Ricardo González Villaescusa
Josep Vicent Lerma
Levante-EMV, 14 de enero de 2010
La convocatoria del I Congreso Modelos de Gestión del Patrimonio Arqueológico en el siglo XXI, organizado por la nominal jefe del Servicio de Patrimonio Arqueológico de la conselleria del ramo, Consuelo Matamoros, con la intención confesa de cotejar las ópticas de los distintos operadores implicados en la gerencia del patrimonio arqueológico, tales como las administraciones en sus distintos niveles, empresas públicas y privadas (sic), obvia desde el principio a los departamentos universitarios y a los arqueólogos profesionales liberales.
Evento que debiera ser saludado, de entrada, como una meritoria iniciativa cultural en este segmento específico del patrimonio cultural, si no fuera por la falta crónica de desarrollo reglamentario de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (Ley 4/98) y sus posteriores modificaciones, leyes 7/2004 y 5/2007. Produce perplejidad si nos atenemos a la inédita hoja de servicios en esta materia, manifestada hasta ahora por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano.
En este orden de cosas, no está de más recordar como esta "rara avis" congresual sobre los entresijos gerenciales de la actual arqueología valenciana, no deja de contar con el precedente de las Jornadas de l'Alfàs del Pi de 1994, en las que, bajo los auspicios de la arqueóloga Rosa Enguix, se trazaron las líneas maestras de nuestra arqueología de entonces, con aportaciones sobre la irrupción de la figura del arqueólogo "profesional" o las más recientes (2008) jornadas organizadas por la Sección de Arqueología del C.D.L., tituladas "Las relaciones institucionales y sociales de la Arqueología en la Comunidad Valenciana. Tiempo de soluciones". Reunión que puso de manifiesto no sólo limitaciones materiales tales como la ausencia de convenio colectivo de los arqueólogos vernáculos, sometidos al del sector del ladrillo, sino también la proliferación de mercantiles arqueológicas como Arpa Patrimonio, Arx o Semar, S. L., en el día a día de las excavaciones de urgencia.
Asimismo, la programación diseñada para este nuevo simposio apuesta implícitamente por un modelo de sufragio pecuniario privado y tramitación gubernativa, de corte neoliberal, soslayando la existencia de otros modelos basados claramente en la apuesta por el servicio público como el operador francés INRAP, que se ocupa de los trabajos arqueológicos de emergencia, mientras que la calidad científica de los mismos, la fiscalización y redistribución de la tasa arqueológica es asegurada por la propia administración.
Así, en consonancia con el pensamiento "débil" post-moderno denunciado por Alan Sokal, en ausencia de métodos eficaces aplicados a la corriente burocracia de oficio y donde prima el "todo vale", encuentran precisamente su interés la administración; las promotoras y las S.L. arqueológicas, a las que nada se reclama si en una prospección se ha pasado por encima de un yacimiento que nadie vio.
A modo de corolario y de acuerdo con el aforismo de que "lo que no son pesetas, son puñetas", los márgenes auténticos del modelo de papeleo actual y de la inexistente planificación arqueológica de la Conselleria de Cultura quedan desvelados por la realidad de las anoréxicas consignaciones presupuestarias de la Generalitat Valenciana para la recuperación del patrimonio histórico, que a modo de ejemplo en el ejercicio del año 2005 apenas incorporaba 95.000 caquécticos euros destinados a financiar intervenciones arqueológicas (Código línea T1617000). Cifra inicua si se compara con el millón de euros invertidos por la empresa municipal AUMSA en una sola excavación, la del célebre, por un día, parking de la calle Ruaya (Levante-EMV, 16-06-08 y 17-07-08).
Por todo ello, parece inevitable tener en cuenta las nuevas realidades profesional y de financiación de la arqueología, consolidadas al albur de la legislación vigente. El modelo de cotización económica privada imperante puede ser discutible, pero no es ni bueno ni malo en sí mismo, siempre y cuando no se pierda de vista que el promotor no puede ser garante de la calidad de los trabajos arqueológicos. En la coyuntura actual los resultados científicos dependen de las leyes del mercado, y no de un Consejo Asesor; de los caudales de la promotora y no de la redistribución que debiera ejercer una administración en función de objetivos previamente definidos sobre qué tipo de conocimiento del pasado quiere obtenerse.
Por consiguiente, si estas anunciadas Jornadas pretenden ser algo más que un Copenhague patrimonial valenciano, las conclusiones de las mismas deberían dar respuesta a una serie de cuestiones capitales.
La convocatoria del I Congreso Modelos de Gestión del Patrimonio Arqueológico en el siglo XXI, organizado por la nominal jefe del Servicio de Patrimonio Arqueológico de la conselleria del ramo, Consuelo Matamoros, con la intención confesa de cotejar las ópticas de los distintos operadores implicados en la gerencia del patrimonio arqueológico, tales como las administraciones en sus distintos niveles, empresas públicas y privadas (sic), obvia desde el principio a los departamentos universitarios y a los arqueólogos profesionales liberales.
