¿QUÉ ARQUEOLOGÍA? ¿QUÉ PATRIMONIO?

Ricardo González Villaescusa

El Mundo, 20 de abril de 2004

Durante los próximos cuatro meses una villa romana descubierta en l'Enova va a ser excavada y recuperada como obliga la ley.

Deberíamos felicitarnos como lo hacen las autocomplacientes declaraciones de un Director General de Patrimonio Valenciano, David Serra, satisfecho por el "éxito" aunque, todo indica que con esas declaraciones se enmascara algo, como aquellas presas que corren en una dirección para que no se descubra a sus crías en la opuesta.

No es cuestión de entrar demasiado en subrayar el hecho de que los restos arqueológicos se valoren exclusivamente a la luz del poder que los creó: "una villa romana perteneciente a un noble patricio", un noble que aposentó sus reales en unas termas (baños, saunas) privadas, que mandó construir un templo privado con escultura, y las inscripciones sepulcrales de fino mármol de sus libertos (antiguos esclavos liberados por el señor que seguían bajo la potestas de su amo).

Hay restos más humildes en su manifestación artística y arqueológica que no son objeto de atención, recuperación, conservación y que se pierden todos los días. Incluidos, lamentablemente, los que se ha perdido o perderán, o los olvidados refugios antiaéreos de la guerra civil sobre los cuales caminamos ignorantes de su existencia y de que no existen medidas de protección y valoración de un período reciente.

Tampoco es el momento de entrar, más allá de formular el deseo, de que el registro arqueológico generado por los técnicos debe servir para algo más que para una práctica delicuescente de la arqueología, para acumular un punto más en el inventario de las villas romanas o para producir un muestrario de dibujos técnicos de los muros y piedras que dieron cobijo a sus moradores y las manifestaciones ostentosas de sus conspicuos dueños.

Estoy seguro de que los técnicos habrán habilitado y diseñado las estrategias y métodos adecuados que sirvan para generar conocimiento histórico útil sobre el período cronológico que abarca.

Entre tanto, una buena práctica de protección patrimonial debería formar parte de eso que allende los Pirineos se llama arqueología preventiva y no de urgencia (¿qué es lo que urge?) o salvamento como se pretende por estos pagos. De la información periodística se deduce que, a pesar de que algunos de los restos puestos en valor ahora se conocían desde antiguo, la importante villa se ha descubierto tarde, cuando el trazado del AVE de Cascos ya era un hecho y no puede ser corregido, como se deduce de las declaraciones a la prensa "(...) el proyecto del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias supervisado y tutelado por los técnicos de la Dirección General de Patrimonio, se ha modificado para salvar el yacimiento (...)" (El mundo, 6 de abril de 2004).

La salvaguarda del patrimonio va a costarnos dinero público a todos por conceptos que incluyen desde la propia modificación del proyecto, al consiguiente retraso de la ejecución y financiación de las obras. Tras la satisfacción y regocijo que transmiten las noticias hay fallos de grano grueso en el inventario del patrimonio, verdadera herramienta de trabajo para su protección, que, como dijo André Malraux, creador del Servicio del Inventario del país vecino, "no es el resultado de una enumeración sino de un filtrado, de una elección científica que hace visible la obra de arte y que la individualiza a pesar de conocerse múltiples ejemplares". Si la villa es tan importante, que lo es ¿cómo no han saltado antes, mucho antes, todas las alarmas de alerta que hubieran evitado gastar el dinero público que ahora tenemos que gastar para excavar y documentar lo que obliga la ley? Y ¿cómo es que se renuncia a su musealización y conservación? Al final de todo, tan importante villa va a ser condenada a servir de cimiento para los viajeros del AVE. ¿Alguien sabría explicarme cuál es, entonces, el éxito de la operación?

Mientras tanto, el conseller Esteban González Pons propone a las Cortes una modificación de la ley de Patrimonio Valenciano que pretende regular "bienes inmateriales de naturaleza tecnológica" (sic), lo que estrictamente podría regularse mediante un simple depósito legal. Señuelo que no tiene otro objetivo que "desregular" y desproteger Bienes de Interés Cultural (BIC) ya declarados y protegidos como es el Cabanyal, con una pretendida modernidad que actuaría de verdadera protección. Juegos especulares. Sin pensar por un solo momento que la auténtica modificación pertinente en materia de patrimonio debería conducir a que la arqueología preventiva se regulase por ley como provocaron los movimientos sociales de los arqueólogos franceses en 1998, durante el gobierno de L. Jospin y como se ha mantenido en las reuniones del Foro Social Europeo celebrado en París-Saint Denis en noviembre pasado. La preservación del patrimonio es una labor de servicio público, realizada científicamente en nombre del Estado y para la sociedad. La liberalización de estos servicios no conduce a una buena gestión.

En 1995 tuve la oportunidad de trabajar en el equipo de investigación de análisis de los paisajes que atravesaba el trazado del TGV (Tren de Alta Velocidad) entre Lyon y Montpellier. Mi equipo tenía como objetivo proporcionar un análisis predictivo de los eventuales "impactos" sobre el patrimonio a los arqueólogos del terreno que realizaban las prospecciones y diagnósticos de superficie de los yacimientos que eran afectados por la línea de alta velocidad. Todas las modificaciones sustanciales que se realizaron sobre el trazado del TGV por "culpa" de un yacimiento arqueológico se hicieron previamente, codo con codo con los ingenieros, al proceso de ejecución de la obra. Los resultados de esos trabajos pueden consultarse en los tres volúmenes publicados en 2002 con el título Archéologie du TGV Méditerranée (Arqueología del TGV Mediterráneo). ¿Para cuándo un volumen de arqueología del AVE Mediterráneo?