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| Termografía de un muro de Pompeya |
Presentamos la traducción de la pregunta por escrito realizada por un senador de Union centrista y republicana, partido centrista que no sucumbió a la fagocitosis de la UMP, partido de centro-derecha del ex-presidente Sarkozy.
El uso de la termografía en el diagnóstico arqueológico
"14ª Legislatura. Pregunta por escrito N º 02554 del senador Hervé Maurey (Eure - UCR) publicado en el diario del senado el 18/10/2012.
Hervé Maurey reclama la atención del Ministro de la Cultura y la Comunicación sobre el uso de la termografía en el diagnóstico arqueológico. A pesar de numerosos cambios legislativos, especialmente con ocasión de la ley n° 2009-179 de 17 de febrero de 2009 para agilizar los programas de construcción y de inversión pública y privada, las normas relativas a la arqueología, siguen teniendo un gran peso en la programación y el presupuesto de los proyectos apoyados por la comunidad.
Las operaciones de excavación dan lugar a retrasos en las infraestructuras y a altos costos impuestos por el Estado a la comunidad.
Sin embargo, desde la década de 1970 se ha desarrollado y perfeccionado un método que permite una prospección térmica sin incurrir en grandes operaciones de excavación para detectar la presencia de restos arqueológicos. Esta tecnología se basa en el uso de una cámara térmica que sobrevuela el área de estudio y la medición de las propiedades térmicas de los materiales en el subsuelo.
También, sin duda la necesidad de preservar el patrimonio, se le preguntó sobre la posibilidad de desarrollar esta tecnología para facilitar las operaciones de excavación y reducir los costes.
En espera de respuesta por parte del Ministerio de Cultura y Comunicación".
"14ª Legislatura. Pregunta por escrito N º 02554 del senador Hervé Maurey (Eure - UCR) publicado en el diario del senado el 18/10/2012.
Hervé Maurey reclama la atención del Ministro de la Cultura y la Comunicación sobre el uso de la termografía en el diagnóstico arqueológico. A pesar de numerosos cambios legislativos, especialmente con ocasión de la ley n° 2009-179 de 17 de febrero de 2009 para agilizar los programas de construcción y de inversión pública y privada, las normas relativas a la arqueología, siguen teniendo un gran peso en la programación y el presupuesto de los proyectos apoyados por la comunidad.
Las operaciones de excavación dan lugar a retrasos en las infraestructuras y a altos costos impuestos por el Estado a la comunidad.
Sin embargo, desde la década de 1970 se ha desarrollado y perfeccionado un método que permite una prospección térmica sin incurrir en grandes operaciones de excavación para detectar la presencia de restos arqueológicos. Esta tecnología se basa en el uso de una cámara térmica que sobrevuela el área de estudio y la medición de las propiedades térmicas de los materiales en el subsuelo.
También, sin duda la necesidad de preservar el patrimonio, se le preguntó sobre la posibilidad de desarrollar esta tecnología para facilitar las operaciones de excavación y reducir los costes.
En espera de respuesta por parte del Ministerio de Cultura y Comunicación".
La inmensa mayoría de los retrasos en la ejecución de los trabajos públicos o privados no son imputables a la arqueología preventiva, como bien saben los arqueólogos de terreno. ¿Cuántas veces no han acabado los trabajos y las obras ni siquieran comienzan? Se trata en todo caso de hacer caer sobre la arqueología la responsabilidad del retraso y de los costes.
Al mismo tiempo se pretende la quimera de ver sin excavar, la inocente utopía de que se podrían acelerar los disgnósticos o, incluso "sin incurrir en grandes operaciones de excavación" cuando es sabido que la identificación de los restos no representa la mayor parte del tiempo que se dedica a la documentación de los mismos.
Puestos a eso, ¿por qué no propone el señor senador que sea abrogada la
ley de arqueología preventiva? Sin ley, ningún gasto ocasionado por el
patrimonio de todos, por que todos hemos querido que se conserve, lo que
se ha traducido en disposiciones legislativas con la finalidad de
protegerlo.
Por último, hay que destacar la confianza en el "gadget" tecnológico caro que podría privar, en definitiva, de... pagar el salario de los arqueólogos y de sus trabajos de investigación, cual bálsamo de fierabrás, que terminaría con todos los gastos relacionados con el patrimonio arqueológico.
Esta enfermedad es vieja, pero hace tiempo que no se sostiene. Algunos creyeron posible algo así y el tiempo ha demostrado que en absoluto. Reproducimos parcialmente un texto en el que denunciamos recientemente este pecado de juventud de la arqueología y su tortuosa relación con los SIG que constituye la introducción al libro Henri Galinié, Ciudad, espacio urbano y arqueología. La fábrica urbana, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2012. Edición e introducción a cargo de Ricardo González Villaescusa (páginas 15-16).