Evento que debiera ser saludado, de entrada, como una meritoria iniciativa cultural en este segmento específico del patrimonio cultural, si no fuera por la falta crónica de desarrollo reglamentario de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (Ley 4/98) y sus posteriores modificaciones, leyes 7/2004 y 5/2007. Produce perplejidad si nos atenemos a la inédita hoja de servicios en esta materia, manifestada hasta ahora por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano.
En este orden de cosas, no está de más recordar como esta "rara avis" congresual sobre los entresijos gerenciales de la actual arqueología valenciana, no deja de contar con el precedente de las Jornadas de l'Alfàs del Pi de 1994, en las que, bajo los auspicios de la arqueóloga Rosa Enguix, se trazaron las líneas maestras de nuestra arqueología de entonces, con aportaciones sobre la irrupción de la figura del arqueólogo "profesional" o las más recientes (2008) jornadas organizadas por la Sección de Arqueología del C.D.L., tituladas "Las relaciones institucionales y sociales de la Arqueología en la Comunidad Valenciana. Tiempo de soluciones". Reunión que puso de manifiesto no sólo limitaciones materiales tales como la ausencia de convenio colectivo de los arqueólogos vernáculos, sometidos al del sector del ladrillo, sino también la proliferación de mercantiles arqueológicas como Arpa Patrimonio, Arx o Semar, S. L., en el día a día de las excavaciones de urgencia.
Asimismo, la programación diseñada para este nuevo simposio apuesta implícitamente por un modelo de sufragio pecuniario privado y tramitación gubernativa, de corte neoliberal, soslayando la existencia de otros modelos basados claramente en la apuesta por el servicio público como el operador francés INRAP, que se ocupa de los trabajos arqueológicos de emergencia, mientras que la calidad científica de los mismos, la fiscalización y redistribución de la tasa arqueológica es asegurada por la propia administración.
Así, en consonancia con el pensamiento "débil" post-moderno denunciado por Alan Sokal, en ausencia de métodos eficaces aplicados a la corriente burocracia de oficio y donde prima el "todo vale", encuentran precisamente su interés la administración; las promotoras y las S.L. arqueológicas, a las que nada se reclama si en una prospección se ha pasado por encima de un yacimiento que nadie vio.
A modo de corolario y de acuerdo con el aforismo de que "lo que no son pesetas, son puñetas", los márgenes auténticos del modelo de papeleo actual y de la inexistente planificación arqueológica de la Conselleria de Cultura quedan desvelados por la realidad de las anoréxicas consignaciones presupuestarias de la Generalitat Valenciana para la recuperación del patrimonio histórico, que a modo de ejemplo en el ejercicio del año 2005 apenas incorporaba 95.000 caquécticos euros destinados a financiar intervenciones arqueológicas (Código línea T1617000). Cifra inicua si se compara con el millón de euros invertidos por la empresa municipal AUMSA en una sola excavación, la del célebre, por un día, parking de la calle Ruaya (Levante-EMV, 16-06-08 y 17-07-08).
Por todo ello, parece inevitable tener en cuenta las nuevas realidades profesional y de financiación de la arqueología, consolidadas al albur de la legislación vigente. El modelo de cotización económica privada imperante puede ser discutible, pero no es ni bueno ni malo en sí mismo, siempre y cuando no se pierda de vista que el promotor no puede ser garante de la calidad de los trabajos arqueológicos. En la coyuntura actual los resultados científicos dependen de las leyes del mercado, y no de un Consejo Asesor; de los caudales de la promotora y no de la redistribución que debiera ejercer una administración en función de objetivos previamente definidos sobre qué tipo de conocimiento del pasado quiere obtenerse.
Por consiguiente, si estas anunciadas Jornadas pretenden ser algo más que un Copenhague patrimonial valenciano, las conclusiones de las mismas deberían dar respuesta a una serie de cuestiones capitales.
Ontológicas: ¿Cuál es la realidad objetiva a la que debe atender la Gestión de la Arqueología? ¿Cuál es la función de ésta en la investigación, en la prevención frente a posibles destrucciones, en la definición, protección y acrecentamiento del patrimonio cultural?
Epistemológicas: Relativas a cómo se obtiene conocimiento útil para poder administrar el legado arqueológico en condiciones de eficiencia, esto es estrategias y protocolos normalizados.
Sobre la sociología del conocimiento: ¿Qué clase de conocimientos deben incrementarse, qué partes del territorio merecen un mayor análisis, qué periodos cronológicos deben ser objeto de una incentivación?
Ética y compromiso social: ¿Qué tipos de investigación debe incentivar la sociedad valenciana y sus organismos representativos, subvencionar o financiar con fondos públicos o dejar a la iniciativa privada?
