Ricardo González Villaescusa
Josep Vicent Lerma
En los recientes posicionamientos del primer edil alicantino relativos a los supuestos excesos arqueológicos en el área de la Albufereta, se sostenía, para pasmo de la ciudadanía y sin rubor la existencia de un «dominio arqueológico» fuera del ámbito competencial del alcalde y los concejales, superando con creces la clásica división de poderes de Montesquieu. Palabras que suscitan nuestra atención reflexiva sobre la preocupante realidad del patrimonio arqueológico urbano de Alicante, donde proliferan equipos de arqueólogos autónomos y el quebranto de la unidad de archivo documental es la norma.
Con todo, esta situación de arqueología tolerada o soportada por los prohombres de la antigua Lucentum, en realidad no constituye ninguna novedad, tal como daba testimonio el amarilleante artículo de José Ramón Giner titulado Arqueólogos (El País, 20-04-99) en el que se confesaba amargamente que «en un momento de flaqueza y pensando en poner remedio a errores pasados, creamos la figura del arqueólogo municipal».
Ya en el año 2001, uno de nosotros constataba con ocasión de la I Universidad de Verano sobre Patrimonio organizada por el Forum Unesco, en una ponencia titulada Arqueología de los centros históricos: de la más absoluta miseria a la nada (1995-2001): «En cuanto a las peripecias del legado histórico de la ciudad de Alicante, propagado por la revista "LQNT", el recurso en 1999 a la controvertida figura del acto presunto permitió a las promotoras conseguir permisos para edificar escuetamente por silencio administrativo incluso en zonas de gran interés arqueológico como la Condomina, ante el bloqueo en la redacción de un nuevo Plan Especial de Zonas Arqueológicas diseñado para revisar restrictivamente las extensiones de las anteriores cinco áreas de protección del relevado decreto de 1987. Improcedente paralización motivadora de las advertencias por parte de la Universidad local en el sentido de que "no habrá mucho que proteger" cuando Alicante pueda tener plan arqueológico en vigor».
Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol de estas tierras valencianas, a pesar del éxito ciudadano en sede judicial contra la construcción de un auditorio en el entorno protegido de las laderas del monte Benacantil y del retorno a su plaza de técnico municipal del arqueólogo Pablo Rosser tras su agitado paso por la política activa.
Para mayor abundamiento, la prensa valenciana revelaba el pasado mes de febrero las tensiones suscitadas por la propuesta del área de Conservación, Patrimonio Histórico y Artístico Municipal (Cophiam), bajo la dirección del susodicho funcionario, para la protección del patrimonio industrial representado por los antiguos depósitos de Campsa del Tossal, lo que motivó expresiones del concejal de cultura Pedro Romero, de similar sal gruesa a las anteriormente mencionadas de la primera autoridad local, en las que se espetaba: «Eso no es una petición, porque eso se hace cuarenta años antes, no quince días después de saber que va a pasar por aquí o por allá el tranvía». Simplemente conmovedor.
Por consiguiente, y a modo de corolario, tales encontronazos dialécticos traslucen un imposible conflicto entre políticos y funcionarios en el que aquéllos si encuentran informes desfavorables para alcanzar sus fines no actúan modificando aquellos aspectos que contradigan los informes, sino que modifican la norma, invirtiendo, así, el concepto de tolerancia de Locke. De esta forma, la eficiencia de las administraciones brilla por su ausencia y la arqueología urbana parece no regirse con normalidad siquiera por las directrices emanadas de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (Ley 4/98), amenazada ahora de nuevas modificaciones conservadoras, sino por la condescendencia de los próceres con mando en plaza, que hacen suyo el viejo aforismo de Paul Valéry: «Tolerancia ¡hay casas para eso!».
Con todo, esta situación de arqueología tolerada o soportada por los prohombres de la antigua Lucentum, en realidad no constituye ninguna novedad, tal como daba testimonio el amarilleante artículo de José Ramón Giner titulado Arqueólogos (El País, 20-04-99) en el que se confesaba amargamente que «en un momento de flaqueza y pensando en poner remedio a errores pasados, creamos la figura del arqueólogo municipal».
Ya en el año 2001, uno de nosotros constataba con ocasión de la I Universidad de Verano sobre Patrimonio organizada por el Forum Unesco, en una ponencia titulada Arqueología de los centros históricos: de la más absoluta miseria a la nada (1995-2001): «En cuanto a las peripecias del legado histórico de la ciudad de Alicante, propagado por la revista "LQNT", el recurso en 1999 a la controvertida figura del acto presunto permitió a las promotoras conseguir permisos para edificar escuetamente por silencio administrativo incluso en zonas de gran interés arqueológico como la Condomina, ante el bloqueo en la redacción de un nuevo Plan Especial de Zonas Arqueológicas diseñado para revisar restrictivamente las extensiones de las anteriores cinco áreas de protección del relevado decreto de 1987. Improcedente paralización motivadora de las advertencias por parte de la Universidad local en el sentido de que "no habrá mucho que proteger" cuando Alicante pueda tener plan arqueológico en vigor».
Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol de estas tierras valencianas, a pesar del éxito ciudadano en sede judicial contra la construcción de un auditorio en el entorno protegido de las laderas del monte Benacantil y del retorno a su plaza de técnico municipal del arqueólogo Pablo Rosser tras su agitado paso por la política activa.
Para mayor abundamiento, la prensa valenciana revelaba el pasado mes de febrero las tensiones suscitadas por la propuesta del área de Conservación, Patrimonio Histórico y Artístico Municipal (Cophiam), bajo la dirección del susodicho funcionario, para la protección del patrimonio industrial representado por los antiguos depósitos de Campsa del Tossal, lo que motivó expresiones del concejal de cultura Pedro Romero, de similar sal gruesa a las anteriormente mencionadas de la primera autoridad local, en las que se espetaba: «Eso no es una petición, porque eso se hace cuarenta años antes, no quince días después de saber que va a pasar por aquí o por allá el tranvía». Simplemente conmovedor.
Por consiguiente, y a modo de corolario, tales encontronazos dialécticos traslucen un imposible conflicto entre políticos y funcionarios en el que aquéllos si encuentran informes desfavorables para alcanzar sus fines no actúan modificando aquellos aspectos que contradigan los informes, sino que modifican la norma, invirtiendo, así, el concepto de tolerancia de Locke. De esta forma, la eficiencia de las administraciones brilla por su ausencia y la arqueología urbana parece no regirse con normalidad siquiera por las directrices emanadas de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (Ley 4/98), amenazada ahora de nuevas modificaciones conservadoras, sino por la condescendencia de los próceres con mando en plaza, que hacen suyo el viejo aforismo de Paul Valéry: «Tolerancia ¡hay casas para eso!».
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