permitir las imágenes digitales en los informes arqueológicos) hay una batería de propuestas que solo pretenden reducir tiempos y costes. Traducimos una parte del comunicado de la Unión sindical Solidaires en relación con el Rapport Doligé:
"Sin entrar en el detalle de las medidas, algunas de ellas dan buena prueba de una auténtica ignorancia de lo que es la arqueología preventiva o son, a todas luces, totalmente absurdas e inaplicables. Así, la propuesta n° 32 pretende otorgar una autorización administrativa global a los diferentes operadores, confunciendo alegremente diagnósticos y excavaciones, permitiendo imaginar que un
prehistoriador podría excavar e interpretar un yacimiento medieval…, o al revés, un prehistoriador podría hacerlo igualmente con un yacimiento medieval (...). La propuesta n° 40 se
propone limitar la financiación de los promotores a un porcentaje del coste de los trabajos, quedando a cargo del Estado la diferencia. Lo que equivale a desconocer que el coste de una excavación depende fundamentalmente de la naturaleza y calidad de los
vestigios descubiertos y no del tipo de promoción.
Pretender una mayor participación del Estado, en el contexto de una demanda cada vez mayor por parte de los cargos públicos de una reducción de los servicios públicos, es incomprensible… a menos que se pretenda hacer regalos a los promotores privados.
La finalidad de la medida nº 41 es clara: limitar la cantidad de prescripciones de las excavaciones por la desnaturalización de la actual composición de las diferentes CIRA (Commission Inter-régional de la Recherche Archéologique) aumentando la cantidad de representantes de entidades locales en detrimento de los representantes científicos, quizá poco comprensivos con los promotores . Y, por si no fuera bastante, la propuesta nº 42 permitirá recurrir la decisión de la CIRA [en el caso de que la entidad local no pueda soportar el peso de las excavaciones prescritas].[y permitiendo defender su proyecto en el seno de la comisión a los promotores, añadido por el traductor pero presente en la página 104 del Rapport Doligé]"
Revisión de la exposición pública en el caso de la revisión de los Planes Locales de Urbanismo, restricción de la obligatoriedad de hacer accesibles los edificios públicos..., y un largo etcétera sin desperdicio que concierne a todos los ámbitos de la administración pública.
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