"Tan mesiánicos nos convertimos que osamos ser profetas. Nuestro tercer y último pecado es el de la profecía. A finales de los 80 y principios de los 90, coincidiendo con el final de lo que podríamos denominar la época dorada de la arqueología urbana, la pretensión de compaginar el desarrollo económico y social con el descubrimiento y puesta en valor del patrimonio exigió de los arqueólogos la capacidad de responder a una pregunta que es, a todas luces, imposible contestar: ¿qué hay en el subsuelo antes de excavar? Consecuencia de otra pregunta más prosaica ¿Cuánto va a costar (en tiempo, en dinero) liberar al suelo de esa carga? Ante la presión y la lógica, por necesaria, autojustificación pragmática de nuestra actividad, confundimos dos niveles diferentes de respuesta. Un nivel, fruto de la investigación fundamental, que nos permite modelizar, restituir la realidad fragmentaria, proponer modelos explicativos de la fábrica urbana que nos permite comprender la ciudad del pasado. Y otro, de la investigación aplicada, de ayuda a la gestión de la ciudad actual a través de la compilación de las diferentes fuentes que conciernen a la misma y cuyo tratamiento sistemático ahorraría sorpresas innecesarias en la gestión cotidiana de nuestra acción social contemporánea sobre el espacio urbano. Era el filón necesario para los arqueólogos, surgidos de las carreras de letras, inútiles en términos de una orientación a la resolución de problemas sociales inmediatos con aplicación tecnológica y de rápidos réditos económicos, para encontrar empleo, la grave consecuencia de la democratización y acceso a la formación de las clases medias en la segunda mitad del siglo XX. Lo que con toda seguridad es incierto es que podamos prever y erradicar los problemas derivados de una sensibilización social, la documentación, puesta en valor y protección del patrimonio, convertida en una ley de obligado cumplimiento por una decisión política de nuestra sociedad.
Nos olvidamos de que esa misma decisión colectiva de nuestra sociedad ha diseccionado con precisión quirúrgica los fines de los medios, otorgando carta de naturaleza a la posición en la que muchos arqueólogos se encontraban a gusto. En España, privatizando el mercado de la intervención científica en el suelo hasta el punto en que la administración se diluye sin demandar mayor explicación sobre los resultados observados. En Francia con la modificación de la ley de arqueología preventiva de 2001 que despojó, escrito negro sobre blanco, el carácter de actividad científica a la arqueología preventiva, permitiendo a su vez, la entrada del sector privado en clara concurrencia con el INRAP*. La disparidad de modelos de gestión no es el problema de fondo porque los resultados no son tan diferentes, el problema principal (común a ambos modelos) radica en la separación entre las problemáticas científicas y las políticas patrimoniales, entre explicaciones y métodos, entre ciencia y técnica."
"Tan mesiánicos nos convertimos que osamos ser profetas. Nuestro tercer y último pecado es el de la profecía. A finales de los 80 y principios de los 90, coincidiendo con el final de lo que podríamos denominar la época dorada de la arqueología urbana, la pretensión de compaginar el desarrollo económico y social con el descubrimiento y puesta en valor del patrimonio exigió de los arqueólogos la capacidad de responder a una pregunta que es, a todas luces, imposible contestar: ¿qué hay en el subsuelo antes de excavar? Consecuencia de otra pregunta más prosaica ¿Cuánto va a costar (en tiempo, en dinero) liberar al suelo de esa carga? Ante la presión y la lógica, por necesaria, autojustificación pragmática de nuestra actividad, confundimos dos niveles diferentes de respuesta. Un nivel, fruto de la investigación fundamental, que nos permite modelizar, restituir la realidad fragmentaria, proponer modelos explicativos de la fábrica urbana que nos permite comprender la ciudad del pasado. Y otro, de la investigación aplicada, de ayuda a la gestión de la ciudad actual a través de la compilación de las diferentes fuentes que conciernen a la misma y cuyo tratamiento sistemático ahorraría sorpresas innecesarias en la gestión cotidiana de nuestra acción social contemporánea sobre el espacio urbano. Era el filón necesario para los arqueólogos, surgidos de las carreras de letras, inútiles en términos de una orientación a la resolución de problemas sociales inmediatos con aplicación tecnológica y de rápidos réditos económicos, para encontrar empleo, la grave consecuencia de la democratización y acceso a la formación de las clases medias en la segunda mitad del siglo XX. Lo que con toda seguridad es incierto es que podamos prever y erradicar los problemas derivados de una sensibilización social, la documentación, puesta en valor y protección del patrimonio, convertida en una ley de obligado cumplimiento por una decisión política de nuestra sociedad.
Nos olvidamos de que esa misma decisión colectiva de nuestra sociedad ha diseccionado con precisión quirúrgica los fines de los medios, otorgando carta de naturaleza a la posición en la que muchos arqueólogos se encontraban a gusto. En España, privatizando el mercado de la intervención científica en el suelo hasta el punto en que la administración se diluye sin demandar mayor explicación sobre los resultados observados. En Francia con la modificación de la ley de arqueología preventiva de 2001 que despojó, escrito negro sobre blanco, el carácter de actividad científica a la arqueología preventiva, permitiendo a su vez, la entrada del sector privado en clara concurrencia con el INRAP*. La disparidad de modelos de gestión no es el problema de fondo porque los resultados no son tan diferentes, el problema principal (común a ambos modelos) radica en la separación entre las problemáticas científicas y las políticas patrimoniales, entre explicaciones y métodos, entre ciencia y técnica."
La aducida responsabilidad de la arqueología que, en definitiva, no es otra que la de los arqueólogos. Las barbas de los sismólogos ya las hemos visto afeitar, ¡y de qué manera! Nadie condena al estado italiano por permitir la construcción en zonas sísmicas y de mala calidad frente a los riesgos sísmicos históricos, sin embargo siete expertos han sido condenados por despreciar el riesgo de terremoto en L’Aquila, bien diferente a la impunidad de bancos y Agencias de calificación que son, por el contrario, recompensados.
A este paso seremos responsables de ser los aguafiestas de pasados gloriosos y cualquier día nos culparán a los arqueólogos por el pasado de la humanidad, que es bien poco romántico.
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