Damos cabida como comentario a la velada respuesta de la Directora General de Patrimonio Cultural Valenciano a nuestro artículo “Un Copenhague valenciano en la gestión arqueológica”, publicada en Levante-EMV el 23 de enero.
ResponderEliminar"Compromiso con el patrimonio arqueológico valenciano
Paz Olmos Peris
Durante los días 13 a 15 de este mismo mes, y organizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, tuvo lugar en Valencia el I Congreso sobre Modelos de Gestión del Patrimonio Arqueológico en el siglo XXI. La cita, que reunió a un buen número de técnicos y responsables políticos de las 17 comunidades autónomas, junto a otros gestores públicos y actores de la iniciativa privada, adquiere su verdadera magnitud si valoramos el hilo conductor que ha planeado sobre la misma, y que no es otro que la ratificación del interés que el patrimonio arqueológico suscita entre una ciudadanía cada vez más sensibilizada hacia unos referentes que los siente y valora como propios. Desde esta premisa, la celebración de este congreso, primero de este nivel en lo que llevamos de siglo, puede considerarse ya como un acierto en sí mismo, algo que sitúa a la Comunitat Valenciana en un muy digno lugar dentro de la arqueología española.
El congreso ha evidenciado, y así lo han constatado todos los participantes, la creciente importancia de la «arqueología preventiva», es decir, todas las medidas y actuaciones que, partiendo de una noción del patrimonio sostenible y abierto a la sociedad, se vienen aplicando para lograr tanto una preservación y conservación rigurosa del mismo, como una puesta en valor amena y participativa de sus bienes y parajes. Así, se ha puesto de manifiesto una vez más no sólo la actuación de oficio de las instituciones locales, sobresaliendo, lógicamente, la Generalitat, a la hora de promover un umbral de protección jurídica y un desarrollo normativo lo suficientemente vinculante y poderoso como para llevar a cabo ese objetivo. Baste decir que a lo largo de los últimos años se ha producido un avance sustancial en ciertos aspectos desarrollados por la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, como puedan serlo la obligatoriedad de presentar informes patrimoniales en los estudios de impacto medioambiental antes de acometer cualquier obra, ya sea pública o privada; el establecimiento de entornos mínimos de protección a los bienes de interés cultural (BIC) hasta que no se formalice su completa definición; el impulso a nuestras bases de datos, con ya más de cinco mil yacimientos perfectamente inventariados y localizados, así como la obligatoriedad con la que los ayuntamientos deben adaptar sus catálogos patrimoniales de acuerdo con la referida ley. Esta protección jurídica llevada a efecto por esta dirección general se ha evidenciado en casos tan notorios como los hallazgos de las villas romanas aparecidas en l´Énova con motivo de las obras del AVE, revalorizadas y fortalecidas en su protección, o en el yacimiento neolítico del Prat de Cabanes, un enclave especialmente sensible que se ha descubierto con motivo de las actuaciones de urbanización de un complejo turístico, por citar sólo algunos ejemplos.
(Sigue)
En el congreso ha habido tiempo para aunar criterios, compartir experiencias, acordar acciones conjuntas y comprometerse a nuevos retos, uno de los cuales, la necesaria agilización de los trámites, ha cobrado especial relevancia. Han sido unos días, en mi opinión, en que se ha trabajado intensamente y en los que se ha depositado una gran carga de ilusión y profesionalidad al constatar, una vez más, que los tiempos cambian, cada vez con mayor celeridad y efectos, y con ellos, como es lógico, la arqueología, la cual. como ámbito profesional, de investigación y motor económico. está llamada a situarse en un lugar de preferencia respecto a su relación con la sociedad. Una relación que ésta ya no la contempla, por fortuna, como una actividad obsoleta de gabinete decimonónico, ni como parte del interés de un cenáculo de académicos, sino como una herramienta de interacción social, económica y cultural abierta a todos (expertos, docentes, poderes públicos y ciudadanía) y de la que tantas cosas positivas hemos aún de esperar.
ResponderEliminarDe todo ello se ha hablado durante unos días cuyo agradable recuerdo, en lo profesional pero también en lo personal, refuerza nuestro ánimo por seguir trabajando. Ése es el ideario que mueve a esta dirección general, un organismo de servicio público cuya acción puede lograr tanto éxitos, y no hay mejor éxito que el trabajo continuado, como incurrir en algún que otro error, algo de lo que, por descontado, nadie puede dudar que se pueda dar. Si bien tampoco nadie puede dudar, a la vista de un análisis medianamente objetivo, ni de la profesionalidad de nuestros arqueólogos y expertos ni, y ya en términos generales, de la actitud de firme compromiso que venimos manteniendo con el patrimonio arqueológico valenciano.
Directora general de Patrimonio Cultural Valenciano"