Isabel Escudero
Ricardo González Villaescusa
Levante-EMV, Territorio y Vivienda, 16 de noviembre de 2003Ricardo González Villaescusa
El Foro Social Europeo celebrado esta semana en Saint-Denis, París, suscita entre políticos y arqueólogos reacciones chocantes pues podemos apreciar evoluciones convergentes en la arqueología y en la sociedad civil francesa y española a partir de orígenes y protagonistas bien distintos.
La arqueología preventiva en Francia, de urgencia entre nosotros (cosas de la semántica...), frente a la actividad científica programada, aparece por los años 70 y 80, coincidiendo con la transición (1975-1982). Esta situación provocó en la Comunidad Valenciana un funcionamiento de facto de la arqueología de urgencia sin marco legal específico entre 1979 (elecciones municipales) y 1985 (ley 16/1985) y sin marco comunitario hasta 1998 (ley 4/1998). Y esa situación de hecho derivó a principios de los 90 en una financiación privada, necesaria y contemplada en la Carta de la Convención de Malta. Pero, desposeída de soporte legal, derivó a una arqueología a remolque de dinámicas urbanísticas y especulativas que le eran ajenas. Aunque por aquel entonces manifestábamos estar de acuerdo con esa financiación, había que entender esa anuencia en un marco legal y prever sus consecuencias lógicas, impidiendo una dejación del control público de la producción científica derivada de las excavaciones.
Pero la ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano en su artículo 62.2 afirma precisamente que las actuaciones arqueológicas o paleontológicas serán: “... a cargo del promotor de las obras”. El efecto perverso previsible de una medida progresista “quien destruye patrimonio paga”, (no olvidemos que el patrimonio no es renovable), se ha convertido en “quien destruye gestiona” o “quien paga manda”. En la práctica, se ha producido una sustitución de un modelo de gestión y financiación pública (con sus defectos) por un modelo de financiación privada bajo la influencia de las leyes del mercado y una ausencia efectiva de controles (sin virtudes científicas).
En la Comunidad Valenciana, vista con interés por los fenómenos de globalización porque las PYMES representan un 99,89% de las empresas y las microempresas un 95,5%, la profesión de arqueólogo toma conciencia como profesional liberal y autónomo y no, como ocurre en Francia, como trabajadores por cuenta ajena que han protagonizado entre 1999 y 2001 la consecución de logros sociales de amplio alcance. El gobierno de L. Jospin aceptó emprender una importante labor legislativa sobre la arqueología preventiva que, finalmente, es reconocida legalmente como una labor de servicio público permanente, científicamente realizada en nombre del Estado (por un establecimiento público y por personal de derecho público) y para la sociedad, financiada por un canon fiscal, una arqueotasa, pagado por los promotores privados y públicos.
Esta evolución divergente explica que la mayor defensa del patrimonio como valor social ha sido protagonizada fundamentalmente por la sociedad civil valenciana y no sólo por los arqueólogos. Los actores sociales reunidos bajo la forma de plataformas, los SALVEM…, que han reaccionado contra una actividad urbanística depredadora y legitimada por una avalancha de chantajes economicistas. Los Salvem... han acudido a argumentos de carácter patrimonial de un nivel superior, el paisaje rural o urbano como Patrimonio: la Huerta, el Cabanyal, La Punta...
Se hace imprescindible, pues, que la comunidad científica y los actores sociales creen nuevos procedimientos de debate científico y social que permita a los agentes sociales decidir con conocimiento de consecuencia (no de causa) sobre su futuro, sobre la gestión de su espacio, sobre la dinámica de sus territorios y de sus ciudades.
La arqueología preventiva en Francia, de urgencia entre nosotros (cosas de la semántica...), frente a la actividad científica programada, aparece por los años 70 y 80, coincidiendo con la transición (1975-1982). Esta situación provocó en la Comunidad Valenciana un funcionamiento de facto de la arqueología de urgencia sin marco legal específico entre 1979 (elecciones municipales) y 1985 (ley 16/1985) y sin marco comunitario hasta 1998 (ley 4/1998). Y esa situación de hecho derivó a principios de los 90 en una financiación privada, necesaria y contemplada en la Carta de la Convención de Malta. Pero, desposeída de soporte legal, derivó a una arqueología a remolque de dinámicas urbanísticas y especulativas que le eran ajenas. Aunque por aquel entonces manifestábamos estar de acuerdo con esa financiación, había que entender esa anuencia en un marco legal y prever sus consecuencias lógicas, impidiendo una dejación del control público de la producción científica derivada de las excavaciones.
Pero la ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano en su artículo 62.2 afirma precisamente que las actuaciones arqueológicas o paleontológicas serán: “... a cargo del promotor de las obras”. El efecto perverso previsible de una medida progresista “quien destruye patrimonio paga”, (no olvidemos que el patrimonio no es renovable), se ha convertido en “quien destruye gestiona” o “quien paga manda”. En la práctica, se ha producido una sustitución de un modelo de gestión y financiación pública (con sus defectos) por un modelo de financiación privada bajo la influencia de las leyes del mercado y una ausencia efectiva de controles (sin virtudes científicas).
En la Comunidad Valenciana, vista con interés por los fenómenos de globalización porque las PYMES representan un 99,89% de las empresas y las microempresas un 95,5%, la profesión de arqueólogo toma conciencia como profesional liberal y autónomo y no, como ocurre en Francia, como trabajadores por cuenta ajena que han protagonizado entre 1999 y 2001 la consecución de logros sociales de amplio alcance. El gobierno de L. Jospin aceptó emprender una importante labor legislativa sobre la arqueología preventiva que, finalmente, es reconocida legalmente como una labor de servicio público permanente, científicamente realizada en nombre del Estado (por un establecimiento público y por personal de derecho público) y para la sociedad, financiada por un canon fiscal, una arqueotasa, pagado por los promotores privados y públicos.
Esta evolución divergente explica que la mayor defensa del patrimonio como valor social ha sido protagonizada fundamentalmente por la sociedad civil valenciana y no sólo por los arqueólogos. Los actores sociales reunidos bajo la forma de plataformas, los SALVEM…, que han reaccionado contra una actividad urbanística depredadora y legitimada por una avalancha de chantajes economicistas. Los Salvem... han acudido a argumentos de carácter patrimonial de un nivel superior, el paisaje rural o urbano como Patrimonio: la Huerta, el Cabanyal, La Punta...
Se hace imprescindible, pues, que la comunidad científica y los actores sociales creen nuevos procedimientos de debate científico y social que permita a los agentes sociales decidir con conocimiento de consecuencia (no de causa) sobre su futuro, sobre la gestión de su espacio, sobre la dinámica de sus territorios y de sus ciudades.
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