Josep Vicent Lerma
Ricardo González Villaescusa
Levante-EMV, 15 de junio de 2005
Aún con la tinta fresca, en estas mismas páginas se daba cuenta del bárbaro expolio a golpes de pico del excepcional yacimiento paleolítico de la Cova de Bolomor de Tavernes de la Valldigna (Levante-EMV, 20, 21 y 22-09-05), del que procede, nada menos, que el resto antropológico conocido más antiguo de las tierras valencianas, un molar de neanderthal, datado hace más de cien mil años, así como antiquísimos testimonios del primer uso del fuego (250.000 años B.P.) por parte de nuestros lejanos antecesores. Acontecimiento que ha venido a poner en evidencia de nuevo y por enésima vez la precariedad y la indefensión en la que está postrado el patrimonio arqueológico de todos los valencianos ante el pillaje de bandas de asaltantes que abastecen a sus anchas, por iniciativa propia o por encargo, el comercio clandestino y el coleccionismo ilícito de antigüedades, como el presuntamente ilustrado por el Conde de Faura (Levante-EMV, 15-09-03).
La destroza de la cueva de Bolomor, considerada como la Atapuerca valenciana, es la gota que colma el vaso del actual escenario de desvalimiento de nuestro excepcional legado prehistórico, puesto en valor desde los años veinte del pasado siglo por el Servicio de Investigación Prehistórica (SIP) de la diputación de Valencia, fundado por Isidro Ballester Tormo y regido con posterioridad por los recordados maestros de arqueólogos D. Fletcher y E. Pla. Así pues, no puede considerarse este aciago suceso como un hecho ocasional ni mucho menos único, a pesar del amago de desvío de atención -con el esperemos interino silencio de la Sección de Arqueología del CDL de Valencia- por parte del Director General de Patrimonio Artístico de turno, el cirujano Muñoz Ibáñez, quien, observando los toros desde la barrera de la avenida de Campanar, sin ningún rubor, ha dado un preciso capotazo leguleyo hacia la preceptiva vigilancia de la Guardia Civil, y obviando sin complejos que todo el resto de competencias patrimoniales son de celosa incumbencia autonómica. Ámbito administrativo al que compete por cierto el adecuado vallado y la suficiente protección de todo tipo de cuevas, abrigos y asentamientos históricos. Olvidando la desprotección a la que están sometidos otros yacimientos igualmente de la Safor como la Cova de les Meravelles, Rates Penaes, Barranc Blanc, Penya Roja, Cova dels Llops, Cova Negra y Capurri, expuestos a impunes latrocinios por falta de metódica planificación de su control y de su seguridad, denunciada en el 2003 hasta por el arqueólogo de la RACV, J. Aparicio, sin que le hayan hecho ni caso.
Capítulo en el que en los últimos años han proliferado impunemente, sin freno constatable desde la administraciones concernidas, las destrucciones de yacimientos tan emblemáticos como el poblado ibérico de El Oral (San Fulgencio), esta vez sí denostada por los profesores del Área de Arqueología de la Universidad de Alicante el 17 de febrero de 2004; la extraordinaria aldea neolítica de Piles, víctima de la fiebre inmobiliaria en junio de 2004 o el mítico enclave neolítico mediterráneo de la Cova de l'Or (Beniarrés) (Levante-EMV, 25-06-05); así como también el expolio de los restos sumergidos del Grau Vell de Sagunto (2002), el irredento robo de un capitel romano en la calle Tapinería de Valencia (2003) o las actuales amenazas urbanísticas sobre el enclave de arte rupestre de La Sarga de Xixona, declarado Patrimonio de la Humanidad, sin que haya trascendido apenas, no ya la detención de los autores materiales de estos irreparables desmanes, sino la mera imposición de multas o sanciones administrativas disuasorias contempladas en la Ley 4/98 (LPCV) a las personas físicas o jurídicas implicadas en tales tropelías empobrecedoras de nuestro irremplazable acervo cultural.
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