Levante-EMV, 19 de septiembre de 2006
Albert Ribera i Lacomba. Jornadas de Arqueología en Suelo Urbano. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca, 2004.
Concluida sin particular polémica la foto fija de la Arqueología Urbana de Valencia en cuanto a su desestructurado formato autonómico actual, analizado en estas mismas páginas en el artículo “Palos arqueológicos, zanahorias pompeyanas y jardín de las Hespérides” (Levante-EMV, 30-7-05) y en el encabezado prosaicamente como “La escasa protección del Patrimonio Arqueológico”, suscrito por Miquel Rosselló Mesquida, presidente de la Sección de Arqueología de Valencia y Castellón del Colegio de Doctores y Licenciados (CDL) (Levante-EMV, 17-04-06). Ya se sabe que quien calla, otorga. La política de las cosas parece empecinada en traslucir un poco ortodoxo trasvase competencial en materia arqueológica desde la conselleria titular, esto es la de Cultura, en beneficio espurio de la de Territorio y Vivienda.
Deriva susceptible de ser tildada como “Ivvsatitis” crónica, en tanto en cuanto este organismo vicario, otrora patroneado biliarmente por el ex mandatario halcón José Fermín Doménech, ha devenido “contra natura” el mayor operador arqueológico de la ciudad, bajo el lema publicitario de chicha y nabo “el IVVSA hace arqueología”, a modo de mimético clon, más allá de su específico objeto social, en demérito de las tradicionales instituciones arqueológicas de corte patrimonialista, ahora orilladas, como prueba la “macroexcavación arqueológica en Velluters” planificada y desarrollada sobre 6.500 metros cuadrados de esta histórica barriada, cuyo coste estimado se sitúa en torno a más de los ciento ocho millones de las antiguas pesetas, tal como reseñaba Laura Ballester en su precisa crónica “Operación Arqueología en Velluters” (Levante-EMV, 18-7-05).
Dotación presupuestaria que podría quintuplicar con creces la del recurrente convenio que para excavaciones arqueológicas en Ciutat Vella todavía mantienen paradójicamente vigente las administraciones autonómica y local.
Por consiguiente, números mandan, se constata fehacientemente la nueva jerarquización de los agentes arqueológicos de la urbe, con sus respectivos círculos de influencia sociológica, de acuerdo con una nítida nueva prelación, que prima la legítima función urbanizadora frente a la subalterna elaboración científica de constructos culturales e históricos colectivos.
En este mismo orden de cosas, sostiene sin paños calientes Ignacio Rodríguez Temiño en su obra recopilatoria “Arqueología urbana en España” (2004), que con la promulgación de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) (Ley 4/98) literalmente “se dan por concluidos cincuenta años de gestión municipal de la arqueología urbana valenciana”.
Escenario en el que ogaño, con la salvedad en curso de la racionalista plaza pública del solar de la Almoina de los arquitectos José Miguel Rueda y José Mª Herrera, émula de la histórica “tortada” escalonada de Javier Goerlich sobre el demolido convento de San Francisco, escasean cada vez más las musealizaciones de vetustas ruinas, como testimonia la supresión de “las estructuras de los siguientes espacios: sala fría, tibia, caliente, vestíbulo, el cuarto del horno y una noria de hormigón de cal...” de los célebres Baños d'En Sanou del siglo XIV, y la carestía de departamentos arqueológicos intermedios capaces de reelaborar intelectualmente la ingente materia prima extraída por los arqueólogos profesionales, similares al Centro de Arqueología Urbana de Tours o al del Museum of London, acreditada de un modo clarividente en el artículo de Albert Ribera titulado “La investigación científica y la ¿gestión? del patrimonio arqueológico urbano en Valencia (y otros lugares también dejados de la mano de Dios)” (sic), publicado en las Jornadas de Arqueología en Suelo Urbano (Huesca, 2004). Por desdicha, aún siguen haciendo posible parafrasear parabólicamente entre interrogantes el viejo aforismo latino de Marco Porcio Catón: ¿Delenda est Valentia?.
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